En momentos en que se celebra el día de la libertad de prensa, la comidilla local es la censura que sufrió el periodista Miguel Nogueira, quien fue sacado del aire mientras era entrevistado en un programa de canal 4. Algunos dicen que llamaron del gobierno porque estaba cuestionando a canal 5, otros que fue el propio canal que decidió levantar el programa.

¿Hay libertad de prensa en Uruguay? La pregunta surge cada tanto en seminarios, mesas redondas o de parte de estudiantes de periodismo que llegan a la redacción en busca de una respuesta definitiva y seguramente muchas veces se van frustrados.

La respuesta a esa pregunta seguro tendrá tantos matices como periodistas ejerzan la profesión. ¿Qué responderían los responsables del programa al que obligaron a sacar del aire a Nogueira?
En Uruguay existen condiciones políticas e institucionales para ejercer una amplia liberta de prensa. Cómo hacen uso de esas condiciones los distintos actores que operan en el área es otra cosa.

Augurar vientos chavistas por lo que le pasó a Nogueira es una exageración. Y es una exageración sobre todo para quienes pensamos que es normal que en los gobiernos haya personajes que no quieren o no les conviene el libre ejercicio de la libertad de prensa. Lo que no debería ser normal es que en los medios haya empresarios que cedan con tanta facilidad a una llamada.

Lo tuitié en estos días y lo repito: si me dieran a elegir un papel de villano en esta película de la vida, prefiero el de quien presiona, que en última instancia tiene más que ver con su función de ejercitar el poder con todas sus aristas negativas, que quien se deja presionar, que se está apartando de lo que es, supuestamente, su misión en este negocio.

Cuidado, porque los adalides de la libertad de prensa muchas veces obvian que detrás de una actitud poco digna puede haber un profesional de cuyo sueldo vive su familia y no tiene otra que soportar la situación.

También lo sufren las empresas. En estos días una firma levantó su pauta publicitaria en el diario con argumentos comerciales cuando todos aquí sabemos que lo hizo porque El Observador está informando con insistencia sobre cosas que no le gustan, y lo seguirá haciendo. Para una empresa periodística es complicado perder un avisador. 

Cada uno sabe hasta donde ir en esto del ejercicio del periodismo porque la libertad no es una piscina donde todos flotamos de la misma forma. Es más bien una colina a la que hay que escalar todos los días. La libertad, aún en las democracias más plenas, es un bien que hay que conquistar contra los políticos prepotentes, los empresarios periodísticos pusilánimes o los auspiciantes mediocres. 

En julio de 1989 el gobierno de Fidel Castro ejecutó al general Arnaldo Ochoa y al coronel Antonio de la Guardia por delitos vinculados al narcotráfico. Hubo consternación y se instaló por un tiempo la discusión sobre la pena de muerte y los alcances de la misericordia y respeto de los de derechos humanos por parte de la revolución cubana, o sea, de la dictadura que lidera Castro.

Ochoa era un héroe de la revolución, había estado con Fidel en Sierra Maestra cuando los barbudos eran unos pocos soñadores contra la dictadura de Fulgencio Batista. Durante el juicio, que fue televisado y que duró más de un mes, el propio Ochoa pidió la pena de muerte por haber traicionado a la revolución y haber traficado con cocaína.

Ya entonces los más desconfiados señalaban que Ochoa se perfilaba como un hombre fuerte dentro del régimen y que podía hacer sombra a los hermanos Castro. Para cualquier analista imparcial el accionar de Ochoa y de otros militares cubanos se presentaba suicida en medio de un régimen policíaco como el cubano y la duda que quedó flotando fue que habían estado recaudando para la corona. En Montevideo aparecieron pintadas bromeando con el hecho de que la revolución y la cocaína se mezclaran: “Ochoa, de tus manos tomamos la jeringa”.

Pasados los años, algunos autores que escribieron sobre la vida de los narcotraficantes colombianos dieron cuenta del estrecho vínculo que estos mafiosos tuvieron con el régimen de Castro.Pero hace unos meses apareció un libro publicado por la editorial Debate en el que Ayda Levy, viuda de Roberto Suárez Gómez. el boliviano conocido como “el rey de la cocaína” en los 80 y 90, cuenta en detalle cómo se dio el vínculo del general Ochoa con los narcos de la región.

Suárez Gómez no tuvo la fama de otros narcos que actuaron de manera más resonante pero jugó un papel central en el inicio del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos ya que poseía inmensas propiedades de territorio donde se cultivaba hojas de coca, la materia prima del adictivo polvo blanco.

Suárez Gómez provenía de una familia de multimillonarios con negocios en haciendas, caucho y ganadería y casi puso de rodillas a los pesados capos colombianos que le pedían precios más bajos por la hoja o por la pasta base de cocaína. Suárez Gómez decía que el dinero que entraba por esta vía combatía la pobreza en Bolivia y propuso al gobierno de su país pagar la deuda externa.

En el citado libro su viuda cuenta relatos que lo vinculan con el asesino nazi Klaus Barbie, con el corrupto coronel estadounidense Oliver North y con el banquero de la mafia y vinculado al Vaticano, Roberto Calvi.

En uno de los capítulos Levy cuenta que Suárez Gómez y el narco colombiano Pablo Escobar viajaron a Cuba y se entrevistaron con el mismísimo Fidel Castro para cerrar un negocio: Cuba permitiría pasar por sus cielos y playas a aeronaves que llenaban con cocaína a los Estados Unidos. Los narcotraficantes le pagaban a Fidel un millón de dólares por día.

Levy cuenta que Fidel dispuso que el contacto directo con su marido lo estableciera el general Ochoa. Cuenta Levy que Fidel dijo: “Ochoa, me cuidas a estos señores con tu vida. A partir de hoy, ellos valen más para Cuba que Vasili Kuznetsov y el Sóviet Supremo juntos”. El líder cubano aludía a la decadente ayuda que los soviéticos le daban a Cuba por esos años.

En 1989 algo falló. No se sabe a ciencia cierta por qué, ya que en las dictaduras suele pasar eso, no se sabe casi nada, el gobierno puso a Ochoa y a otros militares en el banquillo. Según lo que ahora se empieza a conocer, Fidel sabía que Ochoa tenía contacto con los traficantes, él se lo había ordenado, a pesar de lo cual lo hizo ejecutar en una madrugada cubana acusándolo de haber violado los principios sagrados de una revolución que en algún momento aspiró a construir "el hombre nuevo". 

(Lea un tramo del mencionado libro aquí)

La historia de Pluna se presenta como esas películas en las que la cámara pasa varias veces sobre los mismos hechos y cada vez revela uno o dos datos que van completando la trama.
 
El pago del aval por US$ 13,6 millones por parte del empresario Juan Carlos López Mena fue un motivo de festejo para el presidente del Banco República, Fernando Calollia, quien reivindicó que, como él lo había sostenido, la garantía era “perfecta”.
 
Calloia sabía que era perfecta porque se trataba de la palabra de uno de los mejores clientes del banco, López Mena, dueño de Buquebus y de la aerolína BQB. Hay oficinas del BROU que casi exclusivamente trabajan con las empresas de este empresario que surcó airoso gobiernos de todos los partidos, no sólo aquí, sino también en Argentina, de cuyas políticas depende la mitad de su negocio al otro lado del Plata.
 
En realidad, en lo formal, lo que ocurrió fue que la garantía estaba a nombre de la aseguradora Boston y López Mena la adquirió. Ahora debería cobrársela a Boston. ¿Por qué lo hizo? De alguna forma Calloia lo dijo en estos días: si se le dio el aval a Cosmo con garantía de Boston fue solo porque López Mena le había dado su palabra de que se pagaría.
 
¿Qué grado de compromiso tenía este acuerdo? No es de todos los días que, como lo hicieron a fines del año pasado, el presidente del BROU y el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, se trasladen ellos hasta las oficinas del empresario en medio de una crisis como la de Pluna.
 
Las versiones sobre esa reunión alternan entre “amistosa” y “muy tensa e incómoda”. Lo cierto es que Calloia cayó en una contradicción cuando habló sobre ese encuentro en el que, supuestamente, fueron a pedirle, en término amenazantes según versiones empresariales, que pagara el aval. En diciembre Calloia dijo a radio Oriental que había presentado a Guerrero con López Mena y se había retirado. Esta semana dijo a radio Sarandí que sí estaba presente en la conversación.
 
Calloia, que es férreo a la hora de los controles, se vio envuelto en una movida que podía ser segura en términos de cobrar el aval pero que políticamente era poco transparente. Por eso cada vez que dio una entrevista en estos días citó declaraciones del propio ministro Lorenzo diciendo que estaba en conocimiento de toda la movida.
 
Incluso en cada nota que leyó dejó en claro que fue Lorenzo quien le telefoneó pidiendo que hiciera “todo lo posible” por otorgarle el aval. ¿A quién? Porque en realidad hubo otra empresa argentina que no pasó las exigencias del aval. Lorenzo no pidió por ella, sino por Cosmo, o sea por López Mena, quien estuvo desde el comienzo, y eso, lógicamente, es algo que el gobierno busca obviar el gobierno al celebrar el cobro del aval.
 
Calloia no quiso en su momento revelar datos sobre la aseguradora Boston porque, decía, se podía violar el secreto bancario; pero eso era lo formal. Lo real, y lo que Calloia prefirió ocultar por alguna razón, es que había que quedarse tranquilo porque tenía la palabra de López Mena, que no figuraba en ningún lado del negocio, pero que iba a pagar; ¿cómo no iba a pagar si formaba parte del negocio?
 
Hubo días antes de esos idas y vuelta que, según sus allegados, eran terribles para López Mena. Lo llamaban directamente desde la chacra presidencial. Tenía que dar una mano para salvar a Pluna.
 
Cuando entendieron que él no iba a comprar le pidieron una solución, y el empresario trajo una que era tanto una solución para el gobierno como para él, y por eso iba a funcionar.
 
La versión oficial dice que López Mena contactó a Hernán Calvo, viejo amigo de la familia, que a su vez trajo a Cosmo.
 
¿Qué negocio se planteaba? Cosmo compraba los siete aviones pero, como lo haría el BROU con el aval, confiando en la palabra de López Mena de que él les iba a alquilar cuatro de esas aeronaves.
 
Fuentes cercanas al empresario dicen que el negocio se complicó cuando comenzaron a aparecer “denuncias” y a revelarse ciertos datos, como que Sánchez había dado su segundo nombre y apellido o que había trabajado para Buquebus.
 
Según estas fuentes, el ruido político en torno a un negocio de US$ 137 millones le trajo problemas a Cosmo y se le trabaron préstamos en Europa.
 
Incluso, dicen estos voceros, al propio López Mena un banco de plaza con el que tramitaba un préstamo lo llamó para decirle que se había enlentecido la decisión de dárselo. “Un empresario que se mete en un negocio de US$ 137 millones es un peligro para sus acreedores”, aclaró la fuente.
 
Y así fue como el gobierno, luego de haber suspendido una subasta porque no se había presentado nadie aunque mareaba diciendo que había varias empresas interesadas, se aferró al plan de López Mena.
 
La subasta, en algún sentido, fue una puesta en escena y este es un asunto que la Justicia investiga. Todos sabían que formalmente Cosmo iba a comprar porque ya había un plan de negocios, que se había armado para convencerla de que se presentara, y en el que la figura central era López Mena.
 
Por eso tras la subasta apareció aquella foto de Lorenzo, López Mena y Sánchez Calvo en el restaurante Lindolfo. Todos eran parte de un acuerdo no escrito, como no escrita estaba la palabra de que si las cosas salían mal, el dueño de Buquebus bancaría el pago del aval.
 
Si se sabía que la segunda subasta iba al fracaso ¿por qué no se buscó un acuerdo directo con el empresario? Terreno de conjeturas y de valoraciones realizadas por allegados al empresario. A López Mena –que le organizó a Mujica dos grandes encuentros con empresarios- se lo empezaba a ver como alguien del universo mujiquista y concederle directamente iba a tener costos políticos.
“El voto Buquebus”, había titulado en su momento el diario argentino Página 12 dando cuenta de la cantidad de uruguayos que recibieron grandes facilidades de la empresa para venir a votar.
 
Además había denuncias contra Buquebus por posición dominante en la conexión con Argentina.
 
Una cosa era concedérselo o negociar directamente. Otra que él apareciera en medio del negocio como alguien que daba una mano.
 
Pero terminó mal. El BROU cobró el aval por el fracaso del plan oficial, pero Pluna sigue sin volar, el Estado sigue abonando las cuotas de los aviones y el gobierno pagó el precio político de haber cometido esta patinada que dejó expuesta la existencia de una negociación por detrás de escena. 

El tema de los derechos humanos violados durante la dictadura me acompaña desde que comencé como periodista, hace 30 años. No somos originales en destinar tantos años a discutir un tema en extremo delicado. Otras sociedades también lo han hecho pero ¿y? En este país hubo dos pronunciamientos populares y los hechos políticos consiguientes le pasaron por arriba. 

Estuvo en juego el valor de la democracia, ahora está sobre la mesa el valor de la Justicia y, como siempre, está afectada la convivencia en una sociedad donde este valor ya está bastante afectado por una violencia creciente. Y para peor, buena parte de los que participan de este debate sobre el pasado no son precisamente los más cautos y han demostrado que les importa poco extremar las medidas hasta violar la ley. No son precisamente los familiares directos de las víctimas.

En 2008 volví a escribir una columna en uno de esos pujos que cada tanto  tiene este asunto. No le cayó bien incluso a muchos amigos a quienes les dije que en estos asuntos la única opinión que escuchaba con atención, discrepara o no con ella, era la de los familiares de las víctimas. Luego, parece que hasta el propio presidente Mujica pensaba igual y, harto, opinaba que había que dejar atrás este asunto. Claro, Mujica tiene poca autoridad porque fue uno de los responsables de las tormentas que trajeron estos lodos.

En este nuevo empuje del pasado vuelvo a publicar aquella columna:

“Hace poco, en un escandaloso programa de TV -de esos que los uruguayos no miran porque los escándalos agreden su seriedad- dije que el pasado me tenía podrido. ¡Para qué! En este mar de pasiones en que se han convertido los asuntos del pasado, parece que no tienen lugar los sentimientos que no estén con una u otra parte.

Después de analizar las críticas recibidas, agrego un matiz a mi sentimiento: el pasado no me tiene podrido, me tiene repodrido.

El pasado me tiene repodrido porque una vez voté, y perdí, y creí que la mayoría había hecho caducar la pretensión punitiva del Estado, pero no, era todo una farsa, no había caducado nada, y ahora temo que si en el futuro el gobierno cambia de color capaz que cambia todo de nuevo, y vuelve la caducidad.

El pasado me tiene repodrido porque sigue siendo refugio de chacales que medran con él y le ganan a dentelladas el protagonismo a las verdaderas víctimas.

El pasado me tiene repodrido porque nos sigue enfrentando como sociedad, y porque me obliga a escuchar cómo unos defienden a un dictador y otros homenajean la sangrienta toma de Pando, como si hubiese algo para homenajear.

El pasado me tiene repodrido porque si uno critica al dictador es un fenómeno, pero si critica a los de Pando es un facho.

El pasado me tiene repodrido porque aquella tormenta nos legó una brisa que trae hedor a fascismo, a justicia con tufo -esa sí- de opereta política, a estado de opinión con humos de linchamiento.

El pasado me tiene repodrido porque nos hizo cavernarios y cobardes, porque son pocos los que se animan a reclamar por los derechos de las bestias, aunque el valor de la democracia radique más en la defensa de esos derechos que en la capacidad de sancionar a las bestias con una severidad de tintes ilegales.

Y, además, el pasado me tiene repodrido porque sí, porque se me antoja expresar libremente lo que siento, y porque el ejercicio de la libertad en ocasiones se reduce al mero acto de mojarle la oreja a la horda, de azuzar a la perrada para confirmar que la intolerancia es una raza ambidiestra que ladra tanto de la derecha como de la izquierda”.

Cada tanto el gobierno se queja del trato que recibe de los medios de comunicación y los acusa de jugar para la oposición mientras que los medios advierten que se quiere afectar la libertad de prensa. Y así cada vez, sin que surjan nuevos elementos en el debate. Pura acusación no comprobada, ni de un lado ni del otro. 

Cambiemos por un momento el foco de esta discusión en la que, presuntamente, está en tela de juicio la independencia de los medios y la libertad de información.

Vamos a suponer que el gobierno tiene razón: los medios, algunos medios, mienten, juegan para la oposición, no destacan las cosas buenas a propósito.

Lo primero que uno podría decir es que tienen derecho a hacerlo y luego cargarán con las consecuencias buenas o malas de su proceder. Los diarios y semanarios son empresas privadas y mentir, después de todo, no es delito.

En cambio, los canales de TV utilizan ondas estatales. Ok. ¿Qué editorial han escuchado allí contra el gobierno? Los canales de TV no tienen editoriales de opinión cómo los diarios, algunos de los cuáles han sido muy críticos con la izquierda.

¿En qué perjudican los canales de TV al gobierno? Mujica es la figura estelar de los canales y desde que el gobierno cuestionó la cobertura de la información policial la crónica roja parece haber tomado un tinte rosado.

Entonces quedan los diarios y semanarios como la línea Maginot opositora. La mitad de la población votó al Frente Amplio. Es de inferir que la mitad de los periodistas lo hayan hecho también, pero en realidad ese porcentaje debe ser mucho mayor entre los comunicadores; hasta por venganza.

La presión de los gobiernos blancos y colorados sobre los medios es histórica. Algunos legisladores opositores que han salido a defender a la prensa ante los ataques del gobierno, quizás ignoren que durante los gobiernos de su partido hubo presiones de todo tipo.

Altos funcionarios llamaban a los directores, pedían la cabeza de periodistas, amenazaban, ocultaban. Hicieron lo que suelen hacer los gobiernos. Y en los medios hubo de todo: los que agacharon y los que los mandaron a pasear.

En los últimos gobiernos de izquierda, hay que decirlo, esas llamadas privadas casi cesaron. Hasta donde sé, ni Tabaré Vázquez ni José Mujica han levantado un teléfono para presionar.

Decenas de periodistas suspiraron cuando blancos y colorados dejaron el gobierno. En las redacciones, créanlo, abundan los frenteamplistas.

Ahora el gobierno de izquierda eligió otro método en la cruzada contra los medios, el debate público, y la tesis que surge de su postura es: los periodistas frenteamplistas que trabajan en los “medios opositores” son a) traidores a la causa y mienten a propósito; b) unos vendidos que por 30 monedas hacen mandados todo el tiempo; c) una tribu de zombies a los que le dicen “escriban con la derecha” y ellos escriben.

Cada vez que un gobernante de izquierda dice que un medio “de derecha” miente se olvida que atrás de ese trabajo hay un periodista que seguramente lo votó. Entonces está diciendo bastante más de lo que dice. 

Habiendo tantos ineptos en el gobierno ¿por qué el gobierno no piensa que a los medios les puede pasar lo mismo y acusa a los periodistas de mediocres? Es bastante mejor que decirles vendidos.

Pero eso eliminaría la tesis de la conspiración, de la que todo gobierno se nutre, cuando le va mal para justificar parte del fracaso, cuando le va bien, para prevenirse porque en algún momento sabe que le va a ir mal.