Hace unos días la senadora Constanza Moreira dijo que dentro del tema inseguridad, la violencia de género era un asunto prioritario, una afirmación que es un exceso, considerada tanto desde el punto de vista cuantitativo (16 muertes por razones de género en un total de 250 homicidios) como cualitativo.
De la misma manera es una desviación pensar que las cuestiones de género son las que más inciden a la hora de enfocar en las razones que llevan a determinados ciudadanos a verse limitados en el acceso a sus derechos.
La principal injusticia que impide a miles de uruguayos hacer pleno uso de sus derechos –incluso los más básicos- no es el género sino la condición social. Es más fácil que una mujer de clase media o media alta acceda al Parlamento a que lo haga un hombre pobre, ni que hablar una mujer pobre.
Cuestionar leyes que presuntamente faciliten el ingreso de mujeres al Parlamento (para que se hagan efectivas se necesitan otros aditamentos, entre ellos que haya mujeres dispuestas a dedicarse a la política) no implica no admitir que existen diversos obstáculos específicos que afectan el camino femenino hacia este derecho de carácter político. Pero el debate de la ley de cuota puede ser una ocasión para abrir la mirada y advertir que hay amplísimos sectores de la población (obviamente en los que las mujeres están incluidas) que ven afectados sus derechos por asuntos que nada tienen que ver con el género. Hay pocas mujeres en el Parlamento, sí. Pero hombres (y mujeres) pobres, ninguno.
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