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ANCAP pagó US$ 510.000 por 23 indemnizaciones en el cemento
En el marco de la reestructura prevista para la división cemento, ANCAP presentó en febrero un plan que incluía la reducción de costos asociados a servicios y contrataciones, por el cual se eliminarían más de 200 puestos de trabajo en las plantas de Paysandú, Minas y el centro de distribución de Manga.
Tras varias negociaciones, el ente acordó con el sindicato de la construcción (Sunca) un plan de retiro incentivado para trabajadores de empresas tercerizadas que realizaban tareas de limpieza, vigilancia y jardinería. La idea original era que al menos 100 personas aceptaran las condiciones de retiro.
Vencido el plazo, alrededor de 60 funcionarios se plegaron a la propuesta, que incluía el pago de indemnizaciones especiales e incentivos, además de la liquidación por egreso que corre por cuenta de las empresas tercerizadas. Solo por 23 de esos trabajadores el ente desembolsó alrededor de US$ 510 mil. Uno de los primeros acuerdos se comenzó a gestar en julio, cuando ANCAP y la empresa DESA Ltda acordaron que la cantidad de trabajadores que prestan tareas en el ente se reduciría en cuatro. Eso quedó sellado el 9 de agosto en el Ministerio de Trabajo cuando los cuatro trabajadores aceptaron la indemnización de ANCAP por un total de $ 1.453.406 (unos US$ 49.845 a valores actuales), según el acta de acuerdo al que accedió El Observador.
Un segundo acuerdo se firmó el 18 de agosto con 19 trabajadores de la empresa Sevicol Ltda. En ese caso, ANCAP tuvo que abonar la suma total de $ 13.440.105 (unos US$ 460.940), lo que en promedio da unos US$ 24.260 por persona.
En diálogo con El Observador, el dirigente del Sunca, Richard Ferreira, dijo que quienes no aceptaron el plan de incentivos continúan trabajando y serán reubicados en otras áreas donde se necesite mano de obra.
Por otro lado, fuentes de la empresa pública indicaron a El Observador que todavía no está claro cómo seguirá la reestructura laboral dentro de la división de cemento. Según se indicó, una de las posibilidades que se ha manejado es la de realizar un segundo llamado para retiros incentivados.
Conformidad oficialista
A fines de agosto, cuando ANCAP presentó los números del primer semestre, la presidenta del ente Marta Jara informó que la empresa estaba conforme con el plan de reducción de trabajadores vinculados a empresas tercerizadas.
"Hay que recordar que se presentó un plan cuyo objetivo era alcanzar un equilibrio hacia fines de 2018. Hay una gradualidad que tenemos que ir transitando con contratos que van venciendo. El objetivo no se alcanzó en su totalidad, pero se avanzó más de 25% en este semestre", explicó en la oportunidad.
Cooperativas sociales
Distinta fue la suerte de las cooperativas sociales que trabajaban para ANCAP, realizando tareas de jardinería en la planta de Pórtland de Paysandú, y que según denuncian no recibieron el mismo trato que los otros funcionarios despedidos.
En marzo de este año, ANCAP no renovó el contrato con las seis cooperativas sociales que, a través de un convenio de la empresa con el Mides, se ocupaban de las áreas verdes de la planta sanducera.
De esas seis cooperativas, que empleaban a 42 personas (en su mayoría mujeres), solo una se encuentra ocupada realizando tareas para la intendencia de Paysandú. Eso deja a 35 personas sin empleo y sin seguro de paro.
Las cooperativas reclaman dos cosas. Por un lado, solicitan que se las incluya dentro del plan de retiro incentivado que ANCAP ofreció al resto de los trabajadores tercerizados del área cemento. Además, quieren que la empresa cumpla con su compromiso de apoyar la reinserción laboral de los extrabajadores.
ANCAP se comprometió ante la Dirección Nacional de Trabajo a otorgar un subsidio de $ 100 mil a cada cooperativa mientras duraran los cursos de Inefop, según había dicho a El Observador Graciela Techera, una de las extrabajadoras de la planta de Paysandú. Además, seis meses antes de cortarles el contrato, ANCAP redujo el horario a los jardineros. Esas jornadas más cortas les impidieron acceder al seguro de paro.
En diálogo con El Observador, el diputado de Alianza Nacional por el departamento de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo que los trabajadores de las empresas tercerizadas lograron una situación "muy beneficiosa" gracias al apoyo del Sunca, pero no las cooperativas sociales porque "no tiene el mismo poder de negociación". "Indigna que mientras para unos hay muchos, para otros que son el eslabón más débil no hay nada", cuestionó Olivera.
El diputado convocará al Directorio del ente a la Comisión de Legislación del Trabajo para que explique el alcance de los acuerdos y lo que definió como "disparidad de criterios".
