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Argentina: las entrelíneas de un acuerdo "políticamente correcto" y potencialmente devaluacionista

Fue evidente el esfuerzo del gobierno porque el acuerdo no pareciera la imposición de un ajuste. Hubo menciones explícitas a la continuidad del gasto en asistencia social. El FMI solo fue inflexible en el apego a la flotación cambiaria.
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11 de junio de 2018 a las 05:00
La primera lectura de los documentos difundido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el gobierno argentino deja la impresión de que se quiso complacer a todos los públicos y eliminar los temores que genera la expresión “préstamo stand by”.

Para empezar se refuerza el concepto de que el acuerdo fue presentado por Argentina y aceptado por el Fondo, y no al revés. Es decir, un evidente intento por diferenciar este momento de lo que fue la historia en la relación entre el país y el organismo internacional, en el que siempre parecía que el FMI cumplía el rol de disciplinador que imponía condiciones.


En esa misma línea fue el documento del gobierno, que establece de manera explícita que como parte del acuerdo, habrá un monitoreo de los indicadores sociales. Y que no solamente no se limitará el gasto público destinado a asistir a la población vulnerable sino que, por el contrario, se prevé la posibilidad de su incremento, aun a pesar de la determinación oficial por el recorte fiscal.

Para el público financiero y los economistas de línea ortodoxa, hay párrafos que suenan a música: el compromiso de disciplina fiscal tiene objetivos explícitos que llegan a la eliminación completa del “rojo” primario en dos años y medio.

Pero, sobre todo, el fin de la función del Banco Central como permanente financiador del Tesoro –en palabras de Federico Sturzenegger, se dejará de darle uso intensivo a “la maquinita”- va en línea con el refuerzo del compromiso a la baja de la inflación.

El programa de metas aparece ahora como más realista: el 17% planteado para el año próximo coincide con el nunca alcanzado objetivo que se había fijado para 2017 y que el propio titular del Central calificó como demasiado optimista.

Pero Sturzenegger se lo vio relajado y hasta contento en la conferencia de prensa. Tenía sus motivos: el acuerdo con el FMI incluye de manera explícita un compromiso de reforma de la carta orgánica del Banco Central, casi una admisión tácita de que el gobierno cometió un error en diciembre pasado al intervenir de hecho en las áreas específicas de la autoridad monetaria, imponiéndole directivas sobre tasas de interés y política cambiaria.

Hasta pareció reforzarse ese concepto con un gesto simbólico en la conferencia de prensa: cuando a Nicolás Dujovne le hicieron una pregunta sobre la política anti inflacionaria, se negó a responder alegando que él no era el encargado del tema y le cedió la palabra a Sturzenegger.

La escenificación de la conferencia de prensa también fue sugestiva: no hubo representantes de la “mesa chica” del Presidente, como por ejemplo Marcos Peña, que en diciembre pasado había llevado la voz cantante.

Menos Lebacs y más mujeres

El otro motivo de alegría para el sector ortodoxo es que no solamente el Banco Central dejará de asistir al Tesoro sino que éste acelerará la cancelación de su abultada deuda en forma de “letras intransferibles” por el cual hace una década el gasto político tomó US$ 65.000 millones, dejando una seria duda sobre si alguna vez serían devueltos.

Ahora, con el compromiso de que Luis “Toto” Caputo le cancelará en forma anticipada esas “letras intransferibles” por un monto de US$ 25.000 millones, se logra descomprimir otro tema que le quita el sueño a los cultores del equilibro fiscal: la bola de Letras del Banco Central, que asciende a 1.200 millones de pesos argentina y supera en 13% a la base monetaria.

También hubo mensajes dedicados a los sindicatos, en relación a que el acuerdo no estaba ligado a cambios en la legislación laboral. Y, para los gobernadores de las provincias, un recordatorio de que no habrá recortes en el reparto de los impuestos coparticipados ni tampoco frenos en la obra pública.

Así, con compromiso firme de equilibrio fiscal pero sin riesgo de que se genere conflicto social, independencia del Banco Central y combate a la inflación, todos parecen contentos.

Hasta fue evidente un párrafo de tono feminista destinado a satisfacer a la directora del FMI, Christine Lagarde, quien el primer día de las negociaciones, al observar que todos eran hombres en la delegación argentina, le disparó a quemarropa a Dujovne: “parece que están cortos de mujeres en el equipo”.

¿El Gobierno avala una nueva devaluación?

Pero, lo tenían claro los funcionarios, lo más difícil iba a ser convencer al mercado financiero, que no suele conmoverse con discursos sobre el futuro promisorio y quiere ver pruebas concretas de solidez. Por eso fue que el gobierno se puso como objetivo que la cifra de la asistencia del FMI fuera contundente y superase por lejos las necesidades financieras de corto plazo del gobierno.

Con los US$ 50.000 millones puestos a disposición de las autoridades, no sólo esperan que cese el castigo a la deuda soberana y que se disipen los temores sobre la capacidad de repago del gobierno. Además, se espera que pueda volver la calma al mercado cambiario.

Este es, tal vez, el punto más complicado del acuerdo. El FMI, partidario desde siempre de los regímenes de tipo de cambio flotante, se niega de plano a dar sus dólares para financiar la fuga de capitales –US$ 28.500 millones en los últimos 12 meses hasta mayo- y para que los cinco millones de turistas sigan gastando en el exterior.

Por si la contundencia de esas cifras no fueran suficiente, está el recuerdo traumático del 2001: el FMI ayudó a sostener el régimen de convertibilidad que, íntimamente, no creía que fuera sostenible. Y dejó en claro que no quiere repetir la experiencia de que su nombre quede ligado a situaciones de retraso cambiario artificial.

El explícito compromiso de ir a un sistema de flotación fue defendido por Sturzenegger –quien, de todas formas, se encargó de aclarar que no se privaría de intervenir en casos de turbulencia o volatilidad extrema-, implica un riesgo no menor para el gobierno.

Para empezar, porque manifestó que ya no será necesario disciplinar al mercado por la vía de ofrecer un bloque de US$ 5.000 millones a todo aquel que ose comprar dólares por encima del precio oficial de 25 pesos argentinos.

En la visión de Sturzenegger, ya no será necesario porque el solo hecho de que tenga en su cuenta el préstamo de US$ 50.000 millones prestados por el FMI será suficiente para tranquilizar al mercado.

No todos tienen la misma opinión, claro está. A fin de cuentas, el acuerdo se daba por descontado -incluso por un monto aproximado al que finalmente se acordó- y aun así ello no fue disuasivo suficiente para que hubiera en el mercado una sostenida demanda por dólares.

Tanto, que en las últimas semanas el Banco Nación tuvo que vender US$ 2.000 millones mientras el Central intervenía en el mercado de futuros, y nada de ello fue suficiente para impedir que el mercado “golpeara la puerta” de la cotización a 25 pesos.

En las rondas de consultas que había hecho Dujovne en las últimas semanas, los economistas más influyentes de la City le dejaron su opinión contundente: en la Argentina, no se puede dejar flotar al tipo de cambio.

El comportamiento que tenga el dólar tras el acuerdo es, en realidad, la mayor incertidumbre del momento. Y, acaso, la medida verdadera de si los funcionarios lograron o no el principal objetivo que se trazaron desde que empezaron las negociaciones con el Fondo: recuperar la credibilidad perdida.

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