Danilo Astori, el economista liberal del que desconfían los sectores más radicales del Frente Amplio, el "tecnócrata" al que muchos de sus compañeros le achacan una sospechosa sensibilidad con el sistema bancario, el más moderado de los moderados de la coalición gobernante. Ese mismo Astori, está corriendo por izquierda al MPP mujiquista y a otros sectores del FA que se oponen, con diferentes argumentos, a la propuesta del ministro para terminar con el privilegio de las jubilaciones militares que le cuestan US$ 450 millones de dólares por año al Estado.
La defensa de esta sangría de recursos es impulsada mayormente por el Movimiento de Participación Popular (MPP), un sector en el que la antigua convivencia cuartelera entre verdugos y verdugueados parece haber cultivado una ambigua relación amistosa y de confianza mutua.
Resulta extraño escuchar al moderado Astori tratando de explicarle a sus compañeros más radicales que las prerrogativas aprobadas para los jubilados durante la
dictadura son injustas. Y que la plata que se llevan los uniformados podría ser repartida en salud y en educación.
El régimen jubilatorio vigente desde 1974 –pensado para amparar a los combatientes contra la por entonces ya extinguida guerrilla tupamara- permite a los uniformados pasar a retiro con 20 años de servicio y menos de 50 años de edad.
Además, cada año de trabajo en el exterior de los uniformados se les computa doble, cobran como jubilación el 100% de su sueldo, reciben aguinaldo y, cuando mueren, buena parte del cobro de sus haberes es heredado por su familia. También pueden jubilarse con un grado mayor al que ostentan en el momento de su retiro.
Los de mayor rango, incluso aquellos presos por graves violaciones a los derechos humanos, se llevan más de $100 mil pesos cada mes. Con tantos beneficios, la caja es deficitaria y, por tanto, cada año los civiles tienen que compensarla con US$ 450 millones de dólares.
Pero pasaron 13 años de gobierno frenteamplista y nadie se animó a meterle mano a la
caja militar. Ahora, el moderado Astori, el ministro al que la "izquierda-izquierda" le ha cobrado cada gesto conservador, se puso a la cabeza de esa pelea.
Los antecedentes ideológicos de las partes en pugna hacían presuponer que el Frente Amplio reaccionaría rápidamente ante los privilegios de un grupo de poder que se cebó con la izquierda en la violenta década de los 70.
Sin embargo, los que, cada vez que pueden, proclaman que lo político está por encima de los jurídico dicen que la reforma puede tener visos de inconstitucionalidad. Aquellos a los que le costó muy poco aprobar un aumento del IRPF para los trabajadores que ganan $35 mil pesos, dicen que está mal meterse con los derechos jubilatorios que se están generando dentro de los cuarteles.
Se estima en unos 23 mil los uniformados que revisten en las Fuerzas Armadas. Los que perciben jubilaciones rondan los 49 mil. Las cifras, además de exhibir el motivo del déficit, revelan que la familiar militar es un botín electoral nada desdeñable.
Cuando la "izquierda-izquierda" se le venga arriba para exigirle impuestos al patrimonio, a las herencias o a las inversiones, Astori les podrá señalar el cofre de recursos que, por motivos que suenan a excusa, no se están animando a abrir.