Descuento de la contribución rural divide a los intendentes

El Congreso de Intendentes se reunió este jueves con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, para discutir sobre la medida del gobierno de realizar un descuento del 28% en la contribución inmobiliaria rural para los pequeños productores, pero la posición de los jefes comunales no es homogénea. Mientras los blancos pidieron una compensación al Poder Ejecutivo, los frenteamplistas defendieron la medida e incluso criticaron la postura de sus colegas.

Fue el intendente blanco de San José y presidente del Congreso de Intendentes, José Luis Falero, el primero en reaccionar tras el anucio.

Falero solicitó una reunión con la OPP para que el Poder Ejecutivo les otorgue una compensación por este descuento. La contribución inmobiliaria rural es un impuesto que se fija a nivel nacional pero que recaudan las intendencias.

Sin embargo, la compensación reclamada por las intendencias blancas fue descartada por el Poder Ejecutivo y ahora los intendentes buscan mecanismos para que el descuento en la contribución inmobiliaria rural tenga el menor impacto posible en las arcas de los gobiernos departamentales.

"Estamos dispuestos a ayudar al sector productivo. Hubiéramos querido que esta no fuese la forma", dijo Falero en rueda de prensa tras la reunión con la OPP. Falero entiende que esta medida puede afectar la inversión en la obra pública. Los intendentes blancos criticaron al Poder Ejecutivo por no "consultarlos" a la hora de tomar esta decisión.

En tanto, el intendente de Rocha, Anibal Pereyra (Frente Amplio), defendió la medida del gobierno y se mostró sorprendido con la reacción de las intendentes blancos.

"Son históricos los recursos que se vuelcan a la caminería. El problema está en la gestión de esos recursos", dijo el intendente este lunes en radio Carve.

De la reunión con Álvaro García, además de Falero y Pereyra, participaron el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana (Partido Nacional), el de Paysandú, Guillermo Caraballo (Frente Amplio), y el de Rivera, Marne Osorio (Partido Colorado).

Frente al reclamo de los jerarcas nacionalistas, el director de OPP respondió que la ayuda económica para el agro será financiada por el gobierno e intendencias en forma proporcional a los tributos que perciben del sector.

La carga tributaria que paga el agro es de unos US$ 270 millones. De este monto, dos terceras partes son recibidas por el gobierno nacional y el resto por las intendencias, a través de la contribución inmobiliaria rural.

De las medidas que tomó el gobierno para atender la situación del sector agropecuario –que incluye descuentos en la tarifa eléctrica y el gasoil– hay un aporte de US$ 15 millones del gobierno nacional y US$ 7 millones por parte de las intendencias. "Antes de que pasara un mes (del acto de los productores en Durazno) el Poder Ejecutivo ya había tomado cinco medidas para el sector", dijo García para defender la respuesta del gobierno ante los reclamos del movimiento Un Solo Uruguay.

La OPP y el Congreso de Intendentes seguirán trabajando para buscar mecanismos que, a través de acuerdos con otras instituciones del Estado, permitan que la inversión en caminería rural no se vea afectada.