Opinión > EDITORIAL
Cambios para mayor seguridad
Se precisan recursos para que la Fiscalía pueda ser más veloz y la policía pueda ser más eficaz
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21 de mayo de 2018 a las 05:00
Mayor celeridad judicial y ampliar garantías a los policías para actuar contra la delincuencia son puntos claves para mejorar la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y la coordinación más eficaz entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Los cambios están contenidos en el proyecto de ley preparado por ese ministerio, luego de la conmoción creada por la precisa disección de la inseguridad pública hecha por el jefe nacional de Policía, Mario Layera.
Son metas urgentes de concretar, arbitrando recursos financieros y superando objeciones conceptuales, si se quiere dar respuesta a los justos reclamos de una población agobiada por el temor. La demora en las investigaciones por los fiscales y las normas más garantistas contenidas en el CPP resultan en que algunas personas tienen resquicios para no ir a prisión.
El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, señaló que en los seis meses de vigencia del CPP el número de presos bajó en 1.200, más del 10% del total, lo que, con una tasa de reincidencia de no menos del 50%, significa que quizá hay alrededor de 600 personas que podrían estar cometiendo delitos sin ser enjuiciadas. La causa central de esta anomalía es la escasez de fiscales, desbordados en la tarea exclusiva de investigar, que antes compartían con los jueces. El único fiscal de homicidios, por ejemplo, tiene en carpeta un centenar de casos, muchos de ellos de alta complejidad. Y la presidenta de la Asociación de Fiscales, Brenda Puppo, dijo que está investigando 188 casos pero tiene otros 688 en su bandeja de entrada que ni siquiera ha podido empezar a ver.
El inevitable atraso resultante y la bienvenida restricción de la prisión preventiva dispuesta en el nuevo código genera la peligrosa libertad temporal de algunos sospechosos de delinquir, en algunos casos conocidos narcotraficantes y delincuentes reincidentes. El CPP restringió la prisión preventiva para evitar el absurdo de que, hasta el año pasado, 69% de la población carcelaria estaba sin sentencia. La forma de solucionar esta inequidad y defender la seguridad ciudadana es darle a la Fiscalía los recursos humanos y operativos para concluir más rápidamente sus investigaciones. Esto evitará el abuso de la prisión preventiva, como era norma bajo el sistema anterior y como ahora pide el Ministerio del Interior pero objetan con razón muchos expertos.
Los jueces, a su vez, podrán acelerar sus sentencias, en tanto corresponde a la Suprema Corte de Justicia pronunciarse lo antes posible sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por abogados defensores como estrategia para demorar juicios y mantener a acusados en libertad. Entre otros muchos puntos del proyecto de esa cartera se reclama “un fuerte respaldo legal” a la Policía, traducido en garantías sólidas de que podrá combatir mejor el delito sin que sus efectivos estén expuestos a castigos. Las limitaciones actuales llevan a que muchas veces los policías restrinjan sus acciones ante la delincuencia. Pero esas garantías no pueden dar lugar al “gatillo fácil”.
Estas garantías incluso toman precedencia sobre los reclamos de muchos sectores de que se incorporen efectivos militares al control de la seguridad interna. El CPP supuso un cambio valioso al pasar la justicia penal de un anacrónico sistema inquisitorio a otro acusatorio. Pero su implementación, como era lógico, ha mostrado algunas deficiencias que es necesario reparar sin demora para que el nuevo código no solo mejore las garantías del proceso sino que dé seguridad a la población.
