El cierre del Cambio Nelson producto de las deudas millonarias de la compañía, dejó al descubierto una práctica de la que se beneficiaban varios empresarios de Maldonado. A través de la colocación de depósitos, estos obtenían una renta superior a la que ofrecen los bancos, a pesar de que este tipo de intermediación financiera está prohibida para las redes de cobranza y las casas de cambio.
¿Cómo es posible que el Banco Central (BCU) no haya detectado estas operaciones ilegales? Según dijo el presidente de la institución, Mario Bergara, en una entrevista en El Espectador, "no se puede estar detrás de todas las personas del país para ver si alguien le da plata a un amigo para que se la maneje".
La Carta Orgánica de la institución establece que la Superintendencia de Intermediación Financiera tiene entre sus cometidos "evaluar periódicamente la situación económico-financiera de las entidades supervisadas, el permanente cumplimiento de las normas vigentes y la calidad de la gestión de dichas entidades". Sin embargo, según Bergara, los "mal llamados depósitos" no figuraban en los libros del cambio, por lo que no pudieron ser detectados.
A partir de las declaraciones de personas que se vieron afectadas, Bergara dijo que "podría haber actividades de ese tipo directamente con el titular de la institución", y no con el cambio como empresa regulada por el BCU.
Además, contó que los inspectores que visitaron el cambio en Maldonado no pudieron dar con el dueño, el diputado suplente del Partido Colorado, Francisco Sanabria; pero agregó que a partir de las denuncias presentadas por los damnificados será la Justicia quien lo cite y quien dirima si se ofrecían depósitos o no.
Por lo que sí tendrá que dar respuesta al BCU, es por haber cerrado el cambio sin aviso, algo que no está permitido en la normativa. "Las instituciones financieras, cambios, bancos, tienen una regulación y no pueden cerrar o abrir cuando se les antoje", sentenció Bergara.
El presidente del BCU dijo que la institución tiene controles más estrictos con las instituciones de intermediación financiera, como bancos y cooperativas financieras, debido a que estas, al estar habilitadas a recibir depósitos, pueden asumir riesgos sobre el dinero de sus clientes, y el papel del BCU es mitigarlos. Sin embargo, para aquellas compañías que no pueden recibir depósitos, el control está focalizado en impedir el lavado de activos, algo que "no está sobre la mesa en este caso", agregó.
En tanto, Bergara dijo que "para aquellos que tienen derechos bien definidos del punto de vista contractual no debe haber ni dramatismo, ni preocupación significativa" ya que todos los pagos que se hicieron previo al cierre de la compañía fueron consolidados por Red Pagos.
Sin embargo, hoy la preocupación la tienen los empresarios que tenían informalmente depositados cerca de US$ 15 millones y que todavía no saben si recuperarán el dinero. Ayer, algunos particulares presentaron las primeras denuncias policiales por apropiación indebida del dinero, por lo que es posible que el caso tome estado judicial en las próximas horas.
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