Siempre fue así, lo que pasa es que no nos enterábamos. Estas increíbles piruetas de la Cancillería argentina para complicar las cosas en torno a la licitación para dragar Martín García, ya las habían hecho los diplomáticos argentinos que integran la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), solo que no nos enterábamos. En agosto de 2011 el presidente José Mujica dijo que en seis meses estábamos dragando para que el canal le dé mayor competitividad a los puertos uruguayos. Ni el gobierno ni la oposición nos advirtieron de cómo en verdad venía la mano. 

Un ejemplo: un día, como todos sabían que había una empresa que iba a ofertar menos que Riovia para seguir manteniendo el dragado, los delegados uruguayos y los argentinos en la CARP acordaron realizar un concurso de precios y reducir el dinero que ambos gobiernos pagan. E hicieron el llamado de precios (ver foto del blog). Un día apareció el presidente de la delegación argentina en la CARP, Hernán Orduna (procesado en su país por corrupción) y dijo que no, que el concurso de precios no iba. No dio demasiadas razones.

Está lleno de ejemplos como estos. La nueva movida diplomática es a dos bandas, para decirlo en términos académicos, casi pizarreando. Luego de que medios de comunicación uruguayos informaron que el presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo, había denunciado un presunto intento de coima de parte de Riovia, el canciller argentino Héctor Timerman telefoneó al uruguayo Luis Almagro y le transmitió su enojo. Pude presenciar personalmente lo dramatizado que estaba Almagro porque lo del dragado se pudiera complicar.

Por eso hizo desmentir a Bustillo y desmintió él, exponiéndose en una actitud absurda porque todos sabían que la denuncia de Bustillo había existido.

Cuando el tema se hizo incontenible en los medios y era ya agitado por sectores de la oposición, Argentina dio un paso al frente y dejó fuera de juego a Uruguay. Fue por pedido de Argentina que se hizo una auditoría de las actas de la CARP en base a las cuáles el Tribunal de Cuentas uruguayo dijo que tenía “dudas”. En su línea de no seguir haciendo olas con el tema argentino, la Cancillería le dio al informe del Tribunal la hipótesis de gravedad mínima, pero Argentina le dio la de máxima y, otra vez, Uruguay fuera de juego.

La estrategia argentina, queriéndolo o no,  sigue beneficiando indirectamente a Riovia, como la benefició todos estos años de postergaciones absurdas: la empresa holandesa sigue realizando el mantenimiento del dragado y ahora podrá hacer un juicio si es que la excluyen de la licitación. Al igual que las otras tres firmas precalificadas, Riovia pagó decenas de miles de dólares sólo por el pliego y en los últimos tiempos sus directivos consideraban difícil que la eligieran, producto de la repercusión que tuvo el caso.

¿Es la primera vez que Uruguay aparece como opuesto a la transparencia? No; atiendan a esto otro ejemplo que pasó en silencio en la Cancillería: Timerman también se había molestado por el hecho de que se supiese que fue Argentina quien derribó en la CARP el llamado a concurso de precios para sustituir a Riovia. Entonces le hizo un pedido a Almagro: que dijese que fue Uruguay quien formalizó el cese del concurso de precios. Cuando se le mostró a Almagro el documento de la CARP que llamaba a concurso de precios, el canciller uruguayo cumplió con Timerman y dijo que había sido Uruguay el que lo había frenado.

Una más: en Argentina, impulsado por dos diputados opositores, el caso está en la Justicia; acá no.

La posición de la profesora Mercedes Rovira considerando una “anomalía” la homosexualidad fue “inoportuna, ofensiva, poco inteligente y anacrónica”, tal como la definió en una carta pública un ex estudiante de la Universidad de Montevideo (UM), donde esta doctora en Filosofía iba a asumir como rectora. Eso es una cosa. Que un fiscal la haya investigado de oficio por presunta discriminación en el ingreso de docentes a la UM, es otra muy distinta. 

La actitud inconsecuente de algunos magistrados, la doble vara, la inclinación a jugar para la tribuna, a seguir la línea política de turno, no es algo nuevo. Eso se ve en los grandes temas nacionales como en asuntos individuales. Solo a modo de ejemplo: para la Justicia la ley de Caducidad era constitucional cuando el gobierno de turno la impulsaba, y la consideró inconstitucional cuando un nuevo gobierno la rechazó. La doble vara en los grandes temas y en las cuestiones individuales.

Un camionero va preso porque tuvo la mala suerte de chocar con el campeón del mundo del 50 Alcides Ghiggia. Los expertos en tránsito consideraron una barbaridad que el camionero haya sido privado de su libertad cuando accidentes como ese se ven todos los días y nadie va preso.  La razón del fallo judicial rompe los ojos.

Fallos sobre grandes temas o sobre temas individuales. La institucionalidad de un país o la peripecia personal de un camionero donde lo que está en juego es nada menos que la libertad. 

Al fiscal que indagó de oficio a Rovira seguro se le pasaron una larga lista de dichos y hechos –como la muerte de dos pacientes porque el sistema de salud no funciona con celeridad– sin que ello lo moviera a iniciar acciones. Es su prerrogativa.

En todo caso, si la UM discriminó, que es lo que el fiscal investiga, debería haberse enfocado en las autoridades actuales, ya que Rovira no asumió. Pero citar a Rovira era políticamente correcto.  

Algo similar había manifestado el arzobispo Nicolás Cotugno, porque esa es la posición de la Iglesia Católica a la que Rovira pertenece, amparada en la libertad de cultos. Es la misma libertad que rige para los mesías que cobran por hacer ver a los ciegos y caminar a los paralíticos. Ver el robo que sufre la gente en cines devenidos en templos o escuchar posiciones hirientes como las de Rovira, y respetarlas, es respetar la libertad y bancar su agridulce sabor que no siempre marida –más bien todo lo contrario- con la corrección política. 

En medio del tremendo embrollo que el gobierno tiene sobre la mesa con el tema de Pluna (que tapa otros embrollos como los de la salud, la educación, la basura, y siguen firmas), el vicepresidente de la República, Danilo Astori, sale, por segunda vez en pocos días, a expresar su discrepancia con la forma en que el presidente José Mujica procedió al avalar el ingreso de Venezuela al Mercosur.

Astori se tomó la molestia de detallar qué cosas le molestan y golpeó particularmente sobre un aspecto que la oposición ya le había marcado al mandatario: el priorizar lo político por sobre lo jurídico. Es decir, la política por encima de la ley, con lo cual se abre un gran panorama de incertidumbre acerca de hasta dónde las leyes empardarán con las convicciones políticas del mandatario.

No es la primera vez que Astori discrepa con Mujica, pero que lo haga en este momento tan complicado y en un tema tan sensible, y además por la prensa, muestra el estado de las relaciones en la interna del gobierno.
En estos días, algunos dirigentes afines a Mujica le han transmitido a periodistas de El Observador, quizás no su satisfacción, pero sí lo interesante que les resultaba ver a los miembros del equipo económico que de alguna forma lidera Astori, revolverse como gato entre la leña para explicar de la mejor manera lo de Pluna. 

Mientras que en su momento Mujica había dicho en pleno Senado que no le gustaba Matías Campiani, la foto que quedará para la historia cuando se hizo el negocio con LeadGate será la de Astori y el entonces ministro de Transporte, el astorista Víctor Rossi, sentados junto al empresario argentino.

Más allá del resultado del negocio (aquella concesión se hizo sin licitación) la actitud de los mujiquistas solazándose con el mal momento de los astoristas torna en juego de niños las históricas disputas por el poder dentro de los partidos tradicionales que en algún momento contribuyeron a su derrota electoral (recuérdese Sanguinetti vs Batlle).
En uno de los dos temas en boga, Pluna, Astori fue protagonista de primer orden en el ahora fracasado negocio. En el otro, Mercosur, el vicepresidente aparece como la voz de la legalidad y la resistencia ante la actitud ilegal y sumisa del gobierno.

Pero mientras en el horizonte exista la chance de que Tabaré Vázquez retorne a la arena política, todos estos desaguisados, apenas pasen, serán pasado para el Frente Amplio. Si el futuro se presenta vazquista, entonces será luminoso. De hecho, en estos dos asuntos Vázquez estuvo presente; con Pluna del lado de los astoristas, con el Mercosur del lado de los mujiquistas.

Claro que si esta guerra interna sigue creciendo en intensidad, para el ex presidente el retorno no será todo lo fluido que se podía pretender. Hay una izquierda que se inclina por la legalidad y otra por el pragmatismo de la política; una izquierda que quiere continuar la línea económica iniciada en 2005 y una izquierda que quiere cambiarla; una izquierda de Astori y una izquierda de Mujica. Hasta ahora, cuando estuvo activo y militante, Vázquez logró lidiar con las dos. El futuro dirá si seguirá pudiendo. 

Hay quienes sostienen que es positivo que los gobiernos oigan los reclamos de la ciudadanía y mucho más que se hagan eco de ellos. Sin embargo, hay algunos asuntos delicados que, ante el reclamo incluso de las mayorías (si es que fuera posible medir los reclamos más allá de las urnas), lo que se pone a prueba no es la sensibilidad de un gobierno sino sus convicciones.

En la democracia la ciudadanía habla a través del voto y luego el que gobierna es el gobierno. Los gobiernos pueden tener los oídos bien abiertos, pero deben tener siempre el pulso firme. Cuando los gobiernos empiezan a gobernar al grito de la ciudadanía (aunque sea el grito de la mayoría) entran en un terreno complicado y en ocasiones riesgoso.

Más de uno aplaudió la conferencia de prensa que el gobierno dio hace unos días para anunciar un plan de medidas de seguridad porque, presuntamente, respondía a un reclamo ciudadano. Lo que finalmente quedó en evidencia fue un tremendo acto de improvisación, quizás porque buena parte de las medidas que anunció no estaban dentro de sus planes porque la izquierda no cree en ellas.

Por años la izquierda, a mi juicio con tino, hizo notar que la evidencia empírica demostraba que el aumento de las penas no redundó en una reducción de los delitos o de la violencia; pero la tribuna pedía a gritos más severidad.

Así, anunció un aumento de penas para los menores, algo que no podrá concretar porque sus legisladores, más coherentes que el Ejecutivo, no están de acuerdo con ello. Pero la improvisación no se quedó en ese asunto.

Lo de la legalización de la marihuana, un anuncio que recorrió el mundo, se fue tornando con el paso de las horas en una medida que parece salida de una charla de boliche. El gobierno no consultó a casi ninguno de sus técnicos en el tema drogas. Primero dijo que se venderían 40 porros por mes, pero luego aclararon que serían 30 gramos. Primero dijo que habría un registro de consumidores, pero luego lo pusieron en tela de juicio. Primero dijo que el Estado monopolizaría la producción, luego dijeron que se podría tercerizar. El presidente habló de devolver las colillas (¿colillas?), luego se indicó que no.

Toda esta improvisación parece producto de la presión que la ciudadanía o parte de ella ejerce con sus reclamos de más seguridad. Cuando la seguridad flaquea y la tribuna pide medidas, lo que se necesita es un gobierno firme, cuyos aciertos y errores sean producto de sus convicciones y no de una presunta sensibilidad frente a reclamos populares, algo que se parece mucho a la demagogia.