Buenos y malos en las filas de Martín Pescador

El BROU es un banco, no una comisión de fomento. La UTE no es una empresa; es una administración.

El BPS se llama “banco” pero no es un banco, ni nada que se le parezca. El debate político ha girado esta semana sobre la fijación de las tarifas de energía eléctrica, sobre “solución” política de una probable ley para los cincuentones, y sobre el supuesto rol social de sucursales del banco más grande del país.

Los casos tienen un punto en común: son un boccato di cardinale para la demagogia. Que hay que mantener sucursales del República en todos lados porque no sólo son una red de intermediación financiera, sino que deben cumplir un rol social; que hay que bajar tarifas de electricidad en vez de subirlas, y que hay que dar una “solución” a los “cincuentones” cueste lo que cueste.

No es que quienes adhieran a esas posturas son todos demagogos, porque hay dirigentes políticos y sindicalistas que se sienten guiados por buenas intenciones y en atención a familias que pueden aparecer como perjudicadas. Pero el caso es que los temas y el enredo de argumentos simplificados, generan un caldo de cultivo para rebrotes demagógicos.

Veamos el caso del BROU, que está en una reestructura obligada por una nueva realidad tecnológica mundial en el mercado financiero. Hasta el otoño de 2002, para muchos uruguayos ese Banco de la República no era un banco como tal, sino una especie de “caja de auxilio”, y por eso se le exigía que “colaborara” con quienes precisaban. No importaba si la empresa tuviera un balance para hacerle merecedor de un préstamo, ni si contara con activos como para responder en caso de imposibilidad de repago. Había que prestar para fomentar la producción local y chau.

Lo mismo con la gente. ¿Cómo iba a exigir el repago de un préstamo a personas que no podían cumplir sus obligaciones? Algo similar pasaba con el Banco Hipotecario, del que se pretendía que fuera flexible para prestar para compra de casas a todo el mundo, y que fuera blando a la hora de cobrar. Eso sigue ahora con la discusión sobre los créditos otorgados en Unidades Reajustables, como si cambiar de moneda fuera algo tan sencillo.

La crisis de 2002 mostró que también los “gigantes” tambalean. Y ahí sí hubo preocupación sobre cómo el BROU manejaba el dinero de los ahorristas, a la hora de prestar a los tomadores de crédito. Entonces se comprendió que debía ser cuidadoso para prestar, y exigente para cobrar. Porque esa era la única forma de recuperar el dinero de los ahorristas.

Cuando se habla de la “función social” del BROU se hace como si el almanaque se hubiera salteado el 2002. Es un banco, no es el Mides.Podrá discutirse la magnitud y los tiempos de la reestructura, pero no su finalidad. Muchos de los que ya ni pisaban una sucursal, ahora ni meten un pie en un cajero automático; usan tarjetas y transferencias por web.

Postergar la reestructura, traería lamentos más adelante.

Otro tema es el de UTE y lo generoso que se han puesto los gerentes del ente. Algunos de ellos se creen que trabajan en “una empresa” y que no es “una administración”. Si UTE fuera una empresa, varios de ellos no tendrían el cargo que ocupan, ni estarían en la plantilla laboral. Eso corre para Antel, para ANCAP y para OSE. No son empresas, son –como su nombre lo dice, y como su estado jurídico indica- “administraciones de …”.

No tienen “precios de mercado”, sino que tienen “tarifas políticas”.Lo de “mercado energético” y otras expresiones similares son parte de una sanata que tiene décadas de arrastre. La interna del gobierno ha permitido que aflore otra versión de “buenos” contra “malos” y eso lleva a realineamientos en el oficialismo, como en el juego de “Martín Pescador”, unos detrás de una postura, y otros detrás de otra.

En la historia del país, las tarifas de estos entes fueron vistas por los gobiernos como parte de la globalidad de las finanzas públicas. Por algo se habla del “Resultado del Sector Público Consolidado”, que desde junio de 2014 está en un déficit equivalente a 3,5% a 4% del total de la economía.

Es claro que el costo energético de Uruguay es alto y debe bajar, pero para hacerlo hay que mirar al Estado “consolidado”, por lo que esa discusión debe incluir cuáles son los recortes de gastos necesarios para abatir el déficit.

Cada año, el Estado gasta más de lo que recauda. ¿Cuánto? Dos mil millones de dólares. ¿Y cómo se cubre eso? Con deuda. ¿Y hasta cuándo así? Hasta que haya que hacer un ajuste en serio. Es “una papa” plantear desde adentro del Estado que se bajen las tarifas o que se aumente determinado gasto, sin atender cómo se cubre eso y cómo se abate el déficit alguna vez en la vida.

No es una pelea de “buenos” contra “malos” como aparece en los medios.

En el otro caso, hay que recordar que el BPS ni es un banco, ni es fuerte, y que para hacer frente a sus pagos debe recibir una buena parte de lo que se recauda por IVA. El Parlamento discute un proyecto supuestamente hecho para proteger a los “cincuentones”, que entraron al régimen de ahorro individual a la mitad de su vida laboral, y que si se jubilan a los 60 años o poco más, cobrarán menos de lo que recibirían si lo hicieran por el régimen previo a la reforma de 1995.

Esa “solución” es altamente costosa para el Estado pero además engañosa para los perjudicados, porque al forzar el cálculo por uno y otro sistema, a la edad de cincuenta y pico, pueden caer en un error y tener un resultado contrario al buscado.

Economía procura amortiguar el golpe de una ley que amenaza las cuentas fiscales y la suerte de muchos cincuentones, pero el PIT-CNT y legisladores afines a esa postura, quieren apurar la votación del texto original, porque tienen una motivación especial de herir al régimen de AFAP.

Tienen derecho a estar contra ese sistema, pero deberían decir que impulsan esa ley por ese motivo y no por un beneficio aparente a otros. En los tres casos, la opinión pública recibe el impacto de una pelea entre “buenos” y “malos”, o entre “generosos” y “avaros”, sin considerar que hay otra línea divisoria que es la de la responsabilidad.

Si el equipo económico calla en aras de la unidad interna, no sólo habrá fallado en su comunicación con la gente, habrá entregado mucho, y ese costo político que puede pagar hoy Astori y su entorno, será costo económico para la sociedad toda.