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ANCAP caso por caso
Luego de abrir una comisión investigadora, la oposición acudió a la Justicia
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12 de diciembre de 2017 a las 05:00
Una vez finalizada la comisión investigadora de ANCAP en el Senado, los partidos Nacional, Colorado e Independiente concurrieron a presentar en conjunto la denuncia penal en una sede de Crimen Organizado por la gestión en el ente. También lo hizo Unidad Popular de forma separada.
Las denuncias realizadas abarcan gastos de ANCAP en publicidad; falta de controles del ente, la intermediación de Exor -que sin brindar servicios, tras iniciar un juicio, cobró US$ 3.5 millones-, los negocios con Ecuador que involucraron a Trafigura; importaciones de petróleo y gas sin documentar en la Dirección de Aduana; contratos con la Armada para la construcción de un remolcador y dos barcazas; y las inversiones en las plantas de cal donde también se sospecha de irregularidades en la contratación del transporte para llevar el producto a Brasil, integran entre otros la lista respaldada por miles de folios de la investigadora. Con el correr del tiempo, se fueron ampliando denuncias por parte de los partidos de la oposición.
Gastos en publicidad
La denuncia sobre el gasto en publicidad que realizó ANCAP en los años analizados en la comisión investigadora del Senado fue la que estrenó las indagatorias. Los denunciantes fueron los partidos opositores que pidieron que se investigue asuntos cómo la elección de la agencia publicitaria La Diez. A través de La Diez se pagó publicidad por US$ 5.000 a una radio de Quebracho que no transmitía y se abonó US$ 370 mil para la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja durante el gobierno de José Mujica y con Raúl Sendic como presidente del ente.
Las plantas de cemento y de cal
La construcción de las plantas de portland y cal –cuyo costo excedió lo presupuestado–fue uno de los temas más cuestionados por la oposición. A eso se sumó la contratación directa de una empresa de transporte brasileña para llevar cal desde Treinta y Tres a una central eléctrica de Candiota (Brasil). El contrato firmado establecía el pago de US$ 85 la tonelada para un recorrido de 300 kilómetros. Además, desde la oposición entendieron que se mintió cuando se informó en el Senado que en Uruguay no había camiones con volqueta para esa tarea. El negocio de la cal se hizo con Cgtee, filial de Eletrobras.
El remolcador Ky Chororo
ANCAP firmó un contrato con la Armada para la construcción de dos barcazas y un remolcador bautizado como Ky Chororo a un costo total de US$ 12,5 millones, que terminó pagando casi US$ 15 millones, según el Partido Nacional. Se cuestionó la contratación directa de la empresa RN consultores de Argentina. El remolcador tuvo problemas de construcción que retrasaron su puesta en funcionamiento. En ese período ANCAP alquiló remolcadores privados por casi US$ 7 millones. El Partido Independiente agregó investigar el contrato de arrendamiento del remolcador.
Trafigura y la intermediación con Petroecuador
ANCAP fue broker de la multinacional Trafigura en un negocio de intermediación con Petroecuador (petrolera estatal ecuatoriana). El ente uruguayo ganó unos US$ 6 millones y la oposición denunció ante Crimen Organizado que no tenía marco jurídico para intervenciones offshore. Además varios de los negocios –que en total fueron por US$ 6.000 millones– se hicieron sin contrato, según información que presentó el Partido Nacional. ANCAP ganó una licitación de Petroecuador para vender gas que no tiene, por lo que recurrió directamente a Trafigura.
Exor y una intermediación trunca
La financiera Exor ofreció sus servicios a la petrolera estatal venezolana Pdvsa y a ANCAP para intermediar en la cancelación de la deuda del ente uruguayo. Sin embargo, Pdvsa la hizo a un lado y optó por Bandes, por lo que ANCAP le prometió a Exor que la utilizaría para el segundo canje de deuda. Finalmente, todo se hizo sin Exor. Aunque se manejaron cifras que ANCAP había pagado a la compañía, el director de Exor para el Cono Sur, César Addario, declaró ante la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, que Exor no había recibido ningún pago. Hay una demanda civil por US$ 34 millones iniciada contra la empresa pública uruguaya.
La importación que no pagó impuestos
Los partidos de la oposición denunciaron que en 2011 ANCAP realizó importaciones de petróleo, gas butano y propano a países africanos que no registró en la Dirección de Aduanas. Según el Partido Independiente pudo haberse cometido el delito de contrabando. La regularización de esas importaciones comenzó a realizarse en 2015, cuando trabajó la comisión investigadora del Senado, según afirmaron desde el Partido Colorado. Con esta decisión, ANCAP no pago durante ese período el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las tasas aduaneras que deben abonarse por ambas importaciones.
Sobreprecio en la planta de Paysandú
En una de las denuncias llevada adelante por Unidad Popular, se señala la construcción de la planta sanducera a cargo de la empresa Abengoa. La estimación de costo fue de unos US$ 88 millones pero terminó costando US$ 147 millones. La explicación oficial fue que el sobrecosto se debió a elementos adicionales no previstos originalmente. Sin embargo, la empresa Abengoa vendió por US$ 150 millones cuatro plantas que producen once veces más que la de Paysandú. ALUR es una empresa propiedad de ANCAP con una participación minoritaria de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El pago a los peludos
La legalidad del pago de Alcoholes del Uruguay (ALUR) a cortadores de caña de azúcar de Bella Unión de una partida extra de $ 7.500 por una vez al año por la que no se hacían aportes al Banco de Previsión Social (BPS) – definida como "donación" por sus autoridades–, fue puesta en duda hace cinco años por un jerarca de la empresa. En 2012, el entonces gerente general Manuel González envió un correo electrónico a integrantes del directorio y gerentes en el que manifestó "dudas sobre que esta donación no pudiese en algún momento considerarse algún tipo de relación laboral". El BPS ya definió que ALUR debe pagar aportes adeudado.
Las tarjetas corporativas de Sendic y De León
El fallo del Tribunal de Conducta Política del FA sobre el uso "inaceptable" de los dineros públicos por parte de Raúl Sendic, en referencia a sus gastos con tarjeta corporativa de ANCAP, fue la gota que derramó el vaso para que el entonces vicepresidente de la República presentara su renuncia.
A una compra en Divino por $ 6.745, se le sumaron entre sus gastos más cuestionables tres compras en supermercados uruguayos, compras realizadas en 2012 en Chicago en la tienda de electrónica Verizon, el comercio de ropa Burlington, la tienda Macy's y un local de souvenirs de la cadena Bye Bye Chicago. Sendic también realizó compras en América Ropería del balneario La Paloma y en una estación de ANCAP cuando se encontraba de licencia en los primeros días de enero de 2011.
A fines de octubre de este año el Partido Independiente amplió la denuncia sobre el uso irregular de tarjetas corporativas por parte del senador frenteamplista y expresidente de ALUR, Leonardo de León. A partir de allí, la fiscalía solicitó a ALUR que conteste si entre 2011 y 2015 existía o no un reglamento de uso para las tarjetas corporativas. En ese tiempo, De León se desempeñó como director de ALUR primero, y presidente después.
La denuncia señala que De León realizó gastos por US$ 30.677 y $ 868.560 con dos tarjetas corporativas, a pesar de haber recibido viáticos por más de US$ 60.000 –por los que nunca hizo devoluciones, ni rindió cuentas–, al tiempo que hizo compras en el exterior que no coinciden con los registros de viajes oficiales de ALUR. Entre los gastos sospechados, se destacan pagos en restaurantes, estaciones de servicio y alojamiento en Paraguay por US$ 771. Toda esta información está en manos de la Justicia.
