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Bancos defienden aranceles de tarjetas
Una delegación de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), alertó esta semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados respecto a la posible inconstitucionalidad del proyecto para regular las tarjetas de crédito que estudia el Parlamento.
El asesor legal de la gremial, Juan Manuel Albacete manifestó dudas sobre la iniciativa. Según indicó, todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias, que fije salarios mínimos, o precios de adquisición a los productos o bienes requiere la iniciativa del Poder Ejecutivo.
"Como el proyecto de ley refiere a la fijación de aranceles y establece, en un caso, un 1% para las tarjetas de débito y, en otros, una fórmula de cálculo sobre la base del precio, con un máximo, entendemos que, al no tener iniciativa del Poder Ejecutivo, es violatorio del artículo 133 de la Constitución de la República", indicó según la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
Además, dijo que el proyecto de ley pasa al ámbito de Promoción y Defensa de la Competencia asuntos y materias que no le corresponden desde el punto de vista legal, como, por ejemplo, la aprobación previa de contratos. "La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, en aplicación de la ley lo que hace es controlar, a posteriori, si determinadas conductas, principalmente por el abuso de la posición dominante, son abusivas, y las castiga y sanciona, pero no tiene absolutamente ningún sentido que tenga que visar y observar contratos para ver si de alguna manera lesionan la defensa de la competencia", señaló Albacete. El asesor de ABPU también dijo que se le atribuyen competencias en materia de las promociones que no corresponden, porque las promociones que benefician a los consumidores "ya están reguladas y han venido realizándose pacíficamente en el ámbito de las relaciones de consumo".
Por su parte, el director ejecutivo de la ABPU, Jorge Ottavianelli, explicó que la principal fuente de fijación del precio de los aranceles son los costos operativos de las instituciones financieras.
"Uruguay tiene los costos operativos más caros de la región y uno de los más altos del mundo en materia de la banca. Por lo tanto, los aranceles responden, entre otras cosas, a esa ecuación de costos", apuntó. El proyecto de ley que analiza Hacienda establece un tope de 2% para crédito y 1% para débito.
