Pese a la ola de presiones para que el gobierno abra la billetera, las empeoradas perspectivas de la economía tornan ineludible extremar la austeridad fiscal en la cercana Rendición de Cuentas. Se acumulan indicadores de menor crecimiento y caída de la inversión y las exportaciones, con impacto adverso sobre el empleo. Un sondeo de la consultora Deloitte reveló que, como consecuencia del debilitamiento de las perspectivas, el 40% de las empresas del país anticipan reducir personal. Un panorama igualmente desfavorable emergió de la última encuesta mensual de El Observador entre bancos, consultoras, otras instituciones del sector y economistas privados.
La media de estas fuentes rebajó de 3,4% el mes anterior a 3,0% la mejora del Producto Interno Bruto (PIB) este año y de 2,9% a 2,7% para 2019. Pronostican una caída de la inversión de 7,2% en 2018, con un modesto repunte el año próximo, en tanto anticipan que las exportaciones disminuyan sustancialmente, del 4,7% de aumento previsto el mes anterior para este año a 3,5%, y de 4,3% a 3% en 2019. También estiman que la tasa de desempleo estará varias décimas por encima del 8% en ambos años. Del oscurecido panorama solo parece salvarse la inflación, que se mantendría al tope del rango meta del gobierno del 7%. Pero el resultado final de las predicciones es que el ominoso déficit fiscal se mantenga este año en 3,5% del PIB pero empeore a 3,9% en 2019, terminando de hacer trizas la meta gubernamental de bajarlo al 2,5% al fin del período y agravando la amenaza sobre el mantenimiento del grado inversor.
La actividad y la generación de empleo sufrirán por conjunción de dos factores claves. Uno es la falta de inversión, meta en la que el gobierno ha fracasado hasta ahora pese a el
aumento de incentivos que resolvió hace ya tiempo. El otro es la reducción de exportaciones, que ya se advierte en las ventas a Brasil y
Argentina. La devaluación de sus monedas, los ajustes fiscales en curso y las convulsiones políticas internas en nuestros vecinos deteriorarán el turismo y otras áreas de exportación.
El ministro de Economía,
Danilo Astori, ha insistido reiteradamente en que los cambios presupuestales en la Rendición de Cuentas no pueden aumentar el gasto público y que cualquier partida adicional a un sector debe quitarse de otro. Pese a la razonable posición de Astori, reforzada por las debilitadas perspectivas actuales, desde muchos sindicatos, la Justicia y hasta el propio Frente Amplio se insiste en incrementar el gasto. Hay reclamos justificados, como los de la estructura insuficiente de la Fiscalía. Pero también se exigen más recursos para poner en vigencia la ley de violencia de género, para el sistema de cuidados, la vivienda y el 6% del PIB para la educación pública, pese a que el sistema se niega a las reformas que la saquen del estancamiento.
El país no enfrenta una situación crítica ya que está moderadamente blindado para enfrentar los nubarrones financieros. Pero el mal tiempo en ciernes puede convertirse en una tormenta de proporciones si el gobierno no rechaza con firmeza las exigencias de mayor gasto que plantean sindicatos y muchos organismos oficiales, con más voluntarismo que reconocimiento de la realidad.