Después del triunfo de Macri

Durante sus primeros dos años de gobierno, el presidente argentino se enfrentó a un difícil dilema. Apretar el acelerador de las reformas que su fuerza política entendía iban a permitir al país acceder a un crecimiento sostenible y solucionar los profundos desequilibrios que dejó el kirchnerismo, o desactivar de a poco un engranaje complejo de desincentivos a la inversión privada e intentar enlentecer el reloj de verdaderas bombas de tiempo macroecnomómicas que quedaron activas.

El primero de los caminos suponía afrontar un costo político desmesurado para un gobierno que llegó al poder con poco margen y enfrentando consignas de corte populista. El segundo camino implicaba mantener al país en una situación comprometida, jugar en la cornisa aportando algo de racionalidad –nada excesivo– a una mezcla aún peligrosa de estancamiento de la actividad, elevado déficit fiscal, atraso cambiario e inflación galopante.

Macri optó por el camino de la gradualidad, con ajustes mínimos desde el lado fiscal, una apuesta por reabrir los mercados de capitales y darle mínimas garantías a los inversores. Pero el esquema gradualista solo podrá tener éxito si la economía argentina despega en materia de crecimiento. Es difícil pensar en un escenario así con los actuales niveles de inversión privada.

Hasta ahora los inversores se han mostrado esquivos a colocar sus capitales en la economía real. Eso se debe a la desconfianza que tienen, no sobre las intenciones del actual gobierno en materia económica, sino en su capacidad para convencer al electorado sobre su agenda liberal. Los inversores temen que Macri no sea capaz de sostener el poder y que su gobierno no sea más que una pausa efímera entre gobiernos de corte populista.

Eso puede haber cambiado luego de las elecciones parlamentarias. Sin lugar a dudas, de concretarse el shock de inversiones previsto desde el comienzo de la actual gestión de gobierno, Uruguay se vería beneficiado por la aceleración argentina y seguramente una nueva tendencia a la apreciación de su moneda que abarataría la oferta de productos y servicios de Uruguay, en particular el turismo.

Sin embargo, lo que al principio podría estimular el crecimiento local, no estaría libre de amenazas. Si efectivamente el gobierno de Macri genera las condiciones para acelerar su agenda de reformas –en particular, flexibilización del mercado laboral y reducción de impuestos a la inversión–, podría deteriorar las condiciones competitivas de Uruguay.

En un marco en el cual Brasil también se mueve en esa dirección, es necesario generar mecanismos que permitan compensar la baja de costos asociada a las reformas que se avecinan en los principales socios comerciales del país. La respuesta no tiene por qué ser un espejo de los vecinos, pero está claro que existe hoy una presión para que la agenda de gobierno incorpore mecanismos que mitiguen el impacto de este nuevo escenario.