Doble tranca a la mejora docente

La eficacia de la función docente en la educación pública, uno de los muchos factores requeridos para sacarla del atraso en que está anclada, sufre una doble tranca. Una es la alta rotación de maestros y profesores, generada por privilegios personales y que conspira contra la necesaria creación de equipos duraderos de educadores. La otra es la insistencia del Frente Amplio en el pernicioso cogobierno para la Universidad de la Educación (UNED), tema que el oficialismo acaba de replantear en la comisión de Educación del Senado. La permanencia de los docentes en un mismo centro es indispensable. Asegura continuidad en la metodología de enseñanza y establece una vinculación más estrecha y directa con los estudiantes, en vez de someterlos a cambios anuales.

Pero el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) acaba de informar que el 22% de los docentes del sector público en Primaria y Secundaria cambian anualmente de centro de trabajo, porcentaje que cae a la mitad en el área privada. El estudio de Ineed no solo señala ese inconveniente. Destaca además la inequidad del sistema de asignación de docentes, al permitirle a los de mayor antigüedad optar por los mejores centros educativos. Esta práctica ignora la premisa básica de que los maestros y profesores deben ser designados donde más se los necesite, ya sea por su experiencia o por su formación más adecuada para actuar en un determinado entorno social.

Otro elemento útil pero postergado es la creación de la UNED para asegurar mejor formación de docentes. El Frente Amplio anunció su decisión prioritaria de lograr aprobación parlamentaria este año, después de que en 2017 fracasara una iniciativa que duerme el sueño de los justos desde su inclusión en la ley de Educación en 2008. El proyecto seguirá en la extensa lista inercial mientras el oficialismo persista en su insistencia de cogobierno. La conveniencia de la UNED es aceptada por todo el sistema político. Pero la oposición rehúsa sensatamente dar la requerida mayoría de dos tercios de votos que requiere la aprobación, posición que difícilmente cambie ya que dirigentes oficialistas acaban de reiterar que debe funcionar bajo cogobierno de docentes, estudiantes y egresados. Es un formato que abre el camino seguro a la ineficiencia operativa y al exceso deliberativo en reemplazo de la competencia ejecutiva.

Este fiasco previsible se agrega a la inacción de los gobiernos del Frente Amplio en reformas prometidas durante las presidencias de Tabaré Vázquez y José Mujica pero prontamente abandonadas por oposición de las autoridades de la educación y cuestionamientos de los sindicatos docentes. No solo están en el olvido las reformas de fondo, señaladas con precisión por los integrantes de Eduy21 y otros muchos técnicos de alto nivel. Pasada ya la primera mitad del actual período de gobierno y al margen de algunos tímidos cambios recientes, ni siquiera parecen viables las metas gubernamentales de que para 2019 el 100% de los adolescentes estén matriculados en la educación media y egrese el 75%. El mejoramiento de la enseñanza pública es el fracaso más grave de las administraciones frenteamplistas, horizonte que no tiende a aclararse en lo que le queda a la actual. La única esperanza es que la reemplace un gobierno con la visión y la capacidad ejecutiva que le han faltado a los tres últimos.