Este hombre, de varios antecedentes penales y a quien algunos vecinos acusan de imponer el miedo y amenazar a los que pretendan denunciarlo, fue detenido en un operativo el 16 de mayo, en el que le incautaron dos armas de fuego y 448 dosis de pasta base, tres autos y $ 28 mil.
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En la audiencia de formalización que tuvo lugar al otro día, la fiscal Patricia Rodríguez pidió 120 días de prisión preventiva debido a que existía "la sospecha grave y fundada" de que el imputado podía obstaculizar la investigación mediante la "destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos probatorios".
Sin embargo, sus abogadas interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código del Proceso Penal. Como consecuencia, el juez de la causa, Vital Rodríguez, envió el expediente a la Suprema Corte de Justicia para que se expidiera sobre el planteo, y dejó en libertad al indagado.
En ese fallo, en que se declaró constitucional el nuevo proceso penal, la Corte determinó que ningún recurso que plantee la inconstitucionalidad de cualquier ley puede impedir la aplicación de medidas cautelares, y encerrar así a los delincuentes en prisión preventiva. Ese mensaje pretende que, de aquí en más, no sucedan casos como el del Buñuelo, quien sorteó hasta el momento la prisión cautelar gracias al recurso que presentaron sus defensoras, y las autoridades corrieron el peligro de que se fugara del país.
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El juez Rodríguez aseguró que el imputado no tenía ningún impedimento legal para cruzar la frontera. Tampoco lo ha vigilado desde entonces de forma especial la Policía, porque no contaba con una orden para hacerlo. "No tenemos motivo (para investigarlo), si no estaríamos haciendo abuso de autoridad", había dicho al respecto Erode Ruiz, máximo jerarca policial del departamento, consultado por El Observador.
Formalmente, la SCJ dispone de un plazo de tres días desde que emitió la sentencia para devolver el expediente a San Carlos, lapso en el cual la defensa puede presentar otros recursos y dilatar aún más el recomienzo del juicio.
Sin embargo, fuentes allegadas a las abogadas de El Buñuelo, Gabriela Gómez y Ana Laura Audifred, aseguraron que no planean hacerlo y que esperan la llegada del expediente para continuar con el litigio.
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