Defensores dicen que la ignorancia de la gente los expone al linchamiento

Según expresó este jueves la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, Adriana Berezán, aún subsiste "ignorancia" en la sociedad sobre las nuevas garantías que ofrece el nuevo código para las dos partes involucradas en un juicio.

"Eso es responsabilidad nuestra –reconoció–, ya que todavía no pudimos explicar en forma coloquial a la gente lo que significan los nuevos derechos y garantías que tiene la ciudadanía, lo que inevitablemente provocará que sigamos pasando por el escarnio de la opinión pública y su crítica", dijo la abogada pública, al participar de la conferencia sobre el impacto del nuevo CPP en las cárceles, organizada por el comisionado parlamentario para las cárceles. "Como mujer, madre y abuela que soy eso me generó una enorme tristeza por nuestra pobreza humana, porque el agravio de mano de la ignorancia es doble agravio", dijo Berezán.

Consultada por El Observador sobre el dilema ético que pueden atravesar los defensores cuando plantean recursos para refutar las acusaciones a criminales o directamente defender su libertad, sostuvo que es un problema que los profesionales deben superar necesariamente para poder ejercer su función. "Si no pueden separar las convicciones o sentimientos personales de las obligaciones funcionales, los defensores no son capaces de desempeñar su trabajo", enfatizó.

Y en ese sentido, la actuación de los defensores de Pintos les valió su aprobación dentro del gremio. A su entender, promovieron la revocación de la prisión preventiva porque en ese momento, "dadas las pruebas que había", entendían que el sujeto no era responsable de lo que se le acusaba.

"Actuaron dentro de lo que la norma procesal los habilita", señaló. Además, remitiéndose a su experiencia de más de 30 años en la profesión, recordó que ella misma actuó en forma idéntica en numerosas ocasiones, "sobre todo en el interior del país", pero que no tuvieron la repercusión de este caso, porque antes no existían "las redes sociales y los medios actuales de comunicación".

De todos modos, la defensora planteó: "El problema ahora es que la sociedad se cree en el derecho a denostarnos, amenazarnos, lincharnos y a tratarnos como basuras solo porque hacemos nuestro trabajo, sin darse cuenta de que ahora hay una Justicia más transparente e inmediata, a la que deberían dejar actuar... Lo único que les digo a todos –agregó, con visible fastidio– es que ojalá nunca nos precisen, como defensa pública, como institución".

En el caso Brissa, finalmente los defensores del caso dieron marcha atrás cuando conocieron de mano del fiscal el resultado de las pericias que se le realizó a un palo de madera que había aparecido en la escena del crimen, y que incriminaba al sujeto al constatarse la presencia de su ADN y el de la víctima, y desistieron de pedir que fuera liberado.

El "escozor" de Díaz por la indignación popular

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, defendió este jueves que, a cinco semanas de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), ya haya habido audiencias de formalización en las que se resolvió que acusados de delitos menores pidieran disculpas por sus actos y quedara así sellado el conflicto.

Tal es el espíritu del cambio normativo, afirmó, oponiéndose a las críticas de algunas personas que rechazaron que algunos responsables por hurtos, por ejemplo, no terminaran en prisión.

El nuevo sistema penal, de naturaleza acusatoria, no tiene por objeto llegar a las últimas consecuencias de los hechos, sino "resolver los conflictos" entre las personas. "Si no entendemos eso, no podemos entender nada", sostuvo Díaz, en un evento abierto al público en el Parlamento en el que, junto con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, y la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, Adriana Berezán, debatió sobre los efectos que podrá tener el nuevo CPP en las cárceles.

"Pero a mí me causa cierto escozor cuando la sociedad dice: '¡Qué horrible, el delincuente pidió disculpas y lo dejaron libre!', cuando el centro del asunto es si el conflicto originario entre la víctima y el victimario se resolvió pacíficamente. ¿Por qué todos los ciudadanos se molestan por esto?", se preguntó el fiscal de Corte. Y una de sus respuestas fue: "El enano inquisitivo del sistema anterior nos persigue, persigue y persigue".

Por otra parte, Díaz reclamó por que fueran separados los reclusos comunes de aquellos a quienes un juez decretó prisión preventiva por un plazo determinado mientras se resuelve la investigación, algo que aún no está sucediendo. "No deben estar juntos, ya que quien espera su sentencia en prisión es jurídicamente inocente", indicó. Eso está establecido así en el artículo 232 del nuevo CPP, "y es una de las principales cosas que se deben cambiar", concluyó.