Colibríes de alas rotas: qué pasó a tres años del plebiscito para bajar edad de imputabilidad

Mientras en la sede de la Comisión No A la Baja los jóvenes festejaban entre colibries de papel, abrazos, aplausos y baile, en la sede de la Comisión Para Vivir En Paz, los impulsores del plebiscito que pretendía bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años para delitos como homicidio, rapiña, violación, secuestro y copamiento, asumían la derrota en silencio.

Aquel 26 de octubre de 2014, 1.100.000 uruguayos apoyaron el plebiscito, pero no fueron suficientes para concretar una reforma constitucional para la que se necesitaba la mitad más uno de los votos.

Sin embargo, la importante adhesión que mostró la propuesta, incluso antes de que llegara el día de la votación, llevó a que sus detractores señalaran la necesidad de dar respuestas al tema de los adolescentes infractores.

La coordinadora de la comisión No a la Baja, Fabiana Goyeneche, señaló en una entrevista realizada en el programa En Persepectiva a pocos días de la votación, que se estaba analizando el futuro de ese movimiento, sin descartar la posibilidad de presentar propuestas en materia de seguridad, pero señalando que la responsabilidad corría por parte del sistema político. "Como movimiento queremos evaluar qué posibilidades tenemos de aportar a la sociedad, sea en materia de seguridad, sea en materia de convivencia, en adolescencia, en lo que fuere", señaló.

Sin embargo, tres años y tres meses después tanto el grupo que impulsó el plebiscito como el que se oponían a él se desintegraron, sin llegar a presentar nunca propuestas sobre temas de seguridad ni adolescencia. El entonces coordinador del movimiento No a la Baja, Federico Barreto, dijo que nunca estuvo en los planes del grupo presentar propuestas, sino que el foco estaba en impedir que los impulsores del plebiscito cumplieran su objetivo.

Además, las caras visibles de esa movida ocupan hoy cargos de gobierno y tienen restricciones para seguir trabajando en el tema. Barreto es director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), y Fabiana Goyeneche, vocera del grupo, es directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo.

En tanto, por parte de la Comisión Para Vivir en Paz, los dos coordinadores –el colorado Fitzgerald Cantero, y el nacionalista Gustavo Borsari–, asumieron cargos de responsabilidad en el Estado que los alejaron del tema de la minoridad infractora. El primero asumió como director del Banco de Seguros del Estado por de la oposición y el segundo en la Agencia Nacional de Vivienda, ambos en 2015.

La primera vez que el Partido Colorado –desde donde partió la iniciativa– se propuso reunir firmas para convocar un plebiscito de baja de edad de imputabilidad fue en 2010. En aquel entonces, había 319 menores privados de libertad y en apenas un año se registraron 772 fugas de centros de detención, entonces a cargo del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU).

El trabajo para reducir las fugas comenzó a tener un resultado inmediato y, para 2014, año del plebiscito, el número de menores en centros de detención había crecido hasta la cifra record de 689, pero las fugas habían descendido hasta 39.

Sin embargo, desde entonces el número de menores privados de libertad ha ido disminuyendo hasta los 340 de 2017 al igual que lo hicieron las fugas. El último año se registraron 14 .

Según explicó la directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Gabriela Fulco, no están claras las razones de esta caída en el número de internos. De todos modos opinó que una posible explicación puede ser que esté dando resultados la acción del Ministerio de Desarrollo Social en atender a los jóvenes en barrios más carenciados.

Sin embargo, el número de asuntos penales iniciados con participación de menores creció por tercer año consecutivo en 2016 (último dato disponible) respecto a 2015 (de 2.516 a 2.798). Los adultos fueron 48.204 en 2016 y habían sido 40.588 en 2015.

Por otro lado, la participación de los menores en el total del crimen del país bajó en 2016. Según datos del Poder Judicial, en 2016 de cada 100 causas penales iniciadas, en cinco había participación de menores, una caída respecto a 2015 cuando de cada 100 causas en seis había un menor involucrado.

De todos modos, para el senador colorado y principal impulsor del plebiscito, Pedro Bordaberry, en el futuro debería volverse a analizar la necesidad de bajar la edad de imputabilidad.

A pesar de que el número de jovenes en prisión viene bajando desde 2014, Uruguay sigue siendo el país de la región con el índice de prisionización de menores (cantidad de adolescentes privados de libertad cada 100 mil menores) más alto de la región: 52,5. Le siguen Perú con 36,1, Brasil 35,1 y Chile 33,9, según datos de Unicef.

Según explicó la responsable de protección de Unicef en Uruguay, Lucía Vernazza, esto ocurre porque en Uruguay se "privilegia la privación de libertad" en lugar de las medidas educativas en libertad, que, según dijo, está probado que son "mucho más efectivas" para rehabilitar a un menor infractor.

De hecho, la ley 19.055, que fue votada en 2013 en el marco de un acuerdo político en plena discusión sobre el plebiscito que pretendió bajar la edad de imputabilidad, hizo que, a juicio de Verazza, el sistema de justicia de los menores priorice más el encarcelamiento que el de adultos, lo que viola la Convención de Derechos del Niño al que Uruguay suscribió en 1990.

Esta norma obliga a los jueces a disponer al menos un año de encierro para aquellos adolescentes que cometan delitos graves como rapiña, violación, homicidio, secuestro, entre otros.

Si bien la justicia penal de adultos sanciona con más años esos crímenes, desde la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, la prisión preventiva debe ser una excepción que solo se aplica si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la prueba.

Como esta ley no fue derogada una vez que se aprobó el nuevo código del proceso, una rapiña puede terminar con el implicado menor encerrado ni bien es detenido, y con el adulto con medidas sustitutivas a la prisión.

El abogado Martín Fernández del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), dijo que Uruguay ha sido observado por organismos internacionales por esta situación. "Se deben generar herramientas adecuadas para tratar con menores. No es impunidad, no es que no pase nada, pero es un sistema especial que dé atención educativa", agregó. "Desde 2011 ha habido un retroceso en cuanto al proceso penal adolescente, y ha sido observado por los comités que Uruguay se obligó a respetar. Estamos exigiendo a los adolescentes respetos a la ley y es el Estado el que no obedece a los comités a los que suscribe", dijo.

Las autoridades del Inisa tienen como objetivo lograr que los menores con medidas no privativas de la libertad superen en número a los encarcelados, tal cual lo pide la Convención de Derechos del Niño y el Adolescente. Para eso, trabajan junto a Unicef en la elaboración de un protocolo sobre qué tipo de medidas, que no sean el encarcelamiento, pueden aplicarse según tipo de delito.

Según explicó Fulco, se generará una oferta de alternativas, por lo que el organismo está en conversaciones con municipios, Primaria y Secundaria, para que puedan pintar escuelas, bancos de plaza u otras actividades que sean "reparadoras", al tiempo que tengan un efecto positivo en la reeducación.

Agregó que actualmente unos 90 jóvenes ya están cumpliendo penas alternativas a la prisión dispuestas en la órbita del Inisa, a lo que se suman otros que participan de actividades con organizaciones sociales y cuyo número no supo precisar.

Vernazza, quien también trabajó en la elaboración de este protocolo, dijo que "la privación de libertad debería reservarse para aquellos delitos que son realmente gravísimos como homicidios o violaciones, mientras que el resto deben ser tratados en libertad, con trabajo comunitario o libertad asistida porque tienen mejor resultado. Privar de libertad a un joven es llevarlo a una escuela del crimen", concluyó.

Con la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal el tiempo que un menor puede pasar en prisión preventiva mientras se estudia su caso a la espera de un juicio pasó de 90 días a 150. Para la responsable de protección de Unicef, Lucía Vernazza, esto es un problema porque deja a los menores en un "limbo", ya que no se les puede dar un plan educativo y de reconocimiento de un crimen por el cual todavía no fueron responsabilizados por la Justicia.

Además, los menores son enviados al Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación (Ciedd), un edificio construido en 2015 que Vernazza calificó como "el infierno en la tierra". La directora del Inisa, Gabriela Fulco, reconoció que el diseño de ese edificio "es nefasto", porque los habitáculos son pequeños y sin ventanas. El 4 de enero un menor se suicidó tras 15 días encerrado en el Ciedd.