Las investigaciones en torno a crímenes cometidos durante la dictadura pasaron desde este viernes 23 a tener una fiscalía especializada. El fiscal Ricardo Perciballe es el representante del Ministerio Público que lidera la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, en la que se comenzará a tratar todas las denuncias realizadas sobre delitos de ese período histórico.
Perciballe reafirmó su posición sobre que esos delitos son imprescriptibles y dijo que esa será la posición que asumirá todo el equipo, integrado también por las fiscales Silvana Irureta como adjunta y Mariela Suárez como adscripta. "Tener una fiscalía que permita sistematizar investigaciones y tener una posición jurídica única siempre es positivo para este tipo de causas. Voy a trabajar junto al equipo conformado que son personas interesadas y comprometidas para que las causas avancen", dijo Perciballe en rueda de prensa.
Si bien la nueva fiscalía manejará un único criterio de investigación, Perciballe señaló que por ahora todas las denuncias que tienen fueron realizadas cuando regía el Código del Proceso Penal (CPP) anterior, lo que significa que deberán trabajar en las investigaciones junto con los jueces –que son quienes las lideraban en el sistema anterior-. "El Ministerio Público va a ser un impulsor de las investigaciones pero son compartidas", aclaró. Solo en caso de que se realicen nuevas denuncias será el fiscal quien lleve adelante las investigaciones sobre esos delitos porque, ahí sí, serán ingresadas en el marco del nuevo CPP.
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Por su parte, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, destacó durante la ceremonia que hasta ahora se ha "incumplido" con la responsabilidad "de perseguir los crímenes y delitos cometidos durante ese período". "Necesitamos cumplir con el mandato jurídico y con aquellas personas que hoy esperan mucho de verdad y mucho de justicia. Este es un intento de llegar a esa verdad y a esa justicia de que el Estado tenga por primera vez una política pública de persecución real de estos delitos", dijo. El jerarca señaló que hay más de 200 causas "a lo largo y ancho de todo el país", con criterios para la investigación que son diferentes y pruebas dispersas, que han generado obstáculos, "junto a las permanentes y consecuentes maniobras dilatorias de los investigados para poder llegar a esa verdad y esa justicia".
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