AFAP reduce personal y lo atribuye a ley de cincuentones

A menos de un mes de haberse aprobado la denominada ley de cincuentones que fija topes a las comisiones que cobran las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) a sus clientes, la multinacional SURA despidió esta semana a 31 trabajadores de sus oficinas en Uruguay.

Entre los despedidos hay –en partes iguales– trabajadores del área de AFAP y otros del área de ahorro voluntario. En el caso de la AFAP, la reducción de la plantilla se limita a las "áreas operativas o de soporte" (departamento de informática) pero no alcanzó a ningún encargado de inversiones, ventas o servicios. En cambio, en el sector de ahorro voluntario, los despidos sí se concentraron en la parte comercial, ya que la firma apostará más al servicio vía web y sus soportes tecnológicos.

Según informaron a El Observador fuentes de la empresa, la decisión de achicar la plantilla responde en parte a los cambios en la normativa nacional, aunque también obedecen a una reestructura planeada de antemano para algunos servicios de la compañía.

En concreto, la firma ya preveía una reducción del personal vinculado a los servicios de ahorro minorista, pero la aprobación de la ley de cincuentones –que reducirá las comisiones que cobra la AFAP privada vinculada al grupo– terminó empujando a la firma a ampliar la reestructura. Las nuevas reglas de juego derivarán en menores ganancias, obligando a la empresa "a ser más eficiente", según expresó una de las fuentes consultadas.

SURA Asset Management Uruguay, propiedad del Grupo SURA –con sede en Colombia– tiene tres compañías en Uruguay: la AFAP (administradora de los fondos vertidos por el régimen mixto de seguridad social), la Afisa (administradora de fondos de inversión) y Corredor de Bolsa SURA.

De las 31 personas despedidas, a 5 se les ofreció relocalizarlas en otras áreas de la compañía. Además, otro de los despedidos es un gerente que será reemplazado por un nuevo funcionario. Hasta ahora SURA empleaba a unas 200 personas. En los últimos cuatro años su plantilla prácticamente se duplicó, como consecuencia de un proceso de expansión de sus negocios, a raíz de la apertura de los fondos de inversión. Sin embargo, según pudo saber El Observador, el negocio de ahorro voluntario minorista es el de menor rentabilidad a corto plazo y tiene márgenes acotados.

Ante la consulta de El Observador, fuentes de SURA expresaron que "se resolvió reconfigurar la estructura interna así como el foco de las inversiones que realiza el accionista, previendo potenciales impactos futuros y garantizando la estabilidad laboral y la retención de sus talentos, que son su principal activo".

Además, afirmaron que "los principales focos de su gestión continuarán siendo como hasta ahora la administración profesional y segura de sus ahorros en procura de obtener los más altos niveles de rentabilidad, así como un servicio diferencial a través de sus múltiples canales de contacto".

La ley de cincuentones, aprobada por el Parlamento el pasado 20 de diciembre, acabó incluyendo un artículo –producto de la negociación interna de la bancada frenteamplista– que fija un tope de 50% a la dispersión de precios de las comisiones que cobran las AFAP. Es decir, la comisión más alta no podrá superar en más de 50% el valor de la más baja del mercado.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, celebró la fórmula a la que finalmente llegó el Frente Amplio luego de semanas de debate interno y dijo que la reducción de las comisiones es un tema "trascendental". Según Murro, "las AFAP uruguayas son de las que tienen las mayores ganancias como sociedades anónimas en América Latina, entre otras cosas porque la gran mayoría del trabajo se lo hace gratis el BPS".

Actualmente, la comisión más barata es la de República AFAP, propiedad del Banco República, que se queda con 0,74% de cada aporte mensual. En segundo lugar está Unión Capital, que cobra 1,69%, seguido por SURA (1,89%) y, por último, Integración, que se queda con el 1,99%. La nueva ley obligará a SURA a rebajar su comisión en 41,8%.

El 14 de diciembre, el día en que la ley se votaba en la Cámara de Diputados, la casa central de SURA manifestó su preocupación por la medida. "Esto sienta un precedente inconveniente en la confianza en la institucionalidad del país", sostenía un comunicado, y agregaba que "decisiones de alta sensibilidad social y fiscal requieren debates responsables, basados en criterios técnicos, condiciones que en el proceso de aprobación del proyecto de ley en curso en Uruguay no se han dado".