"Durante años la izquierda ha tenido un discurso monocorde que explicaba la criminalidad y el delito por los factores sociales y económicos (que generaron determinadas políticas). Hoy esta explicación, que tiene un muy fuerte componente explicativo, en la visión integral aparece como insuficiente”, dice el documento con el que esta semana el gobierno acompañó los anuncios de medidas de seguridad.

La izquierda dejó parcialmente atrás ese concepto, pero ahora parece que  se aferró a uno nuevo: “No es casual que una parte significativa de este problema (violencia y delincuencia) esté asociada a niños y adolescentes nacidos en los años 90 y posteriormente a la crisis del 2002”.

Los años 90 con su fulgor de consumo para las clases medias y altas habrá jugado su papel en lo que pasa hoy, pero algunos miembros del gobierno, sobre todos los que participaron en la guerrilla, parecen olvidar aquellas acciones en las que se secuestraban camiones de Manzanares para ir a repartir alimentos a los cantegriles. Corría la década del 60 y los tupamaros se alzaron en armas, entre otras cosas, porque los márgenes de la ciudad se llenaban de rancheríos. Y ahora, en un nuevo siglo, ¿emergen con el discurso de que todo empezó en los 90?

A mediados de los 90 se produjeron los motines más violentos en el Consejo del Niño, luego llamado Instituto Nacional del Menor. La Policía entró una vez a sangre y fuego al hogar de Miguelete, violó con palos a varios internos, les hizo comer papel, les reventó granadas de gas en el cuerpo.

Ya que clama por buenas noticias, el gobierno podría exhibir hoy a una Policía mucho más profesional y respetuosa de la vida, pero en vez de eso prefiere acusar a los neoliberales de los 90. Parece que desconoce quienes eran el Pelado Roldán, el Chino Pato, el Negro Sol o el Chino Palacios, algunos de los más famosos menores infractores que alimentaban la crónica roja en los 90. ¿Eran menos que hoy?, obvio, porque entonces había menos de 3 mil rapiñas y hoy hay 12 mil.

Cuando los que rapiñen sean jóvenes nacidos durante los gobiernos frenteamplistas, ¿qué dirán?

Este tipo de definiciones abarcativas que vincula cuestiones ideológicas como la crítica al neoliberalismo con comportamientos humanos de una enorme complejidad, seguirán siendo reduccionistas. La izquierda dejó atrás un prejuicio con eso de la pobreza y la delincuencia, pero está demostrando, por si era necesario demostrarlo, que un prejuicio siempre se puede cambiar por otro. (gpereyra@observador.com.uy / Twitter: @gabrielHpereyra)

El papel del gobierno en el caso del dragado del canal Martín García fue tan lamentable, su debilidad ante las demoras de Argentina tan vergonzosa y su decisión de ocultar el intento de coima a un diplomático uruguayo tan patética, que hubo un aspecto que quedó muy en segundo plano: ¿qué papel jugó la oposición en el largo proceso en que fueron ocurriendo todos estos desaguisados oficialistas?

Los escasos representantes que la oposición tiene en los organismos públicos no están allí, uno espera, para usar los autos oficiales y cobrar un sueldo del erario público, sino para ayudar a gobernar y, por sobre todo, para controlar a la mayoría oficialista en esas entidades estatales. Ese es el papel de las minorías y es el principal argumento que las minorías esgrimen cuando le reclaman a la mayoría lugares en los cargos públicos.

Antes, durante y después del llamado a sala al canciller Luis Almagro, dirigentes opositores cuestionaron la debilidad exhibida por Uruguay ante lo que eran evidentes maniobras dilatorias de los delegados argentinos en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) en lo referido al dragado del canal Martín García.

Sin embargo, esos dirigentes debieron saber (y por la información disponible todo indica que sí sabían) desde hace tiempo lo que viene ocurriendo en la CARP. ¿Y por qué lo sabían? Porque entre los cinco delegados uruguayos en esa comisión binacional hay uno que representa al Partido Nacional (Juan Gabito) y otro que está en nombre del Partido Colorado (Luis Anastasía).

Acerca de la débil y errática política diplomática uruguaya para con la actitud argentina, vaya un ejemplo: Uruguay había encargado un estudio para saber cuánto debía pagarle a la firma Riovia al renovarle el contrato para que siguiera realizando el mantenimiento del dragado del canal, y dio como resultado US$ 13 millones. Haciendo oídos sordos a lo que decía la CARP, el vicecanciller Roberto Conde mantuvo una reunión con el subsecretario de Puertos y Vías Navegables argentino, Luis Luján (el funcionario que más poder tiene en la estrategia argentina sobre el canal), y tras la reunión surgió que se le iban a pagar US$ 15 millones a Riovia.

Cuando la Cancillería asumió esta extraña actitud, la opinión pública no lo supo, y no lo supo porque el gobierno lo ocultó y porque ninguno de los dos representantes de la oposición asumió su papel de informar lo que estaba ocurriendo. ¿O sí lo hicieron ante las autoridades de los partidos a los que representan en la CARP y la omisión fue de los líderes blancos y colorados?

Si la omisión fue de los líderes partidarios entonces parecería que administraron esa delicada información hasta que les convino.

Pero además de esa estrategia uruguaya con Argentina a la que la oposición se opone, estuvo el affaire del intento de coima denunciado por el presidente de la CARP, Francisco Bustillo. El gobierno lo ocultó cuando se enteró y lo siguió negando de manera vergonzosa cuando ya el asunto había tomado estado público.

Ahora, ¿qué hicieron en su momento los delegados blancos y colorados de la CARP cuando se enteraron del asunto? Cuando esto le pasó a Bustillo, el diplomático no solo informó a la Cancillería sino también a sus compañeros en la CARP. ¿Qué hicieron con esa información los hombres de la minoría que están designados allí precisamente para controlar que situaciones como estas no ocurran y si ocurren denunciarlas? ¿Decidieron ocultarla en línea con lo que hizo el gobierno o se la informaron a las autoridades partidarias?

Si no se la informaron a los líderes de la oposición, estos deberían cuestionarse si los representantes que tienen en un organismo tan sensible como la CARP son los adecuados. Ahora, si estos sí informaron, entonces los que guardaron silencio, igual que hizo el gobierno, fueron las autoridades de los partidos Nacional y Colorado.

El delegado blanco y el colorado en la CARP supieron en todo momento de la estrategia uruguaya y de las presuntas irregularidades que ocurrían. Sin embargo, la ciudadanía se tuvo que enterar de lo que pasaba por la prensa.

Si tenemos un gobierno que ante situaciones como las que ocurrieron en la CARP opta por ocultar, y tenemos delegados y partidos de la minoría que actúan como actuaron en esta instancia, entonces estamos en un problema.

Hubo una época, no muy lejana, en que el discurso dominante, el políticamente correcto, lo que defendía la academia y por tanto la izquierda cuando se encaminaba al gobierno, decía que reduciendo la pobreza se lograrían cambios significativos en la seguridad. Y con esto se acicateaba doblemente al gobierno de turno, por sus carencias en lo social y las repercusiones que, presuntamente, eso generaba en la inseguridad. Hoy ese discurso desapareció del debate.

En parte por suerte, porque se revelaba inocente e incompleto. En parte una desgracia, porque obvia un asunto central en los problemas de seguridad.

Quienes lo enunciaban comprendieron la complejidad del tema de la inseguridad, su multicausalidad y el salto cualitativo que dio la delincuencia, enraizada en determinados sectores en carácter de “trabajo” y ejercida por profesionales del delito. No roban por pobres, roban por chorros, y la represión es un camino inevitable hasta para el más progresista de los gobiernos.

Eso es un hecho, pero también lo es que si bien no todos los pobres son delincuentes, casi todos los delincuentes son pobres. Solo hay que hurgar en la historia de los rapiñeros para confirmar que la mayoría fueron criados en zonas marginales, en barrios donde hace generaciones no conocen un trabajo formal, donde los niños son violentados de mil maneras, la peor de todas surgida de la ignorancia de las propias madres a la hora de cuidar al lactante. 

Estos días médicos de la policlínica de Casavalle contaron que hay madres adolescentes que dan de mamar drogadas a sus bebés, a los que luego le detectan rastros de cocaína en la orina. Mencionar estas cosas hoy vinculándolas con la inseguridad es ingresar en un debate complicado.

Quizás por eso quienes antes defendían la teoría de la pobreza como trampolín hacia la delincuencia hicieron lo que suelen hacer muchos conversos: se pasaron al bando contrario y son pocos los que ponen el debate en su justo término: los delincuentes no delinquen por hambre, pero es altamente probable que los diferentes componentes de la pobreza y la marginalidad los hayan llevado por ese camino. Es decir, no nacieron delincuentes pero sí nacieron en zonas que son cuna de delincuentes. 

Y dejémonos de embromar con que decir esto estigmatiza a esas zonas porque esas zonas no solo están estigmatizadas, están hundidas en el fango.  Si el miedo de la gente y el temor a perder votos de los gobernantes eliminan del debate a la pobreza como factor determinante en el origen de la delincuencia, entonces habremos dado otro paso en la acumulación de errores que nos trajeron hasta este punto en el cual estamos.

Pensar que la información policial que difunden los medios de comunicación es responsable de la inseguridad pública, es una tontería. Pensar que es la única responsable de la sensación de inseguridad que reina en mucha gente, un reduccionismo.

Lo que sí parece un hecho es que esa información no resulta inocua en los pujos y picos de presión que se notan en ciertos sectores cuando hay algún episodio resonante de inseguridad, sobre todo si se divulga a través de la TV, el medio de comunicación masivo por excelencia.

A veces por impotencia, a veces por ignorancia, los políticos critican a la información policial, pero en general golpean en la herradura y pocas veces en el clavo. Parece lógico, la información no es lo de ellos, aunque lejos de ocultar su ignorancia la exhiben todo el tiempo.

Cuestionar la cantidad de información policial que se divulga puede ser algo muy relativo si se tiene en cuenta que hay unos 400 delitos de todo tipo por día. Criticarla por excesiva expone a estos críticos al riego de que alguien alguna vez les diga: “Ok, ¿quieren poca información policial? Solo daremos un 5% del total”, y entonces habrá 20 noticias policiales por noticiero.

El problema no está en la cantidad sino en otro lado y sólo los medios pueden darse cuenta y asumir qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Las reacciones adversas que se generan en las redacciones cada vez que un político sale a meter presión con medidas que hacen pensar en la censura, no alientan a la autocrítica sino al corporativismo.

¿Qué significa?

A la hora de evaluar la información policial quizás haya que reescribir los manuales. Si noticia es todo aquello que resulta novedoso habrá que buscarle una explicación a por qué seguimos haciéndonos eco de los hurtos (considerados un delito menor) si hay 100 mil cada año, unos 300 por día. ¿Cuál es la novedad?

Lo que ocurre es que los medios tienen en esa área –policiales, seguridad- un periodista fijo buscando información. A veces, este sabueso encuentra material del “bueno”, delitos muy violentos, casos de sangre, un golpe grande. Pero a veces el cancerbero no se encuentra con nada grande y entonces echa mano a las cosas chicas, porque el espacio de policiales está, y hay que llenarlo.

En otros ámbitos de la vida pública también ocurren hechos todos los días -en la salud, en la enseñanza, en los centros comunales zonales- pero no siempre tiene por qué haber notas sobre eso. Sobre policiales, en algunos medios siempre tiene que haber.

Imaginemos que ponemos a un cronista fijo a seguir las escuelas. En vez de un cronista policial un cronista escolar. Entonces, en vez de hacer notas globales acerca de que un 12% de las clases se pierden por faltas docentes, tendríamos el detalle de que en tal escuela faltó un maestro y que en otra faltaron dos. ¿Nos vamos a enterar de todas las faltas de docentes cada día?, no, como tampoco nos enteramos de todos los 300 hurtos que hay en un día. Nos enteraríamos de faltas aisladas y las informaríamos así, sin más, porque aunque no quieran decir nada en sí mismas hemos dedicado un periodista a buscar allí, y al fin y al cabo algo consiguió. Y podríamos justificar su publicación porque las faltas docentes, como los hurtos, son un asunto de interés público.

Y, ¡ojo!, podríamos justificar el publicar sólo algunas faltas, no todas, al igual que los robos aislados que se informan cada día. Incluso si nos enteráramos de todas las faltas docentes, o de todos los robos, y cometiéramos el despropósito de informar sobre todas ellas y todos ellos, ¿qué querría decir esa información? ¿Qué hoy hubo más que ayer? ¿Qué fueron cualitativamente distintos? Es nuestra tarea darle significación a los hechos, entonces ¿qué significa ese glosario de hurtos que publicamos casi como avisos clasificados?

¿Suena absurdo contar cada día que un docente faltó en tal o cual escuela? ¿Por qué no es absurdo entonces contar que hubo un hurto en tal o cual barrio? Uno en 300, ¿cuál contamos?, ¿el mejor?, ¿el más destacado por algo? no, uno cualquiera, el que nos enteramos.

Nuestro relato de los asuntos de la seguridad pública es incompleto por un lado, pero detallista hasta lo absurdo por otro. Un árbol hoy –ni el más grande, ni el más interesante, ni el más nada- un árbol hoy, o dos árboles, y mañana otros dos árboles, cualquiera. Nunca, o casi nunca, el bosque. El lobo, siempre.

Por supuesto que se trata de mejorar los textos de la crónica roja en los que haya hombres y mujeres y no “masculinos” o “femeninos”, y pensar antes de escribir por qué los senadores van a sanatorios y tienen mujeres o esposas, mientras que los protagonistas de la crónica roja van a “nosocomios” y tienen “concubinas”. Pero lo importante no está solo en lo semántico. En todo caso, la calidad en el texto o el relato de cada una de esas informaciones revela el poco cuidado que en general se tiene al valorar ciertas cosas: se muestran caras, se tilda de homicidio o rapiña a casos que quizás no lo sean, y todo con una ligereza que no se suele aplicar, por ejemplo, en las páginas de información política. Y ni hablemos de la musiquita de fondo.

“Vergüenza”

Tras el crimen de La Pasiva, un cronista de canal 4 mencionó a los “presuntos implicados”, y desde estudios el conductor del informativo le preguntó a su colega si tenía “vergüenza” de llamar “asesinos” a los sospechosos. Si hubiese sido un político el denunciado, seguro no lo tildaban de estafador ni siquiera luego de que resultara condenado.

Pero en el mundillo de la crónica policial, ya no el mero procesamiento de una persona, sino su detención por parte de la Policía convierte al sospechoso en culpable. En estos días los canales de TV enfrentan un juicio por el caso de una niña que murió por causas naturales a pesar de lo cual sus padres fueron exhibidos en los noticieros donde los señalaron como violadores cuando no había un fallo judicial que los imputara.

En general, cuando la crónica roja viola derechos de la gente, las víctimas son pobres, ciudadanos que no tienen abogados a mano para defender su honor. El caso mencionado fue tan revulsivo que el asunto llegó a la Justicia.

Esto no es un asunto privativo de la televisión y nadie está libre de los desvíos cuando se mete en este submundo de policías y delincuentes. Hace unos días El Observador calificó de sicario varias veces en una nota a un muchacho que mató a un hombre con la intención de entrar así a una pandilla, y luego fue a refugiarse a la casa de su madre por temor a que lo agarraran. Tildar de sicario a alguien que actúa así es ignorar lo que ha significado el fenómeno del sicariato en algunos países de la región. En vez de apelar al argumento fácil de la teoría conspirativa, quienes asignan a los medios intencionalidades a la hora de armar el discurso de la información policial, deberían empezar a considerar la ignorancia como una de las responsables de las falencia que la prensa exhibe.

Pero así fue y así sigue siendo la crónica policial: desprolija, descuidada, un tanto tumbera, como el material que maneja. Y mientras desde el poder político surgen críticas -quizás honestas, quizás cargadas de intencionalidad- y en las redes sociales el anonimato se viste a veces de fascismo, a veces de estupidez colectiva, los medios de comunicación que se precian de tener un buen nombre, no deberían escatimar tiempo en revisar su actividad profesional, no para mejorar la inseguridad, un asunto multicausal y complejo cuya resolución no le compete a la prensa, sino, y simplemente, en honor a las pretensiones de verosimilitud y honestidad que, supuestamente, es lo que los diferencia de la morralla.