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Crean comisión para hacer ajustes al nuevo código del procesal penal
Buscan agilizar trámites urgentes de ordenes de allanamiento y captura
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12 de febrero de 2018 a las 05:00
A mediados de enero dos delincuentes –un homicida y un menor al que se lo investiga por varios asaltos– lograron fugarse pese a que la Policía había logrado arrinconarlos. En ambos casos, el tiempo que pasó entre que el fiscal solicitó la orden de detención y fue aprobada por un juez, le dio tiempo a los delincuentes para escapar.
Ocurre que hasta el 1º de noviembre de 2017, cuando entró en funcionamiento el nuevo Código del Proceso, los jueces eran los responsables de las investigaciones y quienes estaban en contacto con la Policía y daban las órdenes.
Desde entonces, ese rol fue asumido por los fiscales, quienes deben pedir la autorización al juez de cada medida que ordenan, por lo que se suma burocracia en la tarea. La Constitución establece que es el juez quien puede ordenar el ingreso de la Policía a una vivienda, y solo se puede detener a alguien si es encontrado cometiendo un delito o si un magistrado emite una orden de captura. Para solucionar este tipo de situaciones, la Fiscalía General de la Nación creó una comisión de seguimiento del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Según informó el Ministerio Público, el grupo, que está integrado por fiscales y técnicos, elaborará informes periódicos sobre el funcionamiento del CPP "en los aspectos organizativo, funcional y normativo".
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Según dijo la directora del Sistema Penal Acusatorio, la fiscal Patricia Marquisá a El Observador la idea es que este grupo trabaje para proponer "ajustes" al funcionamiento del código o a la normativa, de modo de resolver problemas que surjan "durante la marcha".
Esta comisión, ya se reunió la pasada semana y entre otros puntos se tuvo en consideración la necesidad de mantener más reuniones con personal policial para evacuar dudas sobre el nuevo código, al tiempo que se trabajará junto al Poder Judicial con el objetivo de acelerar la aprobación de solicitudes de allanamientos o de órdenes de detención en casos de urgencia.
Junto a Marquisá integran la comisión los fiscales de Montevideo Adriana Edelman, Carlos Negro y Stella Llorente, por el fiscal departamental de Paysandú Carlos Motta, la fiscal departamental de Mercedes Adriana Sampayo, y la fiscal departamental de Maldonado, Patricia Rodríguez. Además, también lo integra la jefa de Sistemas de Información y Tecnología, Silvana Pidre.
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El jueves 8, en una entrevista publicada por el semanario Búsqueda, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, indicó que las "dificultades" que se generaron con la aplicación del nuevo Código contribuyeron a que haya un aumento de los homicidios y un descenso en la disminución de las rapiñas en 2017.
Bonomi dijo que "se redujeron las personas privadas de libertad y los procesamientos cayeron". El ministro del Interior añadió que ahora se demora más en obtener una orden de allanamiento y de captura, lo que ha dificultado la tarea de la Policía.
A su vez, dijo que existe un mito de que la Policía "no puede investigar si no lo ordena un fiscal".
"Hay una incomprensión de parte de la Policía, ese es un problema nuestro", admitió.
Los ajustes que ya se hicieron
El pasado lunes 5 de febrero, la Fiscalía inició una nueva forma de trabajo para reducir la recarga a la que se enfrentaban los fiscales de Montevideo. De esa forma, se dejó de trabajar en dos turnos diurnos y uno nocturno –cada uno de 12 horas– para toda la capital, para pasar a cuatro turnos de una semana al mes, repartidos en las cuatro zonas en las que se divide el trabajo policial.
