ANCAP está decidido a cortar sangría en negocio del Pórtland

Mientras ANCAP vuelve a trancar fuerte a su sindicato para llevar adelante el tramo final de la reestructura que se había planteado para darle viabilidad al negocio del cemento Pórtland, algunos legisladores de la oposición le reclaman al gobierno que ponga punto final a una sangría de pérdidas millonarias.

En la interna del ente petrolero el diagnóstico es más que claro: hay que ser más eficiente y ello requiere fuertes ajustes en la dotación de personal para equiparar a la competencia. A su vez, son conscientes que deben lidiar con un componente político que incide cada vez más a medida que se acercan las próximas elecciones.

Hasta el momento, todas las decisiones de peso en ANCAP -que decidió la mayoría del Directorio encabezado por Marta Jara- han contado con el aval de la ministra de Industria, Carolina Cosse, afín al MPP -la mayoría dentro oficialismo- que, además, se ha ganado el respeto del presidente Tabaré Vázquez, a tal punto que varios hoy la tildan de "vazquista" dentro del gabinete ministerial. De hecho, fue Cosse la que hace poco más de un mes desactivó una protesta de Fancap -en plena presentación del balance del ente petrolero- que reclamaba por la continuidad del ANCAP noveno, un barco que el ente pretende dejar de utilizar para el transporte de combustibles y sustituirlo por un contrato con una empresa privada.

En el cemento la realidad es otra. Hay más de 600 puestos de trabajo en juego y bajar la cortina a ese negocio no es tan sencillo. De todas formas, la paciencia de las autoridades de ANCAP parece tener un límite. Un comunicado divulgado este martes dejó entrever que si no había avances, el ente se replantearía el futuro de esa unidad de negocio: "El compromiso con el plan de sustentabilidad (del Pórtland) es una responsabilidad de todos y, en el caso de que este no se concrete en 2018, exigiría un replanteo estratégico".

Una fuente de ANCAP comentó a El Observador que el mensaje del ente "fue muy claro": Lo que tenemos que hacer es que el negocio del cemento deje de perder. Hoy la realidad indica que estamos lejos de eso", reconoció.

La empresa ya logró mejoras en la eficiencia productiva el año pasado que le permitió reducir en US$ 15 millones su perjuicio, pero todavía debe recortar otros US$ 12 millones adicionales para equilibrar el balance. Durante el ejercicio 2017, la empresa logró bajar su costo de materias primas, energía y costos fijos en unos US$ 8 millones. El retiro de funcionarios y reducción de contratados permitió otro ahorro de US$ 2,1 millones, según ANCAP.

En las plantas de Pórtland de ANCAP (Minas y Paysandú) y su centro de distribución de Manga trabajan unas 650 personas, de los cuales unos 315 son funcionarios directos del ente, mientras que otros 335 son contratados de empresas tercerizadas.

El conflicto en la planta de Minas es en esencia el mismo que se desató cuando ANCAP optó por reducir las guardias mínimas para la distribución de combustibles en La Tablada de seis a tres operarios. En el cemento pretende que esa dotación sea de tres en lugar de cinco como en la actualidad. La fuente de ANCAP indicó que el esquema actual de funcionamiento lleva a que la plantilla del ente sea más del doble de la que tiene la competencia (Cementos Artigas).

"Desde ANCAP hemos insistido en que debemos redoblar los esfuerzos para lograr los cambios necesarios. La mano de obra por tonelada producida de cemento de las plantas de ANCAP está fuera de cualquier rango de benchmarking internacional. Se han encargado estudios independientes que han analizado la forma de trabajo y recomendado dotaciones de personal menores a las actuales, así como la introducción de mejoras en los equipos que permitan su uso en forma más eficiente", explicaba el comunicado de ANCAP.

La Federación ANCAP (Fancap) analizará este jueves en un congreso el conflicto de la división Pórtland, pero todo estaba encaminado para que el gremio acepte el nuevo esquema de guardias mínimas si la empresa publicaba un cronograma con los llamados que prevé instrumentar para completar las vacantes que se requieren para algunas áreas operativas.

El director de la oposición en ANCAP, el nacionalista Diego Labat, comentó a El Observador que en las últimas semanas ha apoyado la postura de mayoría del Directorio de "apretar" un poco la tuerca para reducir las guardias mínimas de cinco trabajadores. "Espero que esa línea se mantenga y no se ceda. Hemos perdidos muchos clientes (del Pórtland). La situación es complicada. Esperamos que salga un acuerdo razonable", indicó.

La gestión de ANCAP ha sido uno de los flancos donde la oposición ha hecho foco para cuestionar al Poder Ejecutivo. De hecho, una serie de denuncias ante la justicia acaban de culminar con el pedido de procesamiento del fiscal Luis Pacheco a varios exjerarcas y gerentes, incluido el exvicepresidetne Raúl Sendic.

Walter Verri, diputado sanducero del Partido Colorado, dijo estar "preocupado", más allá de la mirada "subjetiva" del problema por el impacto en el empleo que ese emprendimiento genera en su departamento. "Lo primero que se pretende es que no se pierdan más fuentes de trabajo en el país. Pero así como el negocio el Pórtland es totalmente inviable. En algún momento habrá que prescindir de este negocio buscando la forma de mitigar el impacto en las fuentes de trabajo. Son decisiones que el Directorio de ANCAP deberá tomar", planteó.

El legislador tramitó este miércoles 25 ante la Comisión de Industria de Diputados una solicitud para que asista la ministra Cosse a dar explicaciones sobre el futuro del negocio del Pórtland a raíz del conflicto en Minas. "Uruguay no puede seguir perdiendo millones en una actividad que eno es estratégica. Le advertimos al Directorio en su momento que las medidas que había tomado no eran suficientes para resolver esa sangría. No se resolvía solo sacando al as cooperativas sociales", afirmó.

El senador del Partido Independiente Pablo Mieres tiene una visión similar. "No tiene ningún sentido estar en un negocio que da pérdidas millonarias y no es estratégico para que el Estado esté presente. Todo el Uruguay termina pagando precios altos, y el negocio lo hace el privado (por Cementos Artigas) que se aprovecha de esos precios elevados que fija ANCAP. Hay que promover un mercado libre con varios operadores", planteó.

En tanto, su colega Álvaro Delgado del Partido Nacional considera que lo ideal sería "separar el Pórtland del negocio madre de la refinación de combustibles para dejar de trasladar las ineficiencias del primero. "Soy partidario de algún tipo de joint venture con algún otro actor privado para administrar esa unidad de negocio por fuera de ANCAP", indicó. Añadió que hoy se produce menos cemento que en 2005 luego que se invirtieron US$ 250 millones entre 2005 y 2010.