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Admiten que el ilegal servicio "223" es una práctica común en la Policía

Ministerio del Interior cree que se debería sancionar a quienes lo contratan
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22 de abril de 2017 a las 05:00
El "policía vestido de particular que pasaba por el lugar" y se enfrentó a los delincuentes es una situación que se repite en las crónicas sobre hurtos, atracos o rapiñas a comercios. A priori, parecen ser episodios marcados por la casualidad. Sin embargo, tanto en el Ministerio del Interior como en el sindicato policial reconocen que en muchos de esos casos, los policías vestidos de particular estaban, en realidad, ejerciendo la función de lo que se conoce como "servicio 223". Esa práctica implica desarrollar tareas de custodia de manera particular, algo que la ley orgánica policial prohíbe.

El ilegal "223" es un remanente del ya viejo servicio 222, que fue limitado con la ley de Presupuesto de 2011. El último caso de un funcionario involucrado en un hecho de violencia mientras ejercía en la ilegalidad del "223" ocurrió el martes 18 por la noche, cuando el policía Fernando Cortez fue asesinado por dos delincuentes de siete disparos mientras, supuestamente, estaba dentro de su auto esperando a su pareja, que trabaja en un spa de Malvín.

A su funeral no fueron autoridades policiales ni ministeriales precisamente porque existen "dudas" de "si fue una irregularidad o no", afirmó el ministro Eduardo Bonomi en declaraciones al programa "De ocho a diez" de radio Uruguay. "Pensé que tenía que ir, pero me dijeron que no. Consulté a la dirección de la Policía y no queremos alentar la irregularidad", indicó.

Cuando el Ministerio del Interior comprueba que hay un caso de servicio 223, al policía se le inicia inmediatamente un sumario que puede concluir en su destitución. Una investigación administrativa por ese tema fue iniciada luego de que en octubre del año pasado un joven fuera asesinado en el boliche Coyote. Interior comprobó que algunos de los guardias de seguridad que custodiaban el lugar eran policías y los sumarió, indicó una fuente de esa repartición a El Observador.

"El policía sigue buscando un trabajo extra. No se frenó la multitarea. Es como hacerse trampa al solitario" Patricia Rodríguez, Sindicato policial de Montevideo

La Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe) es la encargada de fiscalizar que los policías no trabajen como guardias privados. Pero la tarea de detectar casos irregulares no es sencilla. Otra fuente de la cartera indicó que son muchos los comercios que contratan funcionarios para realizar tareas que nada tienen que ver con la seguridad pero con el objetivo real de que, en caso de que algo anormal suceda, actúe como policía. Consultada al respecto, la presidenta del Sindicato Policial de Montevideo, Patricia Rodríguez, recordó que hace aproximadamente un mes asaltaron una carnicería en Las Piedras, el carnicero era policía y terminó repeliendo al asaltante. Si bien en el Banco de Previsión Social (BPS) el hombre figura como carnicero, la función de seguridad no le es ajena.


Una de las fuentes del Ministerio del Interior indicó que son varios los casos detectados de policías que trabajan como porteros de edificios, reponedores en supermercados o empleados de almacenes pero que ante un robo son los primeros en actuar, sin contar con elementos de seguridad como chalecos antibalas. Para las autoridades de la cartera, uno de los problemas es que no existe una legislación por la que se pueda sancionar a los dueños de los comercios que alientan esa práctica. Rodríguez recordó que el anuncio sobre la limitación del 222 generó el rechazo del gremio porque consideraron que "limitaba el derecho al policía al trabajo".

El ministerio vio la necesidad de eliminar gradualmente ese servicio porque los policías no cumplían su función adecuadamente por hacer más horas como seguridad privados. La decisión tuvo el apoyo de todos los partidos y fue uno de los principales argumentos para aumentar el salario de la Policía, que en 10 años tuvo un incremento de $ 25.500. Lo cierto es que, más allá de los aumentos de salarios y de la fiscalización, hay policías que ponen en práctica la frase que dice "hecha la ley, hecha la trampa".

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