Defensores de inmigrantes: los reclamos que llegan a Facultad de Derecho

Dicen que por momentos los pisos de sus habitaciones se llenan de cucarachas, que hay camas que no pueden usar porque están invadidas de chinches y que llegaron a estar tres días enteros sin luz. Así lo relata el vocero de un grupo de diez dominicanos que llegaron este martes de noche a un aula de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, para pedir asesoramiento sobre cómo reclamar mejores condiciones en la pensión en la que viven algunos desde tres, otros desde hace cuatro años.

"Cuéntennos qué pasó", les dice el abogado Juan Ceretta, encargado de uno de los consultorios jurídicos de la facultad, que atiende a personas que quieren realizar reclamos legales pero no pueden costearse un abogado. La frase de Ceretta fue el puntapié para que uno de los dominicanos relatara que por cambio de encargado en la pensión en la que viven no solo se les aumentó el precio mensual, sino que los servicios desmejoraron. Pasaron de pagar $ 7000 a $ 7500 en poco tiempo y a las cucarachas y chinches se les sumaron, dicen, menos limpieza general del lugar, la prohibición de tener una estufa prendida toda la noche o de usar un lavarropas, por el que además tendrían que pagar un extra.

"¿Firmaron un contrato?", les pregunta una de las estudiantes. La respuesta es "no" al unísono. Cuentan que tampoco les dan un recibo cuando pagan por mes, lo que los llevó a tomar la decisión de dejar de pagar hasta que los servicios no mejoren. El siguiente paso fue acercarse al consultorio jurídico y preguntarle a los estudiantes qué caminos seguir ante esa situación. "Si fuéramos con un juez a visitar la pensión, ¿qué vería?", les pregunta Ceretta. "El juez saldría corriendo", responde uno de ellos.

Minutos después, les pide a los diez que esperen fuera del salón mientras los estudiantes discuten el caso. "¿Qué opinan?", dice el profesor apenas cierra la puerta. Una de las estudiantes levanta la mano, le dan la palabra y lo compara con otros casos con los que le ha tocado trabajar.

La solución que encuentran a corto plazo es dar con el propietario de la pensión y exigir que se cumpla con las prestaciones estipuladas. Cuatro alumnas levantan la mano, se les asigna el caso y salen del salón para plantearles los pasos a seguir a los dominicanos.

Nada de lo que los alumnos escucharon en la media hora de testimonio de ese grupo les es extraño. Cada martes, historias así se repiten. Tan seguido escuchan testimonios similares, que el profesor propone ir un paso más de la atención jurídica. Como la llegada de inmigrantes al consultorio jurídico de la facultad se dio a través de un nexo con la ONG Idas y Vueltas –dedicada a orientar y colaborar con los inmigrantes-, el docente sugiere elaborar un listado de consejos sobre qué exigir en una pensión a sus propietarios y presentarlo en la organización para que se lo den en forma de volante a los inmigrantes.

Si bien para acceder a una consulta en los consultorios jurídicos es preciso pedir hora y pueden llegar a pasar dos meses hasta ser atendido, Ceretta optó por hacer una excepción con los inmigrantes y les permite ir sin horario previo. La atención es entre las 20 y las 22 y una de esas dos horas se destina a personas que vienen del exterior a buscar una nueva oportunidad en Uruguay.

Tal vez el consultorio jurídico del que Ceretta es responsable –formalmente llamado consultorio 14- sea más conocido porque de ahí salen varios de los recursos de amparo que se presentan ante la Justicia para que el Ministerio de Salud Pública otorgue a pacientes medicamentos de alto costo, pero lo cierto es que esos son solo algunos de los casos con los que los alumnos de sexto año, con sus docentes siguiéndolos de cerca, trabajan como si ya fueran abogados. El objetivo es que tengan el mayor protagonismo en los casos que se les asignan o eligen, aunque por momentos los docentes responsables deben figurar porque ya tienen el título.

Los inmigrantes empezaron a llegar a la facultad a partir de 2016, a través del contacto que Ceretta generó con la ONG Idas y Vueltas. Primero fueron algunos futuros abogados y su profesor quienes fueron a las reuniones que semanalmente organiza esa ONG y empezaron a ver qué problemas tenían y aconsejarlos. "Habíamos detectado que muchos empleadores, por ejemplo, se aprovechaban del desconocimiento que tiene una persona que recién llega a un país para explotarlos. Les decían que no podían cobrar el laudo porque no eran uruguayos", ejemplificó el docente a El Observador.

Fue a raíz de los problemas detectados que decidieron destinar parte del tiempo de cada martes a los inmigrantes, pero las consultas se les comenzaron a ir de las manos. Hubo martes en los que llegaron a ir decenas de personas con diferentes conflictos y era muy difícil atenderlos a todos.

A eso se le sumó que muchos de los que se presentaban en la facultad no sabían a qué sector ir y se terminaban yendo. "No podíamos dejar que se fueran, teníamos que salir corriendo a buscarlos por los corredores para poder captarlos", contó el abogado responsable de uno de los consultorios.

Entonces empezaron a ajustar un poco más el sistema. Conversaron con los encargados de Idas y Vueltas y les pidieron que regularan un poco las idas al consultorio para poder darles a todos los inmigrantes el tiempo que necesitaban. También les solicitaron que en ciertos casos los acompañaran, especialmente aquellos que estaban solos o que hacía muy poco que habían llegado al país. En el caso de los dominicanos, hacía varios años que estaban en el país y fueron en grupo, pero la soledad es muchas veces la regla.

Desde que la atención de los estudiantes se abrió a inmigrantes, pudieron detectar dos temas que suelen escuchar cada martes. Por un lado, los problemas que tienen en las pensiones junto con otros de vivienda. Por el otro, problemas para acceder rápidamente a las residencias, lo que les impide tener un trabajo formal hasta que no les sea concedida.

Ceretta explicó a El Observador que en muchos casos intentan encontrar una solución antes de judicializar el caso. "Hay un gran temor de los inmigrantes con judicializar. Nos pasó con africanos a los que les decís de hacer un juicio y no quieren saber de nada. La lógica (de ellos) es que si vos te vas de tu país y encontrás otro que te recibe es difícil que llegues y enseguida quieras hacer un juicio. Piensan que cómo le van a hacer un juicio al país que los está recibiendo. A su vez, muchos vienen de países con mucha corrupción y no se imaginan que un juez puede ser imparcial. Por eso cuanto más lejos estén de un juez, les parece mejor", dijo.

En los dos años que llevan recibiendo a personas del extranjero, han logrado incluso detectar como dependiendo de la nacionalidad también hay problemas que les son frecuentes, porque tienen objetivos parecidos o realidades similares por el país del que provienen. Cuando se trata de inmigrantes de República Dominicana, por ejemplo, hay muchos casos de problemas por la reunificación de las familias. Muchas mujeres de ese país inmigran y comienzan a trabajar como empledas domésticas, forman una familia en Uruguay y tienen hijos uruguayos. Con el paso del tiempo ven que no pueden mantenerlos y los niños pasan a vivir en República Dominicana con otros familiares, hasta que sus padres se estabilicen. Cuando lo logran, quien traerlos de vuelta y ahí es cuando suelen tener complicaciones que los llevan a visitar la facultad de Derecho.

Para los venezolanos, la situación más frecuente es con los títulos universitarios. Muchos quieren revalidarlos cuanto antes y piden asistencia.

Más allá de casos puntuales o situaciones por nacionalidades, la realidad es que el problema de fondo es adaptarse a un nuevo país y eso es algo que los estudiantes tienen en cuenta cuando cada martes una persona con acento diferente se sienta frente a ellos en busca de ayuda.