Cárceles pasarán a la órbita del Ministerio de Educación a partir de 2021

El gobierno envió un proyecto al Parlamento que fue acordado con la oposición hace dos años

Tras el momento de máxima tensión que se vivió el pasado viernes en la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar) con un motín con tres policías como rehenes, el Poder Ejecutivo concretó una iniciativa que desde hace varios años estaba en la órbita del Frente Amplio.

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el organismo que rige las cárceles, se transformará en un instituto descentralizado que dependerá del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) con el objetivo de poner énfasis en la intervención psico-socio-educativas de las personas privadas de libertad en caso de que se apruebe el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento este lunes. Ese pasaje se concretará a partir de febrero de 2021, según dice el texto del proyecto.

La idea del gobierno es incluir a las familias en el proceso de pre egreso del centro penitenciario y brindar herramientas que contribuyan a la reinserción social con el fin de evitar la reincidencia, agrega el proyecto al que accedió El Observador.

Para eso el proyecto de ley crea el Consejo de Familiares de Personas Privadas de Libertad y el Consejo de Personas Privadas de Libertad. El primero será una "estructura de apoyo" al trabajo de rehabilitación para incidir en el bienestar de los presos además de participar de diferentes actividades que se desarrollen con los propios presos. El segundo será, en caso de que se apruebe la ley, una organización que recibirá de parte de los presos "propuestas e inquietudes relativas a la convivencia cotidiana" dentro de las cárceles.


Uno de los motivos que motivó el motín del viernes en la cárcel de Santiago Vázquez fue el reclamo de los presos por mejores condiciones de reclusión. La demora en el reparto de comida y la presencia de ratas eran algunos de los reclamos.

"Con el presente proyecto se aspira a que por primera vez en nuestro país, se establezca un marco legal de tratamiento integral para la rehabilitación de las personas privadas de libertad, que tenga como base fundamental el respeto a los derechos humanos de todas aquellas personas que por diferentes razones, se encuentran vinculadas al quehacer penitenciario", dice el proyecto de ley.

La idea de pasar el INR del Ministerio del Interior al MEC había sido acordada en julio de 2016, por iniciativa del gobierno, cuando el presidente Tabaré Vázquez convocó a representantes de todos los partidos políticos para discutir sobre seguridad pública en Torre Ejecutiva. Sin embargo, esta idea no es nueva en los gobiernos del Frente Amplio.

El exministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro (1942 – 2016), planteó en 2012 que las cárceles tenían que pasar al MEC para cumplir con su rol de rehabilitación. "El Ministerio del Interior se está haciendo cargo de un viaje de arena gruesa del que no tendría por qué estar haciéndose cargo", dijo en octubre de ese año.


En un sentido similar se expresó el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, cuando los partidos políticos acordaron esta iniciativa. "El Ministerio del Interior tiene una naturaleza de represión y prevención de delitos por lo que se necesita una nueva institucionalidad con formato jurídico de servicio descentralizado", dijo.

El proyecto del gobierno también prevé la creación del grupo de trabajo que llevará adelante el proceso de transición hacia la descentralización del INR. Esa comisión estará integrada por cinco miembros designados por el Ministerio del Interior y el de Educación y comenzará a funcionar una vez aprobado el proyecto.

El INR fue creado en 2010 para hacerse cargo de las cárceles que hasta entonces estaban bajo la órbita de la Dirección Nacional de Policía. Ese pasaje se concretó totalmente recién en 2015.

Sistema penitenciario nacional

La iniciativa del gobierno también prevé la creación de un Sistema Penitenciario Nacional que se define como el conjunto normativo y de estructuras de gestión que regula el tratamiento que deben recibir las personas sometidas a un proceso judicial o que ya estén cumpliendo una pena. Esto también incluye a aquellas personas que estén realizando medidas sustitutivas a la privación de libertad.


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