Vázquez le pidió a sus ministros que no hablen sobre la reforma de la caja militar

El presidente le hizo la solicitud a las tres carteras involucradas en el asunto
La intención del gobierno de reformar el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas provocó tensión en la relación entre el Ejecutivo y los militares, así como algunas diferencias en la interna del gabinete presidencial y del Frente Amplio.

La polémica iniciativa que habrá de llegar pronto al Parlamento, le quita al personal de las Fuerzas Armadas una serie de beneficios que hasta ahora mantenían al momento de su retiro.
Ante el inminente desembarco del proyecto de ley en el Palacio Legislativo y consciente de las pasiones que ya despertó este tema, el presidente le solicitó hace algunas semanas a las jerarquías de los ministerios involucrados en el asunto -Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Defensa- que no se manifestaran públicamente sobre el asunto, dijeron a El Observador fuentes oficiales.

El encargado de informar la solicitud presidencial -que se transformó en una orden- a los comandantes en jefe de las tres fuerzas fue el ministro de Defensa, Jorge Menéndez. Sin embargo, antes de la orden, no había sido precisamente los militares quienes salieron a hablar del tema.

A principios de abril, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, volvió a marcar la necesidad de aprobar la reforma este año. "Son US$ 470 millones que todos los años hay que brindar a la caja. Es dinero que no podemos destinarle a la educación, a la salud. Hay que disminuir esto y se disminuye realizando una profunda reforma. Tenemos que hacerla este año", dijo el ministro a Subrayado (Canal 10). Vázquez había anunciado en una entrevista en el programa "En la Mira" (VTV) emitida el 20 de abril que la reforma llegará a la brevedad al Parlamento.

Astori es el principal impulsor de la iniciativa que pretende que los cambios entren en vigencia para todos los militares en actividad, en contraposición a lo que postula, por ejemplo, el Movimiento de Participación Popular (MPP) que quiere que rija para aquellos ingresen a las FFAA tras la reforma.
A principios de diciembre pasado Astori había alertado que el funcionamiento actual de la caja militar era "insostenible".

En enero, Astori insistió además en la necesidad de que el Parlamento apruebe un proyecto de ley que disponga la aplicación de un impuesto a los retiros y pensiones militares mayores a $100 mil pesos. Sin embargo, la iniciativa no tiene los votos para ser aprobada ya que es considerada como inconstitucional por parte de legisladores del oficialismo y de la oposición.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, prácticamente no habló del tema en forma pública. Su última salida fue el 20 de abril para reiterar que el gobierno enviaría el proyecto de ley al Parlamento a la brevedad. Tan pocas como las apariciones de Murro fueron las del ministro Menéndez.
Los comandantes de las FFAA no se expresan públicamente sobre los planes del gobierno desde el año pasado y su defensa ha recaído en los retirados militares, quienes realizan un seguimiento continuo de las peripecias del proyecto reformista.

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