Virgen en la rambla reaviva viejo debate sobre laicidad en el Frente

La resolución se demoró en la intendencia por la negativa de directores
Luego de que la Intendencia de Montevideo se manifestara a favor de instalar una escultura de la virgen María en la rambla de Montevideo, el debate sobre la laicidad y las imágenes religiosas en el espacio público se puso sobre la mesa y varios ediles del Frente Amplio no ven la iniciativa con agrado.

El pedido de colocación de una imagen de la virgen María fue realizado por el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, que la comuna consideró "viable" y autorizó entonces la construcción de una escultura de hasta 3,80 metros. Consultada por El Observador acerca de porqué se decidió aprobar el proyecto, la directora de Acondicionamiento Urbano, Silvana Pissano, afirmó que aunque personalmente considera que la Iglesia Católica ya está representada a través de la cruz en Tres
Cruces, "la intendencia no tiene el monopolio de la construcción de la ciudad".

"Es una arena en que se miden distintas fuerzas, donde entra absolutamente todo", dijo la jerarca.

Para que la instalación sea aprobada por la Junta de Montevideo se necesita de una mayoría especial de 21 ediles. Si bien desde la Concertación manifestaron a El Observador que se alcanzarían los votos, en todas las bancadas hay posiciones dispares.

Por su parte, ediles del Frente Amplio consultados por El Observador afirmaron estar en contra de la colocación de otra imagen de la religión católica en la ciudad. Afirmaron sin embargo que dentro del partido las posturas son diversas, por lo que se aprontan a discutir el tema y dar una visión conjunta.

La edila Mariana Felártigas dijo a El Observador que el tema está en discusión en su sector
–Casa Grande– desde fines de enero, cuando uno de los consejales del municipio CH (Buceo, Pocitos, Punta Carretas) manifestó su preocupación por la instalación del monumento. Desde ese sector la posición es negativa. La colocación de imágenes religiosas "no colabora" con el respeto a los espacios públicos, afirmó la edila, por lo que se "debe poner un alto".

"Hay diferentes opiniones o consideraciones porque si bien es verdad que existen otros monumentos de este tipo, ya también la Iglesia Católica tiene la cruz y el papa (la escultura de Juan Pablo II) y es un momento para darnos un debate sobre la laicidad y los espacios públicos", afirmó Felártigas.

"La intendencia no tiene el monopolio de la construcción de la ciudad", dijo la directora de Acondicionamiento Urbano

Por su parte, el edil por el Partido Socialista, Sebastián Valdez dijo a El Observador que tiene "serias dudas de que tenga que hacerse".

"En un país laico debería respetarse cualquier tipo de credo y tendríamos que colocar en cualquier lugar público algo que represente a todas las creencias que tenemos, lo cual sería imposible", señaló.

La edila de Asamblea Uruguay, Graciela Villar, también se manifestó contraria a colocar una imagen de la virgen María. "Somos un país laico y por lo tanto los espacios publicos deben estar libres de las imágenes religiosas", afirmó Villar y se refirió a que si bien existe la libertad de culto, otra cosa es "imponer a toda la sociedad imágenes que responden a un determinado sector".

Desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) se abstuvieron de dar posturas personales y prefirieron esperar al debate en la bancada para expresar una visión como sector.

En el Partido Nacional también ha diferencias y si bien el edil Javier Barrios afirmó estar de acuerdo, la edila Cristina Ruffo, manifestó que iría en contra de la laicidad, aunque seguirá lo que decida la mayoría.

Con una posición dividida en el FA, durante la sesión de la comisión que estudia el presupuesto, el secretario de la comuna, Fernando Noptisch realizó un relevamiento de las diferentes posiciones. Según el edil por el Partido de la Concertación Hermann Kruse, a partir de ese relevamiento, el proyecto con unos 24 o 25 votos.

Según dijeron a El Observador fuentes de la comuna, dentro de la intendencia también hubo directores que se manifestaron en contra y la resolución de enviar el proyecto de decreto a la Junta estuvo demorada por un mes debido a que el prosecretario de la intendencia, Christian Di Candia, se negó a firmar la solicitud.

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