Cinco leyes con el bolsillo flaco

Financiación, financiación, financiación. La palabra fue repetida durante las ocho horas de debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de vivienda popular presentado por Unidad Popular, que desde este martes de noche cuenta con media sanción. De hecho, la falta de financiación del proyecto fue el principal argumento de los legisladores del Frente Amplio (FA) que votaron en contra, e incluso esa falta fue reconocida por el diputado de la Liga Federal, Darío Pérez, único oficialista que dio su voto afirmativo.

"Ni Mandrake genera soluciones de vivienda sin recursos", dijo, por ejemplo, el representante del MPP Alejandro Sánchez. La bancada del FA ya había manejado, junto con autoridades del Ministerio de Vivienda, el problema de la financiación de la ley, que pretende la construcción de nuevas viviendas a través de un Fondo Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública, solventado por Rentas Generales y el pago de los beneficiarios del plan, que apunta a familias de ingresos menores de $ 77 mil nominales. En ese encuentro, jerarcas de la cartera plantearon que están "limitados" por la falta de recursos.

Ese panorama de un proyecto que de convertirse en ley parecería no tener una billetera de la que alimentarse, no pareció ser un problema para el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, su impulsor. "Cuando se encomienda al Ejecutivo a hacer los máximos esfuerzos para llegar al 6% del PBI en educación, ¿eso qué es?", preguntó en el Parlamento.

Puede que la pregunta de Rubio escondiera otra: ¿el financiamiento es un problema real a la hora de aprobar un proyecto de ley? Con cada propuesta de Presupuesto o Rendición de Cuentas, esa pregunta parece reeditarse.

Tal vez un ejemplo claro de proyecto aprobado pese a la falta de financiamiento, y el último en debate, sea el de la ley integral de violencia contra la mujer basada en género. La Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación ya anunciaron que no tienen dinero suficiente para aplicarla cabalmente. Pero no esa no es la única ley sin plata que la respalde. A continuación algunas muestras de prueba:

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) fue la primera en pegar el grito: la nueva ley integral de violencia basada en género requiere de una cantidad de recursos sin los cuales será de difícil implementación. El ministro del máximo órgano de la Justicia, Jorge Chediak, dijo cuando todavía era su presidente que los jueces carecen de tiempo y de "recursos" monetarios y humanos como para implementar la ley.

Ese punto fue reiterado por la actual presidenta de la SCJ, Elena Martínez, durante su asunción el 1 de febrero. La jerarca aprovechó la oportunidad para recordar que la creación de juzgados especializados que dictamina la ley votada en diciembre de 2017 es inviable por ahora desde el punto de vista económico. Por su parte, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo en entrevista con El Observador que le preocupa su implementación porque tampoco cuentan con los recursos necesarios.

Fue uno de los cambios más importantes en la historia de la Justicia uruguaya. La puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) implicó pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, con audiencias públicas y orales e investigaciones lideradas por fiscales y no por jueces. Pero su entrada en vigencia estuvo colmada de discusiones y prórrogas en las que hubo una cuota de problemas de presupuesto.

El nuevo sistema necesita más recursos humanos y materiales para los que los presupuestos de los órganos de la Justicia (Fiscalía y Poder Judicial) son limitados. El CPP iba a ponerse en marcha a principios de 2017 pero las audiencias orales se postergaron porque eran su punto más costoso. Luego se previó para julio de ese año y, por ajustes a la normativa, debió comenzar a aplicarse en noviembre. A varios meses de estar siendo aplicado, el presupuesto sigue pasando factura, especialmente en materia de recursos humanos.

Si con alguien la legislación uruguaya tenía un debe, fue con los pacientes psiquiátricos. La última ley vigente era de 1936 y fue la responsable de que cientos de personas quedaran institucionalizadas en colonias psiquiátricas y en el hospital Vilardebó, sin posibilidad alguna de reinsertarse en la sociedad. El Parlamento aprobó en agosto de 2017 una nueva ley de salud mental con una perspectiva que apunta al cierre de los centros psiquiátricos y a que los pacientes sean, de a poco, lo más independientes que puedan. Pero llegar a eso que plantea la ley no es para nada barato.

Se deben crear nuevos centros -denominados "casas de medio camino"- y cerrar las colonias existentes, algo que estaba previsto para 2020 pero que finalmente se hará en 2025. Con el problema de la financiación en mente, el ministro de Salud, Jorge Basso, dijo a legisladores un mes antes de ser ley que era necesario trabajar con el sistema público y privado para que fuera viable.

Fue la gran bandera del presidente Tabaré Vázquez, durante la campaña electoral y cuando asumió su segundo gobierno. Tener un Sistema Nacional de Cuidados pensado para niños, ancianos o personas con alguna discapacidad era una de las principales prioridades y todo apuntaba a que eso se iba a reflejar en el presupuesto asignado cuando fuera ley. El problema llegó cuando el gobierno debió ajustar las finanzas y le quitó $ 400 millones por año.

Si bien el secretario nacional de Cuidados, Julio Bango, dijo durante la presentación de su último informe annual que el sistema "va a todo vapor", hubo que hacer algunos ajustes. Se preveía contar con $ 1.206 millones para 2015 y $ 2.235 millones para 2017, pero con los recortes pasó a recibir $ 806 mil en su primer año y $ 1.835 en el segundo. Pese a tener menos dinero, el objetivo para 2020 es atender al 60% de las personas en situación de dependencia.