Y en el mismo lodo, todos abrazados

La crítica a José Mujica por su mensaje de 2012 de priorizar lo político sobre lo jurídico, tenía patas cortas. La tentación a saltearse una norma es tan grande, que varios gobernantes han expuesto esa conducta con absoluta facundia.

¿Qué hacer cuando la Constitución tiene una restricción que complica la gestión de gobierno? ¿Cumplir a rajatabla, hacer de cuenta que no hay barrera, o buscar un "atajo"?

Las respuestas que salieron a la luz esta semana fueron decepcionantes: intendencias dirigidas por blancos, o sea del partido que nació con la divisa de "Defensores de las Leyes", han esgrimido argumentos como que cumplir la restricción constitucional "no tiene sentido" (Colonia), y que hacer algo que implica violar la Carta "es lo que corresponde" (Cerro Largo).

Otra intendencia del interior pero conducida por frenteamplistas, o sea de la coalición que reivindicó el "dentro de la Constitución todo, y fuera de la Constitución nada", expresa alegremente que todos los años hacen una especie de "vuelta carnero" sobre la disposición constitucional (Canelones). Y además, que esa violación la ponen como regla en un decreto departamental; como si eso tuviera valor sobre la Constitución.

Y para muchos es un tema menor, lo que es más preocupante. El caso se desató con el anuncio de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) sobre el resultado financiero del 2016, con superávit de unos 39,5 millones de dólares, y que gran parte de ese dinero (81%) se iba a utilizar para realizar obras (saneamiento, vialidad y espacios públicos, con la red Arteaga y la de Piedras Blancas; pavimentación de varías vías, y transformar o reacondicionar Villa Dolores, Parque Rodó, varias plazas y Parque Rivera entre otros).

Todo es muy necesario.Pero la advertencia que hizo el diputado nacionalista Gustavo Penedés fue sobre lo que dice el artículo 302 de la Constitución: "Todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales.

En espíritu y letra, ese artículo puesto en la Constitución de 1934, parcialmente corregido en las siguientes, es clarísimo.

El constitucionalista y dirigente histórico del Partido Socialista, José Korzeniak, lo explicó en un libro reciente: "El sentido de esta norma es muy claro. Cuando un Gobierno Departamental tiene 'superávit', que lo destine primero a 'pagar sus deudas y luego sí, a obras e inversiones'.

La Constitución trata de evitar que los gobernantes departamentales con fines de demagogia electoral quieran mostrar 'muchas obras', sin pagar las deudas" (La Constitución explicada: y un poco de humor; 2007).

Ahora ha querido interpretar eso, pero lo escrito cuando eso no implicaba riesgo de perjudicar a su partido, tiene el valor de la palabra.

Las primeras salidas públicas de la IMM fueron con interpretación del alcance de deuda "extraordinaria" y "programada", y de cuestiones por el estilo.

Una pena que un profesional serio y reconocido por capacidad y honestidad, como Juan Voelker, haya quedado como vocero de la explicación política que cae en lo ridículo, cuando era más fácil pedir un informe al Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República y tener un respaldo jurídico para las decisiones.

Aparentemente la IMM estaba este viernes en esa búsqueda, que debió ser lo primero, antes de exponer a su Director de Recursos Financieros.

Pero al menos, habrá un informe jurídico que marque el camino político a seguir. Lo valioso sería hacerlo bien en serio.

Qué hacer si hay superávit? El apego a la Constitución indica el camino al gobernante: si hay balance con superávit y existen deudas –aunque sus pagos esté programados para más adelante– debe intentar seriamente en amortizar por el monto equivalente al saldo positivo.

La norma puede ser criticable, porque según la modalidad de la deuda, amortizar (cancelar en forma anticipada) puede no ser fácil en la práctica y por lo tanto, impone algo que no es fácil de cumplir. Pero eso no significa que como sea difícil no se intente.

Como dice Korzeniak (el Korzeniak que escribe textos académicos y no el Korzeniak que ayuda a camaradas), ese artículo se creó como barrera a la demagogia.

El gobernante tiene un mandato político que está vinculado a sus promesas electorales, las que debe cumplir en un acotado plazo, en determinadas condiciones y con ciertas restricciones.

Las promesas hablan mucho de ese dirigente político, porque si la distancia entre lo que anunció que iba a hacer y la posibilidad de cumplir con ello, es muy grande, eso indica una dosis atendible de demagogia.

El plazo es más corto del que marca el calendario, porque está la fase de presupuesto al inicio y la campaña electoral para siguiente período al final.

Las condiciones están determinadas por las normas, sea Constitución, leyes, decretos del Ejecutivo y decretos departamentales.

Las restricciones son políticas y dependen de la base partidaria del Ejecutivo, nacional o departamental, así como también a reacciones de grupos de interés o de la sociedad en general.

La senadora frentista Constanza Moreira expresó su pensamiento con una pregunta: "¿Qué mejor que usar un superávit para obras?". La respuesta es que lo mejor es cumplir las normas, porque las reglas de juego constitucionales y legislativas, son las garantías para la gente, y para la relación entre actores políticos y sociales.

Otros frentistas se han descansado en que "los blancos también lo hacen", y así, unos y otros con desprecio a la Constitución, quedan "revolcaos en un merengue, y en el mismo lodo todos manoseaos", como el tango de Enrique Santos Discepolo.

Ahora, la IMM tiene la gran oportunidad de dar el ejemplo: cumplir con la Constitución en serio, y a la vez hacer obras dentro de la ley, pero sin salpicarse con un barro que huele feo.