¿Agenda legislativa?

Si hay que andar con prudencia en el manejo de la Constitución, también hay que hacerlo en la confección de leyes
Se aproxima el 15 de febrero y con esa fecha el tradicional comienzo anual de las sesiones parlamentarias de la actual legislatura luego del largo receso veraniego.

El oficialismo se apresta a retomar su "agenda legislativa" sea lo que sea lo que ello signifique. Y puede significar desde asuntos programáticos aprobados por el Plenario Nacional o en las bases del FA de los que pocos tienen idea, hasta proyectos de ley ingresados al Parlamento o incluso con media sanción. La oposición también tiene su agenda legislativa, canalizada en muchos proyectos de ley que suelen dormir en las comisiones, ya que carece de la mayoría parlamentaria para impulsarlos.

Esto de las mayorías parlamentarias, con todo, no es asunto exclusivo de la oposición. También le ocurre al oficialismo, que tiene, por ejemplo, el tratado de libre comercio con Chile, firmado en 2016 entre los presidentes Vázquez y Bachelet, durmiendo el sueño de los justos en la comisión parlamentaria respectiva desde marzo de 2017 y ello pese a que el FA goza de mayoría parlamentaria. ¿Qué ocurre? Pues que el Partido Comunista no está dispuesto a votarlo y el Partido Socialista tiene reservas respecto de todos los TLC. De ahí que no se ve cómo se ratificará ese tratado y cómo se evitará que el presidente Vázquez quede en falsa escuadra de haber firmado algo que su partido no apoya aunque tenga el apoyo de la oposición que le ofreció los votos para que dicho tratado sea ratificado.

Pero la agenda legislativa sigue ahí adelante bajo el concepto de que la eficacia de los parlamentos se juzga por el número de leyes que aprueba. Cuantas más leyes, más eficiente. Si aprueba pocas leyes, en cambio, se considera un fracaso.

Seguramente esa concepción legiferante, que no es solo patrimonio del oficialismo sino también de amplios sectores de la oposición, se deba a nuestra herencia hispánica a partir de Felipe II. Toda la colonización española se hizo sobre la base de órdenes reales, leyes, pragmáticas y decretos emanados de la metrópoli hacia las colonias. Eran tan abundantes y, muchas veces, tan alejadas de la realidad, que en América se hizo famosa la frase "se obedece pero no se cumple", muchas veces por su imposible cumplimiento.

La independencia de España no aminoró el afán legislativo de los cuerpos parlamentarios y, con el paso del tiempo y la ampliación de la influencia del Estado en la vida económica y social, el número de normas fue in crescendo. Basta ver en nuestro país cómo los tomos del Registro Oficial que recogían por escrito las leyes y decretos emitidos anualmente, fueron engordando rápidamente, tanto que hubo que dividir los volúmenes anuales en volúmenes semestrales que tenían igual tamaño que los anuales. Finalmente internet solucionó el problema y ahora no se imprimen más los volúmenes pero sí se siguen emitiendo leyes y decretos a enorme velocidad. Quizá para que nadie acuse al Parlamento de ser ineficiente.

Pero así como le debemos a la maquinaria burocrática española de Felipe II la manía de dictar leyes y decretos, también le debemos a otro ilustre español –Miguel de Cervantes– un sano consejo. Es el que da Don Quijote de la Mancha a su escudero Sancho Panza cuando este se iba a hacer cargo del gobierno de la isla de Barataria. Quizá previendo lo que vendría más adelante, el ingenioso Hidalgo dijo a su fiel escudero: "Pocas pragmáticas, Sancho, pero que sean buenas".

Es decir, le recomendaba prudencia a la hora de legislar y le aconsejaba que privilegiara la calidad sobre la cantidad de normas. Un consejo sumamente actual para nosotros cuando medimos eficacia tomando cantidad y no calidad, o cuando retomamos la mala costumbre de hacer Rendiciones de Cuentas de 300 o 400 artículos que se convierten en nuevas leyes presupuestales de carácter anual para enmendar el presupuesto quinquenal dispuesto por la Constitución.

Por ello, si hay que andar con prudencia en el manejo de la Constitución, también hay que hacerlo en la confección de leyes. La verdadera medida de la calidad parlamentaria no es cuántas leyes ha aprobado sino cómo ha controlado al Poder Ejecutivo, especialmente en materia fiscal. Y evaluado aquí, nuestro Parlamento pierde por goleada: no tiene problema de aprobar nuevos gastos y no se hace problema a la hora de crear nuevos impuestos. Releer El Quijote no sería mala idea.

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