Construcción

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Viviendas para la clase media

El espectacular despegue de la construcción de viviendas para familias de ingresos medios evidencia las ventajas de la economía de mercado
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22 de abril de 2013 a las 15:25

El espectacular despegue de la construcción de viviendas para familias de ingresos medios evidencia las ventajas de la economía de mercado. Aunque este concepto todavía crispa a los sectores conservadores del Frente Amplio, la administración Mujica, con respaldo del resto del sistema político, tuvo el buen tino de aprobar en 2011 una ley que le abarata a inversores y empresas privadas la construcción de esas viviendas mediante exoneraciones tributarias y le reduce exigencias a los eventuales compradores. En poco más de un año y percibiendo las necesidades y oportunidades del mercado, 158 proyectos privados generaron la construcción de 5.166 viviendas para uruguayos en una franja media de ingresos. Dirigentes conspicuos del sector privado de la construcción –como el consultor Julio Villamide y Aníbal Durán, quien dirige la gremial de constructores– han destacado el profundo impacto de la ley en un viejo problema urbano, centrado en Montevideo.

Los sectores de ingresos altos no tienen problemas en comprar directamente sus viviendas. Las familias en condiciones de pobreza extrema son ayudadas por el Plan Juntos del presidente José Mujica, con subsidios estatales para el acceso a viviendas modestas. Pero al sector de clase media, con ingresos familiares de entre $ 22.500 y $ 48.000 mensuales, y que abarca a la mayoría de la población, se le complicaba el sueño de la casa propia por los requisitos de ahorro previo. Pero todo está cambiando desde la vigencia de la ley de promoción de viviendas de “interés social”, que administra la estatal Agencia Nacional de Vivienda.

Por un lado, y entre otros requisitos aligerados, se ha reducido al 10% del valor de la vivienda el ahorro previo que se exigía a los interesados, porcentaje que contrasta con el que exigen los bancos, de hasta 30%. Por otro, la ley introdujo exoneraciones que bajan 17% los tributos que conllevan los costos de construcción fuera de las zonas costeras. El resultado ha sido que empresas privadas de países de la región, Estados Unidos y Europa están invirtiendo en soluciones habitacionales en zonas como la Ciudad Vieja, Centro, Cordón y otros barrios capitalinos. Estas construcciones no solo ayudan a mucha gente a convertirse en propietarios en vez de tener que pagar un alquiler por falta de capital para acceder a la vivienda propia. Ayudarán también a cambiarle la cara a barrios degradados y alicaídos de Montevideo.

La única señal adversa ha sido el anuncio de inversores sobre los crecientes costos salariales en la construcción. Han señalado que estos costos pueden impedir que la reducción tributaria del 17% que habilita la ley sea trasladada al precio final que pagan los compradores, advertencia a tener en cuenta en las venidera ronda de Consejos de Salarios. Pero al margen de este eventual problema, es pertinente destacar la triple trascendencia de la aplicación de la nueva ley. Soluciona dificultades para ser propietarios a quienes no tienen ingresos altos. Ayudará a mejorar zonas de Montevideo que han perdido atractivo. Y se ha convertido en una prueba irrebatible de la conveniencia de la inversión privada en estrecha asociación con el Estado, cuando el sistema político crea las condiciones adecuadas de acuerdo a las necesidades del mercado. l

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