Cuarenta y siete organizaciones sociales criticaron la actuación de la Justicia en el caso de una adolescente que denunció ser abusada por su padre y por su tío abuelo y que fue retirada a la fuerza de la UTU en donde estudiaba.
En un
comunicado, las organizaciones afirman "no tolerar más que el sistema de justicia, que debe proteger y velar por los derechos de la infancia y la adolescencia, actúe de forma inoperante, negligente, revictimizando y vulnerando los
derechos humanos" de niños, niñas y
adolescentes.
Los firmantes sostienen que estos casos "requieren inmediata intervención" y que "siempre la primera acción a seguir es interrumpir la situación de violencia, generando estrategias de protección, siempre pensadas y acordadas con los y las adolescentes". Según las organizaciones sociales no se debe permitir que la víctima vuelva a su casa porque "el hogar es el peor lugar donde se puede dejar a una persona que está en una situación de violencia". Aunque la persona agresora haya sido alejada del hogar, el resto de la familia no protege, no cree y culpabiliiza a la víctima.
De esa forma, sostienen las organizaciones, es posible que la víctima se retracte y niegue todo lo relatado como forma de supervivencia. "Exigimos que alguna institución y/o organismo sea responsable de haber determinado que, durante 4 días, esta adolescente haya permanecido junto a su familia, que no le cree, no la apoya y la violenta", finaliza el comunicado.
La Justicia impuso medidas cautelares de no acercamientos a su padre y su tío abuelo, a quienes acusó de abusar sexualmente de ella, según informó la abogada de la adolescente, Beatriz Nossar. Tras la denuncia, la adolescente sostuvo que no estaba dispuesta a volver a su casa con su madre. Sin embargo, se retractó y actualmente vive con ella. La abogada defensora "dijo que nunca habrían de resolver una medida que pusiera en riesgo a la adolescente", ante las acusaciones de que la madre también fue una de las agresoras.