Bonomi volvió a culpar a los fiscales; esta vez por el robo a cajeros automáticos

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, volvió a responsabilizar a los fiscales de las dificultades que tiene la cartera para combatir el delito. Esta vez, el jerarca dijo en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, a la que asistió en la tarde de este jueves, que la policía tiene identificadas a cinco personas que roban cajeros automáticos mediante la modalidad de explosión, pero que no pueden detenerlas porque los fiscales no liberan las órdenes de captura necesarias para hacerlo.

El ministro, que llegó sobre las 13:40 horas al edificio Anexo del Palacio Legislativo, acompañado con el director Nacional de Policía, Mario Layera, se retiró sin dar declaraciones. Sin embargo, el diputado nacionalista Gustavo Penadés dijo al término de la reunión que una vez más Bonomi había alegado que existía una "descoordinación entre policías y fiscales" en los trabajos para combatir el robo a cajeros.

Por esta razón, Penadés solicitó que en los próximos días dé sus explicaciones en la comisión el fiscal de Corte, Jorge Díaz.

En total fueron explotados 47 cajeros automáticos desde que en noviembre de 2017, cuando se produjo el primer episodio en un terminal ubicado junto a un supermercado de Pocitos. Los delincuentes lograron hacerse con el dinero en 19 de ellos.

Hasta el momento, siete personas fueron condenadas, cuatro tienen orden de captura internacional (todos ellos son chilenos y se cree que volvieron a su país), cinco personas fueron imputadas por los robos y esperan en prisión preventiva para tener un juicio definitivo, cuatro están pendientes de ser imputados y cinco están identificados por la Policía pero continúan libres porque no se han librado órdenes de detención en su contra.

Asimismo, durante la reunión, Bonomi señaló que mientras que la policía analiza el fenómeno del robo de cajeros automáticos de forma global, los fiscales actúan de manera compartimentada, según su área de acción departamental. De esta forma, mientras que la policía destina a los mismos investigadores para estudiar el robo de un cajero sucedido en Montevideo o Maldonado, la fiscalía lo hace de forma separada.

En febrero la Policía detuvo en la Costa de Oro a seis chilenos que venían siendo investigados por su presunta participación en el robo de cajeros automáticos. Sin embargo, no fue por este delito que pudieron ser detenidos.

Sucedió que mientras la policía los vigilaba cometieron un hurto en un supermercado del balneario Bello Horizonte, lo que le dio a los efectivos el argumento perfecto para finalmente detenerlos y llevarlos ante la Justicia. Esa situación permitió que fueran enviados con prisión preventiva, acusados de robar un comercio, mientras se reunían pruebas para acusarlos de ser parte de la llamada banda del gas.

Bonomi explicó en la comisión que en aquella oportunidad la policía había pedido la captura de esos seis hombres por su participación en el robo de cajeros, pero la fiscalía no había accedido hasta que cometieron el error de asaltar un supermercado mientras estaban bajo vigilancia.

Estos seis hombres detenidos en febrero, y la mayoría de los que han sido llevados ante la Justicia por este tema, son de origen chileno, ya que fue desde allí que se introdujo esta modalidad en toda la región. Según había dicho Bonomi, Uruguay era el único país del continente en el que los bancos no tenían instaladas medidas de seguridad para prevenir este tipo de robo, lo que atrajo la atención de estos criminales internacionales.

Sin embargo, mientras operaban en Uruguay, entraron en contacto con delincuentes uruguayos que aprendieron cómo hacer explotar un cajero para llevarse grandes sumas de dinero. De hecho, la policía cree que en detrás de los casos en los que no lograron llevarse el dinero se trataba de locales que todavía no dominaban la técnica.

El pasado lunes 9 de julio, tras el Consejo de Ministros, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, anunció que las dos redes de cajeros Banred y RedBrou tendrían un plazo de 90 días para instalar el sistema de entintado en todas sus terminales.

El anuncio causó preocupación en la red de cajeros de bancos privados debido a los costos que puede suponer esta implementación. Asimismo aseguraron que ese mayor costo podría llevar a que hubiera menos cajeros a disposición de los usuarios.