La Federación de Cooperativas de Viviendas Sindicales (Fecovisi) entregará esta semana una carta al presidente Tabaré Vázquez detallando "las constantes trabas y medidas tomadas por el
Ministerio de Vivienda", que –según los cooperativistas– "atentan contra la
vivienda de los trabajadores".
Los trabajadores entienden que "ya es tiempo de salir a defender su derecho y a no dejarse intimar por la denuncias a privados surgidas al principio del proyecto y que generó mala imagen a la vivienda sindical".
Fecovisi pretende informar a Vázquez acerca de "distintos intereses económicos y personales" que pueden desmantelar "el único sistema posible para que un trabajador de bajos ingresos acceda a su vivienda".
El sindicato denuncia que "no ha existido un camino franco para poner en práctica los sistemas constructivos nuevos" y que, por el contrario, "han existido trabas". Desde el 2011, agregan, se ha solicitado a las autoridades una respuesta a la problemática de las localidades sin saneamiento, pero no ha existido una política de vivienda que resuelva esta problemática.
Las dificultades son mayores para las familias que viven en ciudades del interior donde no hay saneamiento; allí el trámite del préstamo es más largo. "Entendemos que por lo menos ha existido desidia en este sentido", denuncia el sindicato.
"Mientras que ningún trabajador puede acceder a la famosa vivienda social, sí hay exoneraciones de impuestos para los inversores¨, reprochó Juan del Valle, presidente de Fecovisi. ¨Vamos a plantearle al presidente Vázquez, que necesitamos soluciones y tranquilidad para las familias que están en este proyecto para acceder a una vivienda de calidad y a bajo costo, sueño de miles de uruguayos¨, agregó.
Contra el Ministerio de Vivienda (Mvotma)
Fecovisi también insiste en su denuncia de una presunta intención por parte del Mvotma de "suspender al instituto que en estos últimos seis años ha trabajado para realizar y ejecutar las viviendas de las
cooperativas".
El sindicato afirma que "desde julio del año pasado no se están pagando los honorarios correspondientes a los proyectos realizados por el grupo técnico", que incluye más de cien personas, entre arquitectos, trabajadores sociales, contadores, escribano e ingenieros. Esa falta de pagos, agregan, afecta a 16 proyectos y a más de 600 familias de trabajadores, impedidos de comenzar sus viviendas.