Según los datos del Informe Transparencia Fiscal en América Latina 2024, divulgado este jueves.
OCDE
Los países de América Latina informaron ingresos adicionales por US$ 934 millones tras haber realizado 2.964 solicitudes transfronterizas de información entre 2019 y 2023, con el objetivo de combatir la evasión, mejorar en términos de transparencia fiscal, así como evitar otros flujos financieros ilícitos.
Los datos se desprenden del informe anual Transparencia Fiscal 2024 —presentado ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)—, como resultado de la Declaración de Punta del Este, una iniciativa regional establecida para combatir la evasión fiscal y otros delitos financieros a través de la transparencia y el intercambio de información.
La edición 2024 incluyó 15 países latinoamericanos, incluido Uruguay y tiene como objetivo informar sobre los últimos avances y los desafíos pendientes en la región. En ese sentido, el reporte de la OCDE señaló que “los países latinoamericanos se han beneficiado enormemente de la aplicación y el uso de los estándares de transparencia fiscal".
Esto debido a que “se han fortalecido” los sistemas de intercambio de información previa solicitud (EOIR, por sus siglas en inglés), los cuales hasta el momento están “relativamente más desarrollados que los de intercambio automático de información sobre cuentas financieras” (AEOI, por sus siglas en inglés).
Desde la OCDE remarcaron el “impacto evidente” de esos sistemas ya que implicaron ingresos adicionales por US$ 934 millones (unos US$ 315.160 por solicitud, en promedio) y otros US$ 767 millones por el uso de AEOI y programas de divulgación voluntaria.
Asimismo, el informe señaló que ocho países latinoamericanos transmitieron cómo el uso de información intercambiada “automáticamente ayudó a mejorar la recaudación de ingresos, con al menos US$ 128 millones identificados” en el período.
Por otra parte, desde la OCDE señalaron que ocho de los 10 países latinoamericanos que han sido objeto de una revisión completa en la segunda ronda entre pares de los sistemas de intercambio de información previa solicitud, recibieron una calificación satisfactoria (“conforme” o “conforme en gran medida”).
Al ser entrevistada por la OCDE, la líder de la Dirección General Impositiva (DGI), Margarita Faral remarcó la importancia de la Declaración de Punta del Este y celebró la “participación de un mayor número de países latinoamericanos” ya que, a su entender, contribuye a que la iniciativa “proyecte el futuro de la región en materia de transparencia internacional”.
En relación a los retos pendientes para la región, la directora de la DGI dijo que “será un desafío crucial” la implementación del Estándar Común de Reporte 2.0 (CRS, por sus siglas en inglés) así como la de los Estándares Internacionales para el Intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales vinculados a los criptoactivos (CARF).
Sobre este punto, Faral señaló que el alcance que pueda tener la Iniciativa de América Latina, “junto con el apoyo en el desarrollo de capacidades proporcionado por la Secretaría del Foro Global” de OCDE, “serán sin duda herramientas clave para su correcta implementación” en la región.
De acuerdo con la líder de la DGI, “los próximos cinco años encontrarán a la región ante el reto de lograr que las administraciones tributarias mantengan altos niveles de recaudación a través de la promoción del cumplimiento” por parte de los contribuyentes. En esa línea, remarcó la importancia de fortalecer las herramientas actuales “con base en los instrumentos internacionales de acceso a la información relevante para fines tributarios”.
Desde la OCDE indicaron que la cantidad de ingresos que se pierde debido a la evasión fiscal "es significativamente alta" en la mayoría de los países latinoamericanos, dado que se estima que el impacto económico equivale al 6,1% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.
Por ese motivo, el informe advirtió que "a pesar de los importantes avances logrados en la región, todavía hay margen de crecimiento y mejora para alcanzar una aplicación y un uso pleno y efectivos de los estándares de transparencia fiscal".
En la misma línea dijeron que si bien se ha ampliado de forma "considerable" el uso del intercambio de información en la región, el uso de la herramienta EOIR sigue siendo "bastante desigual" entre los países.
Además, el informe destacó el papel fundamental de la cooperación fiscal internacional, la necesidad crítica de desarrollo de capacidades y los esfuerzos en curso para aplicar plena y eficazmente los estándares internacionales sobre transparencia y EOI en toda América Latina y fuera de ella.
Los países que firmaron la Declaración de Punta del Este son Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, mientras que Bolivia es observador.