A los tumbos, el FA apura el impuesto a jubilaciones militares

Entre los proyectos de ley que el Frente Amplio (FA) quiere aprobar antes de fin de año, el impuesto a las jubilaciones militares más altas aparece entre las prioridades. Sin embargo, el oficialismo deberá procesar algunos cambios y alinear a todos los sectores para poder aprobarlo. El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo en octubre de 2016 al Parlamento, empezó a ser tratado casi de inmediato pero a pedido del Movimiento de Participación Popular (MPP) fue frenado para tratarlo al mismo tiempo que la reforma de la Caja Militar.

En mayo de este año el proyecto para reformar el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas –más conocido como caja militar– ingresó al Parlamento y esto activó el tratamiento del proyecto del impuesto. El oficialismo ya asumió que será muy difícil aprobar la reforma de la caja en 2017 y pretende, por lo menos, votar el gravamen en las próximas semana.

El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo tiene carácter progresivo y lo pagarán las jubilaciones militares más altas, a partir de 15 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), lo que equivale a una jubilación de aproximadamente $ 50.100. La escala presentada para el impuesto a militares tiene varios tramos, los cuales se van dividiendo en función de la jubilación percibida.

Los que cobren menos de $50.100 no pagarán el gravamen y luego, en las distintas franjas, el impuesto varía en función de la cantidad de BPC, subiendo las tasas hasta llegar a una máxima de 20% para aquellas pasividades que superan los $ 133.600. Las tasas y el diseño que se aplica en este caso es similar al de los pasivos de la caja bancaria.

La idea del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), impulsor del proyecto, es que sea un impuesto temporal ya que para que la reforma de la caja militar comience a tener efecto en las arcas del Estado, en caso de que sea aprobada en el Parlamento, van a pasar varios años.

Con este impuesto se preve disminuir en 10% la transferencia de Rentas Generales a la caja militar, que es deficitaria en aproximadamente US$ 400 millones anuales. Una propuesta del senador oficialista Rafael Michelini pretende disminuir la carga del impuesto pero extender el período de aplicación.

El tema estará en el orden del día de la comisión de hacienda del Senado la próxima semana aunque todavía no hay acuerdo para votarlo, dijo a El Observador la senadora oficialista Patricia Ayala (MPP). "Todavía no cerramos nada", dijo.

El Frente Amplio deberá alinear a todos los sectores para poder aprobar este proyecto porque desde la oposición ya se pronunciaron en contra y ningún legislador levantará su mano para acompañar el proyecto. El diputado oficialista Darío Pérez (Liga Federal) –considerado como "rebelde" porque en algunas oportunidades votó separado del oficialismo– dijo a El Observador que si bien todavía no trataron el tema en el sector a primera vista el impuesto "es inconstitucional".

Desde la oposición utilizaron el mismo argumento para oponerse al proyecto además de que aseguran que están en contra de nuevos impuestos.

El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, aseguró que "políticamente" respalda "buscar una fórmula que recorte las jubilaciones altas, ya sean de militares o de civiles, y trasladar esos recursos para levantar las jubilaciones de miseria que son la mayoría", pero no apoya este proyecto porque entiende que es inconstitucional.

El constitucionalista Martín Risso, que fue citado a la comisión del Senado en diciembre de 2016, aseguró que el proyecto tiene "una inconstitucionalidad razonablemente clara".

El especialista había dicho a El Observador que la propuesta "contraviene el artículo 67 de la Constitución, que establece un sistema de intangibilidad parcial de las jubilaciones y acá (por el proyecto) eso se da por una vía indirecta se está alterando".

Opinó que la forma de resolver estas cuestiones es a través de una reforma constitucional, por lo que pidió "no empezar a buscar caminos alternativos". Sin embargo, el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que también carga a las jubilaciones, fue aceptado en su legalidad por la Suprema Corte (SCJ) aunque el organismo tenía otra integración a la actual.