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Antes de inicio, el Estado ya gastó US$ 800 mil en juicio de Petrobras

Conecta, que pertenece a la petrolera brasileña, demanda al Estado por US$ 50 millones
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16 de febrero de 2018 a las 05:00

El negocio del gas no ha dejado de generar dolores de cabeza al país. Uno de los últimos se vincula al proyecto de construcción de la planta regasificadora, una iniciativa cuya viabilidad y concreción todavía sigue en duda a casi 10 años de anunciarse su construcción. Más cercano en el tiempo hay otro tema por el que Uruguay ya está pagando; la demanda millonaria iniciada por la empresa Conecta –del grupo brasileño Petrobras–.

La empresa, que concentra su operativa en el interior del país, promueve un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional contra el Estado uruguayo. El motivo: incumplimientos del contrato de concesión para el proyecto, construcción y explotación de sistemas de distribución de gas por redes para el abastecimiento de localidades, con excepción de Montevideo, en régimen de concesión de obra pública", firmado en diciembre de 1999.

Por esta demanda, la Corte Internacional de Arbitraje ordenó el pago de US$ 322.500 cuya transferencia fue autorizada la semana pasada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La provisión de gasto de la Corte Internacional fue fijada en US$ 645.000, aunque la cifra está sujeta a un posterior reajuste.

También el Poder Ejecutivo autorizó a fin de diciembre la contratación de la firma argentina Macroconsulting SA para que asesore y patrocine al Estado en el proceso arbitral iniciado por Conecta. La firma tiene como una de sus tareas principales la elaboración de un memorial de contestación de la demanda por el que se abonará US$ 165 mil, según publicó Presidencia. Por los dos conceptos ya se acumulan US$ 810 mil, que es el mínimo que costará la demanda al Estado.

Argumentos y defensas

Petrobras sostiene que el negocio del gas en el país soporta condiciones adversas para su desarrollo que son ajenas al control de las compañías. Eso por las restricciones en el envío de gas natural desde Argentina y su elevado precio respecto su cotización en el mercado internacional.

La firma Conecta inició acciones legales en abril del año pasado. En la solicitud anunció que en el arbitraje pretenderá que se declare que el Estado incurrió "en graves y reiterados incumplimientos" del contrato de concesión. También que el Estado debe reparar a Conecta por las pérdidas y/o daños, y por "el cobro indebido de cualquier suma improcedente bajo dicho contrato".

Un mes después, en mayo, Conecta cuantificó el reclamo en US$ 50 millones, pero aclaró que el pedido "incluye montos adicionales que no es posible determinar aún y montos correspondientes a rubros que se están cuantificando, y a daños que continúan produciéndose", por lo que se reserva el derecho de ampliar esa estimación.

El Estado uruguayo contestó la solicitud de arbitraje y se opuso a las pretensiones de Conecta. Además, presentó una contrademanda, donde pretende que se declare que existe incumplimiento de Conecta de la obligación de llevar a cabo todas las "inversiones iniciales obligatorias", según consta en la resolución oficial que autoriza la contratación de la asesoría argentina.

También la empresa MontevideoGas inició acciones legales contra el Estado, aunque el monto exacto del reclamo no ha trascendido públicamente. Tanto Conecta como MontevideoGas han argumentado que por meses le reclamaron al Estado que corrigiera inconvenientes que afectaban sus operaciones, pero al no tener respuesta optaron por los mecanismos arbitrales de solución de disputas previstos en cada uno de los contratos.

En el caso de MontevideoGas han existido diferencias en la interpretación del contrato de concesión. En medio de esas diferencias, en mayo pasado el Poder Ejecutivo decidió iniciar el proceso de ejecución de garantía por US$ 5 millones a raíz del atraso del canon que la empresa debe abonar anualmente al Ministerio de Industria. Finalmente la empresa desembolsó US$ 7,1 millones "a los solos efectos de evitar males mayores y preservar la normal operación de concesión y con reserva de todos los derechos y defensas de MontevideoGas", había señalado el presidente de la empresa, Augusto Carrinho, en una carta enviada a los empleados.

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