El alza inflacionaria recortó a la mitad crecimiento del salario real

En los 12 meses finalizados en febrero, el salario de los trabajadores uruguayos aumentó a un ritmo mayor que el año anterior. Sin embargo, un aumento de precios más pronunciado barrió con la mitad del crecimiento del poder de compra en comparación con el año pasado. De ese modo, una inflación de dos dígitos limita la capacidad de consumo de los trabajadores y se cuela entre los principales reclamos del movimiento sindical este año.

El salario nominal de los trabajadores subió en febrero 11,5% respecto a igual mes del año pasado. De esa manera, el ritmo de aumento de los salarios aumentó tanto si se lo compara con el mes anterior (11,2%) como respecto a febrero de 2015 (11,3%).

Sin embargo, esa aceleración no fue tal si se la mide en términos reales –esto es, descontando el efecto de la inflación y por lo tanto, evaluando cómo evoluciona la cantidad de bienes y servicios a los que puede acceder un trabajador con su salario–.

Mientras que en enero, el salario real aumentaba 1,4% respecto a igual mes del año pasado, en febrero el incremento fue de 1,2%, lo que da cuenta de una desaceleración. Ese freno en el incremento del poder de compra de los trabajadores, se dio con más fuerza si se compara con la variación que mostraba en febrero del año pasado, cuando el salario real crecía a una tasa interanual de 3,6% –más del doble que la actual–.

La pérdida de poder adquisitivo es hoy la preocupación central que tiene el Pit-Cnt y en ello se basa la resistencia que existe a seguir negociando la renovación de los convenios colectivos en varios sectores de actividad utilizando las pautas propuestas por el Poder Ejecutivo. Es por eso que en más de una oportunidad plantearon a las autoridades la necesidad de que se revisaran los lineamientos, pero hasta ahora esa reivindicación no tuvo éxito. De hecho, el último planteo realizado hace pocas semanas al presidente Tabaré Vázquez encontró la respuesta negativa del mandatario.

La central sindical reclama variantes, tanto en los porcentajes de ajustes nominales –que contemplan un máximo de 10% el primer año en el mejor de los casos–, como en los plazos de aplicación de los correctivos por inflación pasada. Las fórmulas recomendadas por el gobierno dejan de lado la inflación como base de los ajustes y los correctivos por IPC se aplican –si son necesarios– al terminar el segundo año y otra vez al finalizar el tercero.
En rondas anteriores esos correctivos se aplicaban generalmente cada seis meses o un año, de forma que el trabajador no viera deteriorado su nivel de ingreso real por un período mayor cuando la inflación superaba el centro del rango meta (5%).

Pero el reclamo sindical choca con la posición del gobierno y con datos económicos que reflejan un contexto desfavorable que se observa, por ejemplo en el deterioro del mercado laboral. Precisamente, la moderación de los ajustes salariales y la preservación de la mayor cantidad de empleo en un contexto de enfriamiento de la economía son los argumentos centrales que utiliza el gobierno para defender y mantener las pautas.

En ese escenario signado por diferencias con el gobierno, el Pit-Cnt ya adelantó que augura un año de alta conflictividad. "Va a haber una efervescencia si no logramos flexibilizar al menos un punto del correctivo anual que es lo que más complejiza, porque cuando empieza a haber pérdida salarial por la suba de precios, va afectando el salario mes a mes y si uno puede corregirlo una vez al año es una cosa, pero si tiene que esperar 18 meses es otra muy distinta", había dicho a El Observador el presidente de la central sindical, Fernando Pereira.

El comportamiento de los precios es un elemento que no ha ayudado al clima de la negociación a lo largo de toda la ronda salarial que se inició en agosto pasado, porque el gobierno no ha podido trasmitir a los analistas y distintos agentes que será capaz de encauzar la inflación al rango meta de entre 3% y 7%.

Lejos de eso, la suba de precios no da tregua, al punto de que en febrero la inflación superó la barrera de los dos dígitos. En ese contexto el equipo económico anunció una serie de medidas que incluyen un aumento de los encajes bancarios y la decisión de ajustar controles para detectar eventuales situaciones en las que empresas abusen de su posición dominante en el mercado para aumentar precios de manera significativa.

Se dilata acuerdo en servicio doméstico

El cierre del acuerdo para la renovación del convenio colectivo en el sector de servicio doméstico volvió a dilatarse en la reunión mantenida ayer en el Ministerio de Trabajo.
Tanto desde el sector trabajador como empleador se informó a El Observador que no fue posible avanzar debido a que la representación del Poder Ejecutivo no llegó en tiempo y forma a presentar un borrador del convenio, como se había acordado en la reunión anterior. En diálogo con El Observador, la presidenta de la Liga de Amas de Casa, Mabel Lorenzo, resaltó que se están haciendo esfuerzos para encontrar una solución que beneficie a todas las partes.

El sindicato y el sector empleador quieren definir cuanto antes la firma del convenio. En el caso de los trabajadores porque el convenio venció a fin del año pasado y todavía no han recibido ajuste alguno. En el caso de los empleadores, si la negociación se demora en el tiempo, tendrán que hacer un desembolso para el pago de los retroactivos junto con la mensualidad que corresponda.

Si bien la fórmula salarial está encaminada para que se apliquen ajustes nominales correspondientes a la franja intermedia (8,5% en el primer año del convenio, 7,5% en el segundo y 7% para el tercero), según lo informado días atrás, uno de los principales obstáculo que se presentó para cerrar el convenio fue la definición de categorías salariales por tarea. Esa es una reivindicación del sindicato de trabajadoras domésticas desde hace ya varias rondas salariales, pero que hasta ahora no pudo ser plasmada en la realidad. En esta oportunidad el sector empleador centró su negativa en el entendido de que no están dadas las condiciones para dar ese paso.

Las dificultades para cerrar el convenio en este sector de actividad no son ajenas a las que existen en otras mesas de negociación. Un ejemplo claro es el de la industria láctea. Si bien en reuniones recientes se había vislumbrado la posibilidad que las conversaciones se encaminaran, esta semana todo volvió a cero.

La Cámara de la Industria Láctea (Cilu) presentó una nueva fórmula que propone un acuerdo a 36 meses. Eso es rechazado por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (Ftil) que quiere un convenio a menos plazo, dado que con el esquema actual de negociación propuesto por el gobierno habrá pérdida de poder adquisitivo