Este martes el presidente Tabaré Vázquez mantuvo una reunión de trabajo en la residencia Suárez con sus ministros para avanzar en el proyecto de instalación de la nueva planta de celulosa de la compañía UPM, la tercera que se instalará en Uruguay en caso de que se concrete.
Según informó en conferencia de prensa el prosecretario de Presidencia , Juan Andrés Roballo, se realizarán una serie de reuniones bilaterales con representantes de UPM para afinar el proyecto de inversión en el país de la empresa con sede central en Finlandia.
En este primer encuentro estuvieron presentes el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, los ministros Víctor Rossi (Transporte y Obras Públicas), Ernesto Murro (Trabajo y Seguridad Social), Carolina Cosse (Industria, Energía y Minería), Eneida de León (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), Danilo Astori (Economía) y Tabaré Aguerre (Ganadería, Agricultura y Pesca).
Roballo, que no respondió preguntas de la prensa, indicó que en las próximas reuniones se atenderá "cada área en particular" abordando el proyecto de "forma transversal e integral".
Según informó El Observador a mediados de julio, el gobierno también realizará junto a los representantes de UPM estudios de localización para determinar el lugar más propicio para instalar una nueva planta procesadora de celulosa.
La fuente consultada dijo que no parecería ser que UPM fuera a determinar la localización de la planta sin escuchar al gobierno y sin analizar exactamente los impactos que pueda tener.
La obra implicará una inversión de US$ 4 mil millones por parte de UPM y unos US$ 1.000 millones del Estado uruguayo.
Vázquez anunció en su momento que entre cargos directos e indirectos, se generarán 8 mil puestos de trabajo con esta tercera planta de celulosa del país.
Uno de los elementos acordados por el gobierno con la empresa son las obras de infraestructura que UPM puso como condición. Según Vázquez, los elementos de infraestructura son tres: construcción y reparación vial, obras ferroviarias y reacondicionamiento del puerto. Las obras viales implicarán que el Estado tenga que reparar unos 220 kilómetros de rutas, entre caminos rurales y nacionales.
El gobierno aspira a que gran parte de los US$ 1.000 millones que tendrá que poner el Estado uruguayo sean a través de inversiones privadas, tanto nacionales como internacionales.
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