CFK, lejos de la cárcel

Aunque procesada con pedido de prisión, es improbable que Cristina Fernández de Kirchner termine en la cárcel. La casi totalidad de los principales jerarcas de su gobierno están tras las rejas, por acumuladas evidencias de fastuoso enriquecimiento ilícito y otros actos de corrupción masiva a expensas del Estado y de toda la sociedad argentina durante los 12 años de kirchnerismo. Incluyen al exvicepresidente Amado Boudou, al que fuera todopoderoso ministro Julio de Vido, a su segundo José López (el de las bolsas nocturnas con millones de dólares en un convento), a Lázaro Báez, al exjefe del Ejército César Milani y a otras muchas figuras del régimen del matrimonio Kirchner. De esa primera plana de encarcelados han zafado hasta ahora el exjefe de gabinete Aníbal Fernández, a quien se vincula con el narcotráfico por la efedrina y otras irregularidades, y la expresidenta.

Pero el caso de CFK es diferente al de sus caídos jerarcas. El juez Claudio Bonadio pidió su desafuero parlamentario para ponerla en prisión por la menos clara de las seis causas en que está imputada y procesada en dos, incluyendo millonarias trapisondas con fondos públicos. La acusa de traición a la patria por el pacto de su gobierno con el de Irán que, según se denuncia, aseguró impunidad a presuntos responsables iraníes del atentado a la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos y cientos de heridos hace más de dos décadas. Pero ese delito solo puede aplicarse en tiempos de guerra, a lo que se agregan otras objeciones jurídicas fundamentadas en la estructura institucional argentina.

Por otra parte, la banca de senadora que acaba de asumir le confiere fueros que impiden su encarcelamiento. No parece probable que el Senado, pese a que el debilitado kirchnerismo ha quedado con unos pocos votos, acceda a levantarle los fueros, como hicieron los diputados con De Vido. Aunque muchos legisladores quieren ver a CFK en prisión, al gobierno del presidente Mauricio Macri no le entusiasma la idea de convertir a la expresidenta en perseguida mártir política. Le conviene más dejar que su desprestigiada imagen siga diluyéndose en el Senado, como ha ocurrido con otro expresidente, Carlos Menem. Y Macri necesita además mantener el respaldo del otro bloque parlamentario principal, el del peronismo tradicional, a fin de sacar adelante sus planes de reforma para encarrilar un país destrozado por el kirchnerismo. Dentro del peronismo, aunque ha abandonado en masa a la expresidenta, muchos son renuentes a quitarle los fueros.

De todos modos, la iniciativa del juez Bonadio deja consecuencias saludables para Argentina aunque no prospere el encarcelamiento de Fernández de Kirchner. Por un lado, la posición del gobierno de Macri de no favorecer formalmente el envío de la expresidenta a la cárcel afirma las perspectivas de que sus reformas prosperen con apoyo de los gobernadores y legisladores peronistas y del poderoso movimiento sindical. Y por otro, se profundiza la percepción popular de que el sistema judicial, renuente antes en su mayoría a actuar contra el kirchnerismo, ha cambiado drásticamente de rumbo. Muestra ahora diligencia –sorpresiva por su rapidez poselectoral– en castigar la corrupción, reduciendo el riesgo de que se repita el caso de los muchos miles de millones de dólares que terminaron en los bolsillos de los capitostes kirchneristas y llevaron al país al empobrecimiento y el descrédito internacional. l