Consecuencias de un pobre manejo fiscal

La incapacidad del gobierno para adecuar el gasto público a los ingresos pone en la cuerda floja su crucial meta anunciada de abatimiento del déficit fiscal. Es un espejismo pensar que el crecimiento de la economía en el entorno del 3% este año y el próximo soluciona las graves dificultades que enfrenta el país, derivadas del arrastre de problemas estructurales. Los peligros que nos sobrevuelan fueron precisados en una conferencia de Ernesto Talvi, director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). Advirtió contra la fragilidad del crecimiento actual por el encarecimiento en dólares de la región y flujo de capitales que no se invierten en áreas de producción sino que financian los desajustes fiscales del gobierno a cambio de altas tasas de interés.

Destacó el error gubernamental de mantener un nivel excesivo de gasto cuando el fin de una década de bonanza exportadora en 2013 redujo los ingresos, con el resultado de catapultar el déficit desde un manejable 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a cerca del 4%. Para calafatear el bache fiscal creado por la imprevisión de gastar más de lo que se tiene, el gobierno recurrió a tres ajustes con aumentos de impuestos y de desmesuradas tarifas de los servicios públicos, así como a reducir la inversión pública. Pero, como señaló Talvi, la fórmula fracasó y "el déficit fiscal es exactamente el mismo que teníamos hace dos años".

Incluso los técnicos que encuesta mensualmente El Observador sobre las perspectivas económicas opinaron en promedio que el actual déficit del 3,5% del PIB se mantendrá incambiado al cierre de 2018. La falta de acciones oficiales para corregir ese sostenido desequilibrio y el poco tiempo que le quedará antes de la vorágine electoral, cuando ningún gobierno se anima a la impopularidad de recortar gastos, tornan muy improbable que se cumpla el compromiso de bajar el déficit a 2,5% al fin del período. La situación trasciende el impacto sobre las castigadas condiciones de vida de la gente y la viabilidad del sector productivo. Las calificadoras de riesgo están siguiendo de cerca la evolución fiscal del país, y especialmente el costo final del caso de los cincuentones, para decidir si le mantienen el grado inversor a nuestro país.

Perderlo sería desastroso porque encarecería aun más el acceso a los mercados de crédito y ahuyentaría a inversores potenciales. Es una razón más para que el gobierno extreme de una vez por todas esfuerzos para restringir el gasto estatal, acompasándolo a sus ingresos genuinos en vez de recurrir a los nuevos mandobles de impuestos indirectos a las familias y las empresas a través de aumentos de tarifas de servicios que se anuncian a partir del 1º de enero. Una fuente más lógica y menos injusta de recursos fue la recomendación de Talvi de que, durante dos años, se atraigan inversores concediéndoles los mismos estímulos que a UPM, con baja en impuestos y tarifas, fondos públicos que complementen los privados y mecanismos para impedir conflictos laborales. Pero hasta ahora el gobierno, embretado en buena parte por sectores de visión corta en su Frente Amplio, se ha centrado en apretar a hogares y empresas sin lograr siquiera estabilizar algo sus cuentas. Si no encuentra el camino para hacerlo, las perspectivas del país se oscurecen pese al crecimiento del PIB en que algunos refugian sus flaquezas y falta de realismo.