Economía anunció estímulos y recibió el apoyo de privados

El Ministerio de Economía (MEF) presentó este viernes una batería de medidas para estimular la inversión y el empleo. Dentro de las modificaciones se incluyen cambios a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), apoyo a micro y pequeñas empresas y mejora de los derechos de los contribuyentes.

Los anuncios fueron realizados por el ministro de Economía, Danilo Astori, el subsecretario Pablo Ferreri y el director de la Asesoría Macroeconómica de la cartera, Christian Daude. Astori señaló que uno de los objetivos es conseguir que la inversión vuelva a ser uno de los motores de crecimiento, ya que en los últimos tiempos su comportamiento no tuvo el mismo dinamismo que el consumo privado y las exportaciones.

"Son medidas que van en el sentido correcto y en el fondo reconocen, que si bien los números macro están bien, hay algunas dimensiones –como el empleo y la inversión– que están en dificultades", dijo a El Observador el gerente senior del Departamento de Economía CPA Ferrere, Alfonso Capurro.

El economista apuntó que las medidas son de "distinto calado". En ese sentido, consideró que en sectores como la construcción "puede mover la aguja" teniendo en cuenta la pérdida de unos 30 mil puestos formales de empleo durante los últimos cuatro años.

No obstante, indicó que también hay situaciones que "no están del todo claro aún" producto de la erosión en los márgenes de rentabilidad en varios sectores de actividad como las agroindustrias.

De todas formas, Capurro indicó que estos incentivos pueden llevar a que otros sectores que se muestran algo más dinámicos y que tenían proyectos de inversión stand by, ahora se decidan a ejecutar esas iniciativas. "Nuestra evaluación es que estos cambios van a tener un efecto dinamizador sobre la inversión, aunque no sé si lo suficientemente potente para revertir la tendencia", indicó.

Esto porque durante los últimos tres años el gobierno introdujo ajustes impositivos que han derramado sus consecuencias sobre inversiones futuras. "El cambio va en el sentido correcto, pero apenas te compensa los ajustes fiscales anteriores que fueron negativos para la inversión", resumió.

Se mejoran los criterios para las exoneraciones. Aumenta de 100 a 130 los puntos de la matriz de evaluación de los proyectos, de modo que los emprendimientos con más capacidad de derrame en la economía obtengan mayores beneficios. Además, se simplifica el indicador de empleo, de manera de estimular la contratación de trabajadores de todos los niveles de calificación.

Se definió un aumento transitorio de los beneficios. Se estableció que se incrementará en 10% el porcentaje de exoneración que surge de la matriz de indicadores para los proyectos de inversión presentados entre marzo de este año y febrero de 2019, que ejecuten al menos 75% a diciembre del año próximo. Además, las inversiones realizadas entre marzo de este año y febrero de 2019 computarán por el 120% a los efectos de determinar el monto de exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

Desde 2016 estaban promovidas las actividades de construcción para la venta o arrendamiento de inmuebles para oficinas o viviendas, correspondientes a proyectos de gran dimensión económica. La promoción alcanzó a iniciativas de más de 123 millones de Unidades Indexadas (US$ 16,2 millones a valores actuales), que tuvieran al menos el 20% del área destinada a uso común. Ferreri explicó que bajo esta promoción se presentaron 54 proyectos en 2017 por un monto de US$ 1.900 millones.

El plazo venció el 31 de diciembre de 2017, pero con esa base, se resolvió extender por un año el plazo para presentar nuevos emprendimientos al amparo de esos beneficios. De esa forma, los proyectos deberán ser presentados antes del 31 de diciembre de este año y tendrá como máximo un plazo de 36 meses de ejecución. Por su parte, para las iniciativas a desarrollarse en Montevideo se reducirá el monto mínimo de inversión a 90 millones de unidades indexadas (US$ 12 millones) y a 15% del área destinada.

Para el consultor inmobiliario Julio Villamide la reducción de los montos de inversión para edificios en Montevideo puede tener un impacto mayor que hasta ahora porque es una cifra "más realista".

Además, Villamide destacó que Argentina no tiene hoy espacio fiscal para otorgar beneficios similares, salvo en áreas puntuales como minería, por ejemplo.

"Los inversores argentinos están atentos a esas cosas y a veces los números les cierran a partir de esa mejora en la introducción de esos beneficios fiscales. Entonces terminan tirándose al agua entusiasmados por las exoneraciones. Somos un país caro y si no lo compensamos con beneficios fiscales nadie invertiría", señaló a El Observador.

Se aumentará de 10% a 20% el beneficio adicional de IRAE para los proyectos presentados por micro y pequeñas empresas que sean promovidos. Se prevé otorgar más beneficios para empresas con ingresos anuales de hasta 5 millones de unidades indexadas (unos US$ 660 mil).

Actualmente, la importación de insumos, partes y piezas para la fabricación local no está exenta de tributos, contrariamente a la importación de maquinaria agrícola.

Ante eso, se presentará un proyecto de ley para exonerar de todo recargo y en general de todo tributo (incluido el IVA a la importación) a los bienes a integrar los costos de maquinarias y equipos para uso agrícola, así como las partes y accesorios, de modo de equilibrar las condiciones competitivas para la industria nacional.

También se establecieron mejoras para los contribuyentes, como la modificación del régimen de cálculo de lor recargos por mora, a los efectos de reducir el costo de las deudas tributarias.

A su vez, se establecerá un arancel de la Dirección General Impositiva (DGI) menos oneroso para el cálculo de los honorarios profesionales en juicios de cobro coactivo. Por otra parte, se prevé una modificación para la clausura de establecimientos comerciales, eliminando la facultad de que la DGI efectúe el procedimiento sin que exista resolución judicial.

Por último, se pretende derogar la facultad de suspender el certificado de vigencia anual pasados los 90 días desde la adopción de medidas cautelares.