El castigo al insulto en las redes sociales está en un limbo jurídico

La denuncia penal que la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol presentó contra el humorista Marcel Keoroglian por tratar de "chorros" a los árbitros uruguayos a través de las redes sociales, y por la que declaró este miércoles ante la Justicia, volvió a poner en el centro de atención la falta de regulación del tema. Pese a que durante el gobierno de José Mujica, hace casi cuatro años, se presentó un proyecto, esa iniciativa nunca prosperó en el Parlamento, y el gobierno trabaja en un nuevo proyecto que pretende presentar en febrero.

El abogado de Keoroglian, Ignacio Durán, dijo que existe un vacío legal que "probablemente" incide en la efectividad con que el sistema penal resuelve los juicios. "Hay muchísimas modalidades delictivas que no están contempladas y van a ir surgiendo más. Si esto no se arregla, el derecho penal se vuelve de mínima expresión", concluyó.

Durán tuvo participación este año en tres sonadas contiendas sobre difamación en las redes sociales, y sostuvo que los jueces, frente a ese vacío legal, en estos casos, se rigen basados en la jurisprudencia. Y en ninguno de estos juicios hubo conclusiones concretas.

En julio, el senador frenteamplista Leonardo de León presentó una demanda penal, luego de que se viralizara en las redes una fotografía suya sentado en un avión junto a una botella de whisky, que acusó de "trucada". La Justicia sigue investigando el caso.

Un mes después, Durán volvió a los estrados judiciales para defender al exvicepresidente Raúl Sendic, quien presentó una denuncia por agravios también recibidos en las redes. Los delitos de difamación e injurias no llegaron a imputarse, porque el propio Sendic solicitó el archivo de la causa, luego de renunciar a su cargo y preferir mantener "un bajo perfil", según dijo su defensor.

Y este miércoles, pero del otro lado del mostrador, representó a Keoroglian. En la audiencia, que duró poco más de una hora, Keoroglian expresó que "claramente" no tuvo intención de "incitar al odio y desprecio público", la fiscal Ana María Tellechea pidió el procesamiento del humorista y la jueza Ana de Salterain comunicó que dictará su fallo este lunes 18.

En este caso, el abogado sostuvo que la demanda es "improcedente" porque fue presentada "por personas jurídicas, quienes no pueden ser sujetos pasivos de delitos contra el honor", afirmó. Así lo señala el artículo 338 del Código Penal y la jurisprudencia, indicó.

Antes de la audiencia, notoriamente ofuscado, Keoroglian dijo sentirse "agraviado" en su libertad de expresión al ser denunciado por los delitos de difamación e injurias por pronunciarse en su cuenta de Twitter contra el arbitraje uruguayo, luego de un partido entre Nacional y Rampla de este año. "¿Yo pedir disculpas? Me las deberían pedir a mí y a la gente, por hacer perder tiempo y dinero en esto", declaró.

Además, la defensa del humorista entiende que hay un "ensañamiento personal" con el indagado. "Diputados, senadores, periodistas y presidentes de instituciones se refieren al arbitraje en términos similares a Keoroglian, y ninguno de ellos fue citado a la Justicia", dijo Durán.

Consultado por El Observador, el abogado de los árbitros, Fernando de los Santos expresó que no hará declaraciones.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo presentó en 2014 apenas tuvo trámite parlamentario. "No se resolvió si la reforma debía incluirse en la transformación del Código Penal o si debía ser una ley aparte que regulara los delitos informáticos", dijo a El Observador María José Viega, profesora de Derecho Informático de la Universidad de la República y asesora jurídica de Agesic.

En setiembre pasado, luego de un intercambio académico internacional sobre ciberseguridad de parte de Agesic, el gobierno resolvió introducir modificaciones al proyecto original. "Seguramente presentemos esta propuesta en febrero, cuando comience la nueva legislatura", dijo Viega.