Condena carcelaria de la ONU

Las pésimas condiciones en los centros de reclusión constituyen un viejo bochorno reiteradamente denunciado y que Naciones Unidas acaba de censurar en un lapidario informe. Luego de una inspección realizada por primera vez en el país en diferentes lugares de detención durante 11 días, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) del organismo mundial denunció "con especial preocupación" el sistema de reclusión de adolescentes porque no asegura su "rehabilitación y educación". El jefe de la delegación del SPT, Felipe Villavicencio, señaló que "Uruguay debe mejorar las condiciones de vida, en ocasiones deplorables e insalubres, en algunos centros de detención" e instó al Estado "a destinar los recursos financieros y humanos necesarios para garantizar que los privados de libertad sean tratados de conformidad con los estándares internacionales".

Las previsibles conclusiones del SPT culminaron sus recorridas por cárceles en diferentes puntos del país, comisarías, centros de internación de adolescentes y unidades psiquiátricas, que incluyeron entrevistas individuales con personas confinadas en esos lugares, así como con funcionarios del sistema y autoridades del gobierno. Confirmaron el estado denigrante en que funcionan muchas de esas instituciones, tanto en el caso de centros de adultos como de adolescentes. Una presumible excepción es la nueva penitenciaría moderna de Punta Rieles, parcialmente a cargo de privados como único resultado significativo de la postergada ley de Participación Público Privada (PPP), así como algunas cárceles de baja seguridad en el interior.

Pero en el caso de adultos, constataron la situación especialmente grave que se vive en los hacinados penales Comcar y Libertad, centros de recurrentes hechos de violencias, motines, drogadicción y asesinatos entre los reclusos. En los centros de adolescentes se ha informado oficialmente de una disminución a la mitad de los jóvenes recluidos. Pero siguen ocurriendo hechos violentos entre ellos y con los funcionarios encargados de su custodia, a lo que se agrega un permanente enfrentamiento entre el sindicato y las autoridades del Sirpa, con denuncias cruzadas de excesos e ineficiencias de gestión.

La situación no es fácilmente corregible. Por un lado, la escasez de recursos fiscales impide asignar las partidas necesarias para construir más cárceles modernas, sin congestionamiento de reclusos y con programas efectivos para educar y tratar de rehabilitar a personas socialmente rescatables, una incumplida meta de la Constitución que hasta ahora virtualmente solo existe en el papel. Por otro, la guardia en los penales sigue a cargo de efectivos policiales en gran parte inadecuados para la función. Desde hace años ronda en un indeciso limbo oficial la conveniencia de que las guardias penitenciarias estén a cargo de un personal especializado, separado de la Policía. Y en los establecimientos para menores no solo son frecuentes los disturbios sino que se denuncian excesos represivos por un lado y agresiones a funcionarios por otro, mientras persisten inefectivos los programas de recuperación de los jóvenes internados. Las advertencias contenidas en el informe del SPT agregan poco de nuevo. Pero no puede ignorarse esta nueva condena de Naciones Unidas a nuestro sistema penitenciario.