21 de mayo 2024
22 de abril 2024 - 20:45hs

El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció el lunes por la noche la implementación de una auditoría integral de todas las solicitudes realizadas bajo las leyes de reparación patrimonial para las víctimas del terrorismo de Estado. Esta decisión se tomó después de descubrir “irregularidades en el procesamiento, concesión y/o pago” de los beneficios. Hasta que se aclare la situación, el Gobierno ha informado que detendrá todos los pagos de inmediato.

El comunicado del Ministerio de Justicia indica: “El ministro Mariano Cúneo Libarona ordenó la realización de una auditoría integral de todas las solicitudes realizadas bajo las leyes de reparación patrimonial para las víctimas del terrorismo de Estado. El Ministerio [de Justicia de la Nación] decidió llevar a cabo dicha auditoría debido a que se han detectado varios casos de irregularidades en el procesamiento, concesión y/o pago”.

El comunicado continúa explicando que “la auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en el caso ‘Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita’, confirmado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”.

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En este caso, se procesó a un grupo de personas por delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional. Además, existen otros casos penales en curso por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su solicitud.

Como resultado, el Ministerio ha decidido: “Articular medidas para no pagar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, buscará la devolución de las sumas pagadas por fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.

En una entrevista con el canal LN+, Cúneo Libarona reveló que “más de 100 personas” recibieron alrededor de USD 150.000 en concepto de indemnización después de reclamar la prestación ante la Justicia utilizando documentos, testigos y formularios falsos. “Descubrimos otra maniobra fraudulenta donde se presentaban personas que eran de Uruguay, que habían estado un breve lapso en la Argentina pero permanecieron detenidas en el país vecino. Sin embargo, reclaman un pago completo”, añadió.

Para el miembro del gabinete de Javier Milei, “debe haber muchos más hechos y muchos más involucrados”. “Ante toda esta situación, nosotros decidimos pisar directamente los pagos. No queremos pagar. Que se lleven el escritorio en todo caso. Vamos a intimarlos para que devuelvan el dinero que se robaron. Y en caso de que ya lo hayan introducido al mercado, eso puede devenir también en un delito para lavado de activos”, insistió.

 

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Javier Milei Presidente

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