Economía y Empresas > INFLACIÓN
Ven poco factible probar abusos de privados en fijación de precios
Comisión de la Competencia espera por la lista de productos que analizará a pedido de Astori
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05 de marzo de 2016 a las 05:00
El equipo económico volvió a reflotar esta semana la revisión en los mecanismos de fijación de precios en los rubros de alimentos y bebidas tras ajustes "sorpresivos" de algunos ítems que componen la canasta de consumo que releva el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para medir la evolución de los precios. El ministro de Economía, Danilo Astori, anunció una investigación en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano desconcentrado que está bajo la órbita de ese ministerio, para determinar si hay "abusos" de posición dominante en algunos rubros alimenticios.
Los expertos tienen dudas sobre el peso de esa variable en la aceleración de las presiones inflacionarias actuales, mientras que los industriales están dispuestos a que se investigue.
En diálogo con El Observador, el investigador del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y experto en temas de competencia, Leandro Zipitría, comentó que sobre el tema hay "dos discusiones" diferentes: una es si hay un vínculo entre la supuesta posición dominante y la inflación. "Eso lo veo difícil, la literatura económica no lo ha planteado, y hay otros factores antes que pueden explicarlo (alza importante del dólar, no baja de combustibles, Consejos de Salarios, riesgo real de que el gobierno pida otro congelamiento de precios, entre otros)", apuntó.
Como segundo punto dijo que debe determinarse si hay posición dominante en los sectores de alimentos. "Esa es más factible. Hay muchos mercados muy concentrados (agua, cerveza, refrescos, mayonesa, yerba, entre otros), y además hubo concentración en el sector de supermercados. Ello lleva a pensar que podría haber posición dominante en los mercados. Que haya un abuso de ella (por la posición dominante) es más difícil de predecir, o que haya colusión", indicó.
En tanto, un empresario vinculado el rubro alimenticio –que prefirió el anonimato– indicó que está "a favor de que el gobierno inicie una investigación si tiene indicios sobre posibles prácticas anticompetitivas". Dijo que en varios de los artículos que aumentaron por encima de la inflación en su rubro en el último año, estuvo el impacto de la fuerte suba del tipo de cambio. Según un relevamiento de la Unidad de Análisis Económico de El Observador, durante el último año, prácticamente la mitad (57) de los 120 artículos que recaba el INE en alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron por encima de la inflación (10,2%) (ver gráfica).
Por otro lado, el industrial indicó que la Dirección de Asuntos Económicos de la CIU viene realizando desde hace un año un seguimiento a los precios que fijan las grandes superficies para velar por el acatamiento a los acuerdos de precios que en su momento se definieron con el Ejecutivo.
El abogado y experto en temas de competencia de Guyer & Regules, Juan Manuel Mercant, puso en tela de juicio la pertinencia de la medida que anunció Astori. "La inflación es un aumento sostenido de todos los precios, no de algunos", recordó. Además, dijo que la ley de Defensa de la Competencia "no está pensada para el control de precios. Está pensada para prohibir carteles o abusos de posición dominante", afirmó. A su juicio, para definir la posición dominante en la ley implica que un "agente se puede comportar con total independencia en su política de precios, porque sabe que los consumidores le van a seguir comprando. No es el caso de este mercado. Es competitivo y abierto", aseguró Mercant.
Además, recordó que Uruguay no pone barreras para la importación. "Me parece un error utilizar la Comisión de la Competencia como controlador de precios", sostuvo. Además, indicó como agravante que el mensaje provenga del "jerarca máximo" de ese organismo, en alusión de Astori.
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia está esperando que el Ministerio de Economía le envíe el listado de productos alimenticios y bebidas donde sospecha que puede darse un abuso de posición dominante para la fijación de precios, informó a El Observador el comisionado de dicho organismo, Javier Gomensoro.
El mecanismo que anunció el gobierno cae dentro de las actuaciones de oficio que suele realizar el organismo por una nota periodística o pedido de alguna autoridad de gobierno. Gomensoro recordó un caso similar cuando el exministro de Trabajo, Eduardo Brenta, pidió en abril de 2014 que se realizara una actuación por los márgenes abultados de ganancia que, a su juicio, obtenían determinados productos importados de mayonesa, pasta dental, enjuague bucal, jabón, detergente líquido para ropa y analgésicos. Según ese trabajo de la comisión, no hubo ninguna ilegalidad en los seis mercados analizados. "Lo que hay es libertad en la fijación de precios", había explicado Gomensoro.
En cuanto a la fijación de precios de manera abusiva, hay dos escenarios posibles: uno, cuando hay una alta concentración del mercado o directamente es monopólico, por lo que no hay sustituibilidad del producto y las empresas, al aplicar el precio, tienen en cuenta que la gente no puede dirigirse a otro proveedor para comprar el mismo elemento. El segundo escenario aparece cuando existe colusión, es decir, un acuerdo entre empresas para la fijación de precios no razonables.
Gomensoro indicó que ahora la tarea es identificar los productos que registraron "subas exponenciales" para ver su mercado, la evolución de la oferta y la demanda, para encontrar evidencia de prácticas anticompetitivas.
Los expertos tienen dudas sobre el peso de esa variable en la aceleración de las presiones inflacionarias actuales, mientras que los industriales están dispuestos a que se investigue.
En diálogo con El Observador, el investigador del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y experto en temas de competencia, Leandro Zipitría, comentó que sobre el tema hay "dos discusiones" diferentes: una es si hay un vínculo entre la supuesta posición dominante y la inflación. "Eso lo veo difícil, la literatura económica no lo ha planteado, y hay otros factores antes que pueden explicarlo (alza importante del dólar, no baja de combustibles, Consejos de Salarios, riesgo real de que el gobierno pida otro congelamiento de precios, entre otros)", apuntó.
Como segundo punto dijo que debe determinarse si hay posición dominante en los sectores de alimentos. "Esa es más factible. Hay muchos mercados muy concentrados (agua, cerveza, refrescos, mayonesa, yerba, entre otros), y además hubo concentración en el sector de supermercados. Ello lleva a pensar que podría haber posición dominante en los mercados. Que haya un abuso de ella (por la posición dominante) es más difícil de predecir, o que haya colusión", indicó.
En tanto, un empresario vinculado el rubro alimenticio –que prefirió el anonimato– indicó que está "a favor de que el gobierno inicie una investigación si tiene indicios sobre posibles prácticas anticompetitivas". Dijo que en varios de los artículos que aumentaron por encima de la inflación en su rubro en el último año, estuvo el impacto de la fuerte suba del tipo de cambio. Según un relevamiento de la Unidad de Análisis Económico de El Observador, durante el último año, prácticamente la mitad (57) de los 120 artículos que recaba el INE en alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron por encima de la inflación (10,2%) (ver gráfica).
Por otro lado, el industrial indicó que la Dirección de Asuntos Económicos de la CIU viene realizando desde hace un año un seguimiento a los precios que fijan las grandes superficies para velar por el acatamiento a los acuerdos de precios que en su momento se definieron con el Ejecutivo.
El abogado y experto en temas de competencia de Guyer & Regules, Juan Manuel Mercant, puso en tela de juicio la pertinencia de la medida que anunció Astori. "La inflación es un aumento sostenido de todos los precios, no de algunos", recordó. Además, dijo que la ley de Defensa de la Competencia "no está pensada para el control de precios. Está pensada para prohibir carteles o abusos de posición dominante", afirmó. A su juicio, para definir la posición dominante en la ley implica que un "agente se puede comportar con total independencia en su política de precios, porque sabe que los consumidores le van a seguir comprando. No es el caso de este mercado. Es competitivo y abierto", aseguró Mercant.
Además, recordó que Uruguay no pone barreras para la importación. "Me parece un error utilizar la Comisión de la Competencia como controlador de precios", sostuvo. Además, indicó como agravante que el mensaje provenga del "jerarca máximo" de ese organismo, en alusión de Astori.
Cómo sigue
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia está esperando que el Ministerio de Economía le envíe el listado de productos alimenticios y bebidas donde sospecha que puede darse un abuso de posición dominante para la fijación de precios, informó a El Observador el comisionado de dicho organismo, Javier Gomensoro.
El mecanismo que anunció el gobierno cae dentro de las actuaciones de oficio que suele realizar el organismo por una nota periodística o pedido de alguna autoridad de gobierno. Gomensoro recordó un caso similar cuando el exministro de Trabajo, Eduardo Brenta, pidió en abril de 2014 que se realizara una actuación por los márgenes abultados de ganancia que, a su juicio, obtenían determinados productos importados de mayonesa, pasta dental, enjuague bucal, jabón, detergente líquido para ropa y analgésicos. Según ese trabajo de la comisión, no hubo ninguna ilegalidad en los seis mercados analizados. "Lo que hay es libertad en la fijación de precios", había explicado Gomensoro.
En cuanto a la fijación de precios de manera abusiva, hay dos escenarios posibles: uno, cuando hay una alta concentración del mercado o directamente es monopólico, por lo que no hay sustituibilidad del producto y las empresas, al aplicar el precio, tienen en cuenta que la gente no puede dirigirse a otro proveedor para comprar el mismo elemento. El segundo escenario aparece cuando existe colusión, es decir, un acuerdo entre empresas para la fijación de precios no razonables.
Gomensoro indicó que ahora la tarea es identificar los productos que registraron "subas exponenciales" para ver su mercado, la evolución de la oferta y la demanda, para encontrar evidencia de prácticas anticompetitivas.
