24 de mayo 2024
1 de abril 2024 - 12:16hs

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dictaminó a favor de Argentina en el juicio por el cupón vinculado al PBI, en respuesta a la demanda de un grupo de fondos de inversión de Estados Unidos. La jueza rechazó la reclamación de los demandantes, quienes sí obtuvieron un fallo favorable en los tribunales británicos.

El experto financiero Sebastián Maril destacó en la red social “X” que la “jueza Loretta Preska falla a favor de la República Argentina en el caso cupón PBI (2019)”.

Maril, CEO de Latam Advisor, explicó que “en el fallo de Preska no habló en absoluto del INDEC, ni habló sobre la posible mala fe de Argentina de cambiar la fórmula con la cual estimaba su PBI semanas antes de anunciar el pago para el año 2013. Preska le dedicó un solo párrafo a este tema del INDEC, diciendo que este juicio no se trata sobre el organismo y sobre la posible mala fe de Argentina de calcular equivocadamente su PBI”.

“Esto se trata de un tecnicismo: la cláusula 4.8 y 4.9 del prospecto, que se llama no action clause y que impide a los demandantes haber presentado esta demanda por motivos A, B y C que no voy a explicar ahora. Motivo por el cual afirma que esta demanda nunca podría haber sido presentada por los demandantes tal cual está porque no cumplía con la no action clause; es decir, entraron por la puerta equivocada. Hay que ver si la nueva demanda presentada en el 2023 se ve afectada por este fallo de Preska”, aclaró Maril.

Inicialmente, el Estado argentino evita el pago de unos USD 1.400 millones en esta primera instancia en los tribunales estadounidenses frente a la demanda que iniciaron de manera conjunta los fondos Aurelius Capital, Novoriver, ACP, 683 Capital, WASO y Romano, entre otros.

En marzo de 2014, el gobierno de Cristina Kirchner determinó que el crecimiento de la actividad económica de Argentina había sido inferior a lo informado inicialmente y con ese nuevo dato, el Tesoro quedó exento de pagar el cupón.

Los motivos de la demanda contra Argentina

El 27 de marzo de 2014, el entonces ministro de Economía, Áxel Kicillof, anunció que la economía argentina había crecido un 3% en 2013, cifra por debajo del 3,22% necesario para activar el pago del cupón de PBI. Kicillof calificó este desempeño como positivo, especialmente considerando el contexto internacional adverso. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, la economía había crecido un 4,9% en diciembre de 2013, pero los datos trimestrales consolidados del PBI publicados en marzo de 2014 mostraron un crecimiento anual del 3% para 2013.

Este cambio se debió a la modificación del año base del cálculo económico, pasando del año 1993 al 2004. Esta alteración evitó que el gobierno argentino pagara más de USD 3.000 millones correspondientes al cupón PBI, un título público vinculado al crecimiento económico del año anterior. A pesar de esto, los tenedores de estos bonos en el extranjero presentaron demandas que aún están en proceso de resolución.

Durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, la manipulación de los datos del INDEC fue evidente, especialmente en lo que respecta al crecimiento económico. Esto se debió al impacto fiscal asociado al cupón PBI, un incentivo ofrecido a los acreedores privados como parte de la histórica reestructuración de la deuda soberana en 2005. Esta reestructuración, liderada por el gobierno de Néstor Kirchner y el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, puso fin al default iniciado en diciembre de 2001.

La demanda contra el Estado argentino no se limita solo a los tribunales de Estados Unidos. También ha enfrentado acciones legales en tribunales británicos, donde fue condenado debido a la manipulación estadística durante la gestión de Cristina Kirchner. Esta manipulación afectó los intereses de los poseedores de bonos, especialmente los vinculados al PBI, reduciendo su rentabilidad.

En respuesta a esta condena, el gobierno de Javier Milei decidió apelar la decisión y estableció la semana pasada un fideicomiso de USD 337 millones como garantía para continuar el proceso judicial. Este movimiento refleja la voluntad del gobierno de enfrentar legalmente las consecuencias de la manipulación de datos económicos pasada, buscando proteger los intereses del Estado argentino en el ámbito internacional.

 

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