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Blancos quieren apurar resolución de situación de Rodrigo Blás, que evadió impuestos con su inmobiliaria

El Directorio sugirió que la Comisión de Ética lo cite esta semana
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20 de agosto de 2018 a las 14:22

Blas, que el es principal dirigente del líder Luis Lacalle Pou en el departamento fernandino, presentó un recurso contra la multa. Pero más allá de esa acción, Lacalle Pou, indicó que el caso "debe ir a la comisión de ética del partido". "Ya lo hablé con la presidenta y con él", dijo Lacalle Pou a El Observador. Respecto a qué medidas se pueden llegar a tomar, Argimón sostuvo que se decidirá a partir del informe por lo que no se llevará a cabo ninguna medida esa la evaluación.

La Comisión de Ética del Partido Nacional comenzará cuanto antes a analizar el caso del edil de Maldonado Rodrigo Blás quien hizo uso indebido de su inmobiliaria –Blás Propiedades– para evadir parte de los impuestos que correspondían a la venta de terrenos de la empresa de la que el mismo es apoderado, Javipark SA, por lo que la DGI lo obligó a pagar US$ 1,9 millones por evadir unos US$ 500 mil de IVA e IRPF. El Directorio del Partido Nacional oficializó en la sesión de este lunes que el caso pase a esa comisión y recibió una carta del edil nacionalista en la que pedía, precisamente, que su caso sea analizado. Esa carta fue remitida al organismo de forma urgente.

Los blancos no quieren que el análisis de lo ocurrido se demore por lo que en el directorio se sugirió que Blás sea convocado esta misma semana a la Comisión de Ética para dar sus explicaciones, dijo a El Observador el diputado Pablo Abdala. "Nosotros entendemos que son temas que rápidamente tienen que tener solución", agregó la presidenta del directorio, Beatriz Argimón en conferencia de prensa luego de la sesión.El organismo no tiene un tiempo estipulado para expedirse pero necesitará de algunas semanas luego de tener el testimonio del edil para analizar documentación y llegar a una conclusión, que le será remitida al directorio.

En la carta, Blás afirma que "en las actuaciones de la DGI no ha estado ajeno el interés político de algunos actores", lo que entiende lo perjudicó a él y al Partido Nacional "de una forma no deseada". "A mis 48 años y con 35 de militancia partidaria lejos estoy de querer ocasionar a mi querido Partido Nacional perjuicio alguno. He dedicado mi vida a defenderlo sin fatigas ni renunciamientos como lo seguiré haciendo", escribió.

El directorio también resolvió que se realice una actividad para evaluar "los temas éticos teniendo en cuenta nuevas realidades del siglo XXI", dijo Argimón.



En la resolución emitida el 6 de julio por la Dirección de Rentas, se responsabiliza a Blas "por el IRAE e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación", según publicó el semanario Brecha el viernes 17.
A su vez, la DGI sancionó al empresario por con su esposa en una maniobra; al escribano José Luis Robatto, miembro Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle; Darwin Correa, edil nacionalista; y dos escribanas que son funcionarias municipales.

El organismo de contralor impositivo constató que los profesionales mencionados evadieron cerca de US$ 500 mil correspondientes al pago de IRPF e IVA.

Preparan escrito para ley sobre voto en el exterior

El directorio blanco también aprobó este lunes que el Centro de Estudios del Partido Nacional comience a elaborar el escrito para impugnar la ley que interpreta que los uruguayos en el exterior pueden votar, por considerarla inconstitucional, indicó Abdala. A su vez, la presidenta del directorio, Beatriz Argimón, se comunicará con representantes de los demás partidos de la oposición para que el recurso sea presentado en conjunto.

La ley fue aprobada en el Senado con los votos del Frente Amplio hace casi dos semanas y además de interpretar dos artículos de la Constitución relativos a la ciudadanía y el sufragio, crea una comisión que tendrá que elaborar un nuevo proyecto para instrumentar el voto fuera de fronteras.

Su aprobación no significa que los uruguayos que emigraron puedan votar, sino que habilita a que una comisión cree un nuevo proyecto. De todos modos, la oposición no lo apoyará y, por ende, no será aprobado en el Parlamento porque necesita dos tercios de votos.

Al recurso de inconstitucionalidad se le suma la propuesta del expresidente de la República y líder del sector colorado Batllistas, Julio María Sanguinetti, de impulsar un referéndum que haga caer la ley, a la que considera un "adefesio jurídico".

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