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Cinco claves para entender la denuncia contra el intendente Bascou por conflicto de intereses

Los ediles del FA acusan al jefe comunal de Soriano de comprar combustible para la comuna en estaciones que eran de su propiedad
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22 de septiembre de 2017 a las 12:13

El intendente de Soriano, Agustín Bascou, pasa por un momento complicado. Primero fue denunciado, en febrero, por librar cheques sin fondo por US$ 415 mil. Esta semana, además de tener que declarar ante la Justicia penal por esa denuncia, la bancada de ediles frenteamplistas de Soriano lo acusó de violar la Constitución por comprar combustible para la comuna en dos estaciones de servicio de las que fue propietario hasta febrero de este año.

A continuación, cinco preguntas y respuestas sobre ese nuevo caso que complica la situación política de Bascou, y le suma críticas desde su propio partido.

¿Cuál es la denuncia contra Bascou?

La bancada de ediles del Frente Amplio en Soriano acusó al intendente de haber "intervenido como director y administrador de una empresa que contrata suministros con la intendencia".

Bascou era dueño hasta febrero pasado -según declaró- junto con su esposa de la empresa Radial Mercedes Limitada, que, entre otros negocios, incluía dos estaciones de servicio en la capital de Soriano.

La denuncia de la bancada frenteamplista señala que la intendencia gastó $ 14.139.000 en esos dos comercios entre julio de 2015 y diciembre de 2016, según información recabada por ANCAP luego de un pedido de informe del diputado del Frente Amplio Enzo Malán.

¿Cómo funciona la compra de combustible?

La comercialización del combustible se realiza a través de un acuerdo entre la Intendencia de Soriano y ANCAP. Por contrato entre ambos, el ente abastece de combustible a los vehículos de la comuna, así como lo hace con otros organismo públicos, a través de una red de estaciones en todo el país incluidas en el Sistema de Control Vehicular (Sisconve).

Ese sistema permite controlar de manera informática y satelital cada carga de combustible de los vehículos departamentales.

A través de Sisconve, distintos organismos del Estado tramitan ante Cuentas Oficiales de ANCAP órdenes de compra según el tipo de combustible. Esas órdenes se integran a un crédito abierto en las estaciones adheridas y al cabo de cada mes ANCAP factura "de forma automática" a cada organismo "los litros efectivamente consumidos, referenciando la orden de compra", detalla ANCAP en su respuesta al diputado Malán.

¿Qué dice la Constitución?

El artículo 289 establece que "el intendente no podrá contratar con el gobierno departamental" y que el cargo "es incompatible" con "cualquier situación personal que importe recibir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con el gobierno departamental".

El artículo 291, por su parte, expresa que los intendentes "no podrán durante su mandato intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el gobierno departamental, o con cualquier otro órgano público que tenga relación con el mismo". Tampoco podrán "tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el gobierno departamental".

La Constitución agrega que "la inobservancia de lo preceptuado en los artículos precedentes, importará la pérdida inmediata del cargo".

¿Cuáles son los argumentos en defensa de Bascou?

Desde el entorno del intendente se afirma que la actividad privada de Bascou no supone una violación a la Constitución.

El director de Jurídica de la Intendencia de Soriano, Andrés Ramírez, dijo en conferencia de prensa que el contrato entre ANCAP y la comuna viene de la administración anterior, a cargo de Guillermo Besozzi. "La Intendencia con Bascou no celebró ningún contrato y Bascou tampoco lo hizo con ningún otro organismo público que tenga relación con la intendencia", aseguró Ramírez.

El propio Besozzi salió en defensa de Bascou. Entrevistado por Visión FM de Fray Bentos, dijo que "con el Sisconve las intendencias no tienen más negocios con las estaciones de servicio, los tienen directamente con ANCAP" y que "las estaciones de servicio lo único que hacen es entregar combustible de un negocio que hicieron las intendencias con ANCAP".

Bascou también se acogió al argumento de que las compras de combustible eran a Ducsa y no a las estaciones directamente.

¿Qué sanciones le podrían caber?

Por un lado, la bancada de ediles del Frente Amplio está promoviendo un juicio político para apartar a Bascou del cargo. El órgano que tiene la potestad de hacerlo es el Senado, y para ello precisa previamente la acusación formal de la Junta Departamental de Soriano.

Ese primer paso requiere de un tercio de los votos de la Junta Departamental. En la Cámara de Senadores se necesitan dos tercios para resolver la pérdida del cargo.

Por otra parte, el artículo 161 del Código Penal castiga la conjunción del interés privado y público: "El funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR a 10.000 UR".

En otras palabras, el Código Penal no solo castiga a quien directamente busque un beneficio para sí, sino que también castiga la omisión de información acerca de un posible conflicto de intereses.

A su situación se le suma la investigación que realiza la Justicia por el presunto libramiento de cheques sin fondo en su actividad privada. A Bascou se le dio un plazo de 15 días acreditar que al momento de emitir los cheques tenía dinero para cubrirlos. En caso de que no logre probarlo, tiene la posibilidad de ser procesado por libramiento de cheques sin fondo y, si se probara que actuó con dolo, también podría recaer sobre él el delito de estafa.

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